Este miércoles el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó su estrategia para combatir la subcontratación (outsourcing) ilegal en el país, esquema bajo el que, se calcula, se encuentran 5 millones de trabajadores mexicanos.
De acuerdo con lo expuesto por María Luisa Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social durante la conferencia matutina del presidente, se estima que 6 mil empresas de subcontratación abusiva pudieran generar una afectación que supera los 21 mil millones de pesos anuales en evasión.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre 2004 y 2014, el porcentaje de los trabajadores ilegalmente subcontratados pasó de 9% a 17%.
Por su parte, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo precisó que en un análisis realizado sobre seis sectores económicos (Hotelería, Servicios informáticos, Farmacéutico, Call Center, Minería y Producción de Alimentos) se identificaron siete patrones reales de outsourcing ilegal, en los que se tienen contratados ilícitamente a alrededor de 10 mil trabajadores a través de 36 empresas subcontratistas.
Además, señaló que en diciembre del año pasado fueron 14 mil 553 las compañías despidieron a toda su plantilla de empleados.
En tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) precisó que de las mil 854 empresas identificadas mediante información proporcionada por el IMSS, únicamente se localizó información financiera de mil 86 empresas, con las cuales se generó un modelo global.
DIFERENCIA
La presentación expuesta durante la “mañanera” de este miércoles 15, apunta que la subcontratación legal corresponde a servicios especializados que permiten a los negocios dedicarse y no distraerse de sus actividades principales.
La regulación de dicho esquema se encuentra en los artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15-D de la Ley Federal del Trabajo.
En cambio, el outsourcing ilegal se caracteriza por trasladar la plantilla de trabajadores a empresas intermediarias “con el propósito de encubrir la relación laboral a través de actos simulados para incumplir intencionalmente con las obligaciones laborales y/o de seguridad social”.
De acuerdo con las autoridades, esto afecta gravemente a los trabajadores y a sus familias; además de que fomenta la competencia desleal entre empresas y merma los ingresos públicos para el financiamiento de la Seguridad Social, como servicios de salud, pensiones y vivienda.
EFECTOS DE LA ILEGALIDAD
Laborar bajo este tipo de prácticas ilegales, se refleja en una precarización del mercado
laboral en perjuicio de los trabajadores y el empresariado, dijo Alcalde.
Entre los principales efectos negativos del outsourcing ilegal está el abaratamiento de la mano de obra, con reflejo directo en sus prestaciones y derechos básicos laborales
Algunos ejemplos detectados son:
- Estabilidad en el empleo, reparto de utilidades, antigüedad laboral.
- Ingresos por prima de antigüedad, vacaciones, aguinaldo, liquidación.
- El derecho de adquirir un crédito para su vivienda a través del INFONAVIT.
- Se les registra con un salario menor al real, lo que afecta gravemente sus incapacidades y licencias de maternidad, su ahorro para el retiro y su pensión.
- Se les da de baja en varios periodos al año, por lo que pierden la asistencia médica, uso de guarderías y otros servicios sociales necesarios para su bienestar.
"Hay una afectación importante a los ingresos públicos y en particular a los del IMSS por el subregistro (las empresas no reportan el salario real de los empleados) y también por la subcontratación porque no ingresan los montos por la vía de cuotas que corresponderían a los salarios de los trabajadores y esto genera una afectación histórica en los ingresos del Seguro Social", explicó Zoé Robledo.
En cuanto al daño generado en las empresas, se destaca el riesgo para los empresarios involucrados, ante demandas de sus trabajadores o revisiones fiscales, que los lleven a perder su patrimonio.
CASTIGO
Durante su participación, Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal, precisó que el castigo por caer en prácticas de outsourcing ilegal llegas hasta los 20 años de cárcel, ello conforme a la nueva legislación en la materia.
“La reforma va a castigar como delincuencia organizada a las empresas que dan outsourcing ilegal, porque su objeto es no pagar cuotas de seguridad social, Infonavit, entre otros”, precisó desde Palacio Nacional.
EQUIPO INTERSECRETARIAL
Para garantizar el combate real contra el outsourcing ilegal, el gobierno de AMLO conformó un equipo conformado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Servicio de Administración Tributaria (SAT), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), además de las dependencias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF).
Las acciones a realizar por dicho grupo intersecretarial son:
- Inspecciones Laborales a través de la STPS.
- Revisiones fiscales a cargo del IMSS, INFONAVIT y SAT.
- Aplicación de medidas financieras por parte de la UIF.
- Apoyo a la regularización de los patrones reales y sus trabajadores a cargo del IMSS, INFONAVIT y SAT.
- Generación de sanciones ejemplares y en su caso la conformación de expedientes por Defraudación Fiscal a través de la PFF.
En cuanto a las primeras acciones que se han realizado(en 2019) por parte de este equipo estás las inspecciones en las que se detectaron mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal, que concentran 862 mil 489 trabajadores con probable afectación.
(diego joaquín)