Las pérdidas económicas por la toma de casetas en el país en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, alcanzan más de seis mil 132 millones de pesos, un quebranto 200% superior al registrado durante toda la administración de Enrique Peña Nieto.
Informes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) consultados por La Silla Rota, muestran que en el sexenio (enero 2013 noviembre 2018) de Peña Nieto, la toma de puntos de peaje en el país dejó un daño al erario público que asciende a dos mil 43 millones 125 mil 60 pesos.
Los reportes elaborados por la Dirección General de Desarrollo Carretero y Caminos, así como por la Coordinación Regional de Caminos y Puentes Federales (Cafupe) revelan que el daño en el sexenio anterior es mínimo si se compara con el registrado entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de agosto de 2020.
Según la información recabada por la SCT, entre enero de 2019 y agosto del presente año, se documentaron 10 mil 39 tomas de casetas en diferentes entidades del país, en promedio, 16 por día.
De acuerdo con los registros, la toma de los puntos de peaje dejó quebrantos por más de seis mil 132 millones de pesos a la SCT, lo que equivale a una pérdida de 10 millones 69 mil 950 pesos cada 24 horas o seis mil 993 pesos cada minuto en los primeros 18 meses de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el listado de las casetas donde se registraron mayores pérdidas económicas en 2019, se tienen identificadas a cuatro en el estado de Sonora, tierra natal del ex secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo, quien renunció a la institución para ser aspirante a la gubernatura de esa entidad.
Según los registros de la SCT, en 2019, las casetas de Hermosillo, Hermosillo y de Función en Cajeme en Sonora encabezan la lista. Le siguen la de Esperanza, Puebla; El Hongo, en Tecate, Baja California; y Estación Don, en Nogales, Sonora.
Otros de puntos de cuota con quebrantos mayores son la de Playas de Tijuana, en Tijuana y Ensenada, en Baja California; la de Guaymas, Sonora; la México-Cuernavaca, alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, así como la de Rosarito, en Baja California.
Este miércoles, un grupo de personas que pedían dinero en una caseta de cobro de la autopista Arco Norte, a la altura del municipio de Acambay, estado de México, fue detenido por la policía estatal por el posible delito de ataques a las vías de comunicación.
El 29 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno está “poniendo orden y limpiando de corrupción” en las casetas, aduanas y puertos del país.
"Estamos recuperando casetas que estaban en manos de la delincuencia o de personas que estaban acostumbradas a vivir de las tomas de las casetas en todo el país, cobraban, incluso amenazaban a los automovilistas", dijo el mandatario.
Destacó que en estados como Nayarit, Sonora y Sinaloa son donde se ha registrado más esta práctica ilegal. Además, señaló que en gobiernos anteriores se daba la titularidad de Caminos y Puentes Federales (Capufe) a “políticos corruptos a los que no les iba bien” o a “amigos del presidente”.
En octubre, en una audiencia que duró más de ocho horas, las 57 personas detenidas por la toma de la caseta de cobro de la Autopista México-Acapulco fueron vinculadas a proceso por delitos de secuestro agravado, secuestro exprés en agravio y asociación delictuosa.
TIERRA DE NADIE
Normalistas, maestros, organizaciones civiles, campesinos, prestadores de servicios y hasta amas de casa toman entre 20 y 25 casetas de peaje cada día en todo el país sin que la autoridad federal intervenga.
Datos de la Asociación Nacional de Concesionarios en Infraestructura Vial (AMCIVAC) revelan que cada hora en el país es tomada una caseta de peaje; algunas en forma intermitente y otras de manera permanente.
Solamente en Nayarit, advirtió en octubre la organización, hay 11 casetas tomadas desde diciembre de 2019, en las cuales no se cobra peaje, sino cuotas o “cooperaciones voluntarias” que piden quienes las mantienen bloqueadas.
“Esas agrupaciones que tienen tomadas casetas, y que provocan millonarias pérdidas, están cometiendo diversos delitos y deben ser retiradas, primero por medio de la negociación y como último recurso a través de la fuerza pública”, aseveró Marco Antonio Frías, director de la AMCIVAC.
“Claro, aplicar la ley no es muy popular y conlleva riesgos, pero si el Estado no se impone, esos grupos seguirán creciendo y permanecerán impunes tomando casetas, carreteras, vías del ferrocarril, puertos y aeropuertos a la hora que les dé la gana, afectando a miles de personas y dañando la economía. ¿De qué nos sirve destinar tanto presupuesto a seguridad si no se aplica la ley por temor a molestar al pueblo bueno?”, dijo.
Las tomas de casetas son ya una fiebre en todo el país. Además de Sinaloa, otros estados como Guerrero, Querétaro, Michoacán, Morelos, Guanajuato, Durango y Estado de México, registran el mismo problema.
(djh)