El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, afirmó que las autoridades federales, estatales y municipales violentaron el derecho a la verdad con su falta de cooperación y al negar acceso a la información sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Además, recalcó que en el basurero de Cocula se incineraron al menos 19 cuerpos y es necesario determinar si corresponden a algunos de los estudiantes de la escuela rural Isidro Burgos.
Indicó que la PGR también negó o hizo caso omiso a las solicitudes de información del organismo, aseguró que los hechos en Iguala representan una evidencia a nivel internacional de "las profundas deficiencias de la seguridad pública, así como de los sistemas de procuración e impartición de justicia".
"Diversas autoridades violentaron el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad en diversas ocasiones". #OmbudspersonNacional y equipo de la Oficina especial para el caso #Iguala presentan la Investigación sobre los trágicos hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. pic.twitter.com/xhF5Pb5tTm
— CNDH en México (@CNDH) 28 de noviembre de 2018
"Las omisiones y la actuación indolente de varias instancias de procuración e impartición de justicia, ocasionó la contaminación y pérdida de evidencias y pruebas, el que no se hayan agotado múltiples líneas de investigación y el que consignaciones de presuntos responsables hayan sido indebidamente formuladas, lo cual ha ocasionado que varios de ellos ni puedan ser juzgados y subsista la impunidad", publicó Milenio.
Agregó que llama la atención que las acciones penales no se hayan formulado por el delito de desaparición forzada.
Por ello, llamó al próximo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador (AMLO) enderezar y continuar las investigaciones penales.
También, el ombudsman advirtió que la investigación que presentó muestra que el crimen organizado ha tomado algunas instituciones de seguridad y justicia.
“La verdad ha sido una víctima en el caso Iguala. En el desarrollo de investigaciones, diversas autoridades violentaron el derecho de las victimas al declarar posturas sesgadas, que causó incertidumbre en sociedad, ocasionando que las víctimas fueran revictimizadas”, dijo al presentar la Recomendación 15 VG/2018, relacionada con la Investigación por Violaciones Graves de Derechos Humanos en el Caso Iguala.
González Pérez afirmó que las autoridades mostraron constantemente su “falta de cooperación” al negar el acceso de la información. Pero cuando llegaron a proporcionarla lo hicieron “de manera parcial, incompleta o revuelta”.
“El hallazgo de las porciones petrosas de huesos temporales constituiría un elemento suficiente para concluir que cuando menos los cuerpos de 19 personas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula”, dijo el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, durante la presentación de la recomendación. 15VG/2018 por el caso Iguala.
El ombudsperson pidió realizar análisis genéticos para determinar si dichos fragmentos óseos son de alguno de los normalistas desaparecidos esa noche o de alguien más.
Otra revelación es que durante esa noche participaron siete corporaciones policiacas en la desaparición de los estudiantes.
En Puente del Chipote la comisión detectó que participaron elementos policiacos de los municipios de Iguala, de Huitzuco, de Tepecuacuilco, de policías ministeriales del estado de Guerrero, elementos de la Policía Federal.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 15VG/2019 a 16 autoridades, entre ellas el presidente Enrique Peña Nieto, y los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina, Semar, Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón, respectivamente.
González Pérez advirtió que la colusión de autoridades y organizaciones criminales ocasionó la pérdida de la vida de seis personas, lesiones a 41 y la desaparición forzada de 43.
CON INFORMACIÓN DE MARCO ANTONIO MARTÍNEZ
AJ