La Sosa Nostra, grupo político que surgió del seno del PRI, es más que las cuatro personas recluidas por presunto lavado de dinero, cuya cabeza, según la Fiscalía General de la República (FGR), es el exdiputado federal Gerardo Sosa Castelán. Se trata de una organización con un esquema vertical que presuntamente sustrae recursos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) mediante simulación de servicios y triangulación de dinero, pero también de una estructura de testaferros y socios bajo el control de un líder, que constituyen empresas contratistas de la propia casa de estudios; de posiciones en las cámaras estatal y federal; de candidatos que buscan alcaldías, y de un grupo de familias dispersas desde hace décadas en puestos directivos de la UAEH, subordinados a Gerardo Sosa.
Varias de las estructuras operativas, identificadas como la financiera, la política, la de puestos universitarios y la empresarial convergen entre sí, y se entrelazan en personajes y movimientos.
Tras un análisis a la imputación formulada por la FGR, así como a las posiciones políticas entregadas a los miembros del grupo, a las empresas universitarias incluidas investigadas y las posiciones de mando de la UAEH, La Silla Rota identificó la primera estructura operativa de la Sosa Nostra.
La trama de lavado, según la FGR
De acuerdo con la imputación de la FGR, la UAEH transfería el dinero a empresas controladas por el prófugo Francisco Natalio Zamudio Isbaile, un contador que cuando Sosa asumió la presidencia del Patronato Universitario, en 2009, fungió como tesorero. Para conseguirlo, requería la supuesta prestación de servicios contables, específicamente, la revisión de sus estados financieros.
De este modo salieron los 58 millones 245 mil 948 pesos de la casa de estudios, que pasaban por la empresa fachada Contabilidad del Siglo XXI –creada por Natalio Zamudio– y llegaban a seis manos, las de Gerardo y sus dos hijas, Ana Carmen y Adriana Sosa Cravioto –también prófugas– las de Natalio y dos personeros más de la cabeza del grupo: Anastasia Elizabeth Baños Baños –con orden de aprehensión–, y Juan Manuel Hernández Gayosso, recluido, como Sosa, en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
No obstante, la Fiscalía presume que estos “trabajos” sólo servían para extraer dinero por conceptos de pago, pero que nunca se realizaron. Su argumento es que la universidad no los requiere, porque cuenta con un área especial para el manejo de su contabilidad.
“Es por ello que no tenía una razón de ser el realizar este supuesto servicio que seguramente simularon dichos despachos contables controlados por Francisco Natalio, quien guarda estrecho vínculo” con Gerardo Sosa.
Estos despachos son Contabilidad Automatizada de Hidalgo, Contabilidad Especializada de Hidalgo, Eficiencia en Negocios Asociados y Corporativo Contable de Pachuca.
La presunta operación del esquema de lavado la sintetiza en tres aspectos: los cuatro despachos depositaron dinero a Contabilidad del Siglo XXI sin tener sustento legal. La Fiscalía lo afirma porque “nunca se emitió un comprobante o factura que ampare el motivo de las transferencias”.
Segundo: Contabilidad del Siglo XXI fue creada sólo para transitar recursos. La FGR asevera que esta firma no cuenta con infraestructura, ni personal ni mobiliario mínimo indispensable que permitiera prestar un servicio. Además, su sede era una casa habitación que también pertenecía a Zamudio Isbaile. No emitió facturas, no tiene clientes y tampoco presentó declaraciones anuales al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Por lo tanto, insiste, fue constituida sólo en el papel.
Tercero: los cuatro despachos contables son controlados por Francisco Natalio Zamudio Isbaile, a quien el ministerio público da el rol de operador financiero en la supuesta organización criminal. Asimismo, estos despachos eran representados por quien la FGR identifica como el contador personal y mano derecha de Francisco Natalio, Juan Manuel Hernández Gayosso.
Los despachos contables –siempre con base en la imputación– tenían una doble finalidad: simular servicios para recibir dinero de la UAEH y dispersarlo a Contabilidad del Siglo XXI. Ya ahí, el capital era transferido, utilizando las firmas de las supuestas dueñas –María Luisa Montalvo Sierra y María Cruz Campos Álvarez, presas en el penal femenil de Morelos–, a las cuentas de Gerardo Sosa, sus hijas y otros miembros cercanos de su estructura, según la FGR.
Antes de ser vinculada a proceso, en la continuidad de la audiencia inicial que comenzó el 5 de septiembre y terminó la madrugada del día 6, María Cruz dijo al juez de control del penal del Altiplano, Gregorio Salazar Hernández, que aceptó que su nombre se usara para constituir la empresa, pero que ella nunca intervino, sino que todo lo realizó Zamudio Isbaile. Lo hizo, narró, por presiones y por temor a perder su trabajo como secretaria, cuando su madre estaba enferma. En 2004 renunció a su puesto con Francisco Natalio y, desde ahí, asegura que no supo qué hicieron con su nombre y firma, hasta que en el reclusorio le hicieron saber la acusación, el 31 de agosto.
Por este presunto entramado, la Fiscalía aseguró que el líder de la Sosa Nostra –antes sólo identificado como grupo político y ahora con imputación de operaciones criminales– creó un esquema de lavado de dinero, mediante movimientos dispersos con los que pretendía ocultar la ruta y el fin.
La trama política
En febrero de 2018, Gerardo Sosa renunció al PRI, en el que militaba desde 1977, para establecer una alianza con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) mediante la cual, con la estructura política del Grupo Universidad, operaría a favor de la candidatura a presidente de Andrés Manuel López Obrador. Además de su capital electoral, ofrecieron apoyo logístico y cuidado de urnas, debido a que, según lo que les dijo la entonces dirigente Yeidckol Polevnsky, lo que más preocupaba al candidato AMLO era un fraude, saqueo de urnas o siembra de votos.
Establecieron, con ello, un protocolo de vigilancia en las casillas, en la que utilizaron la estructura universitaria, reconoció –previo a que Sosa Castelán fuera detenido– una integrante del círculo rojo del Grupo Universidad.
Esa alianza le redituó al grupo la mayor representación política en su historia en el Congreso local, con nueve de los 17 diputados locales, además de dos posiciones en la Cámara federal. La principal, la de Lidia García Anaya, por el distrito de Pachuca, recién nombrada presidenta del Patronato Universitario, el organismo mediante el cual, según la FGR, se maquinó el esquema para drenar las arcas de la UAEH, por el que también el gobierno mexicano recibió una alerta de la DEA de Estados Unidos por movimientos inusuales en el extranjero que ascendían a 151 millones de dólares.
La de Gerardo Sosa es la corriente política al interior de Morena que más posiciones tiene en este partido, con posiciones clave como la representación de este instituto político ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), a cargo de Alejandro Olvera Mota, esposo de la diputada local por Villas del Álamo, Roxana Montealegre Salvador.
Desde el Congreso federal, Lidia García intentó reducir las facultades de la UIF, a cargo de Santiago Nieto Castillo, que tras el requerimiento de la DEA congeló las cuentas de la UAEH, desde febrero de 2019, mediante una reserva promovida en contra de la corriente morenista a la Ley de Instituciones de Crédito. Ahí consideró excesivo congelar cuentas y decomisar bienes de usuarios cuando haya presunción de delitos de financiamiento al terrorismo o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, uno de los cargos imputados por la FGR a Gerardo Sosa. El otro es delincuencia organizada.
En el actual proceso electoral para renovar las 84 alcaldías en la entidad, el grupo recibió candidaturas, aunque la dirigencia estatal hiciera un supuesto deslinde a raíz de la detención de Sosa Castelán, el 31 de agosto.
Entre los principales miembros contienden por presidencias municipales Damián Sosa Castelán, por Tulancingo; Ricardo Baptista, por Tula, y Marisol Ortega, por Tepeapulco, pero las bases de Morena acusan que en las planillas están inscritos más integrantes del Grupo Universidad, como Germán Montealegre Salvador, candidato a síndico por Mineral de la Reforma que fue detenido el 22 de septiembre por presunta tentativa de feminicidio y recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Mixquiahuala. Sin embargo, el delito que se le imputó a Montealegre fue reclasificado como violencia familiar, por lo ahora que lleva su proceso en libertad.
La estructura universitaria
Surgieron como grupo porril bajo el control de Sosa y el auspicio del político Jorge Rojo, que seria gobernador de Hidalgo de septiembre de 1975 al 1 de diciembre de 1976, después solicitó licencia para ser secretario de la Reforma Agraria con José López Portillo y regresó para concluir su periodo del 1 de junio de 1978 al 31 de marzo de 1981.
Solapada la violencia que venía desde la extinta Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo (FEUH), de la que Sosa fue líder de 1977 a 1979 y de ahí se entronizó en la universidad, los porros iniciaron sus actividades con cambio de calificaciones y destitución de docentes incómodos, aprobación de materias y venta de títulos, según documentó el fallecido historiador Arturo Herrera Cabañas en su libro Política y Gobierno de Hidalgo, pero también como grupo de choque contra rivales de Rojo Lugo.
Desde entonces, la primera alineación de la FEUH con Gerardo al mando se encumbró en puestos políticos y dentro de la universidad. Con los años también incorporaron nuevos cuadros que igual son parte de los puestos de mando en la estructura vertical, siempre supeditada al clan Sosa Castelán.
Entre ellos están los dos últimos rectores, Humberto Veras Godoy (2011-2017) y Adolfo Pontigo Loyola, investigados por la UIF por su posible participación en lavado de dinero. De ambos ha congelado cuentas.
En la secretaría general está Agustín Sosa Castelán y en los sindicatos dos incondicionales más: Jaime Galindo Jiménez, del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la UAEH, y Octavio Castillo Acosta, del Sindicato de Personal Académico de la Universidad.
De acuerdo con las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Autónoma de Hidalgo ha sido empleada como puente para que los Sosa se apropien de bienes.
Uno de los casos es cuando se apoderaron de hectáreas en Valle de Guadalupe, en Baja California, en la cima de un cerro que tiene como vista las plantaciones vitivinícolas de LA Cetto y la firma Domecq.
Cincuenta hectáreas fueron donadas por la Universidad Autónoma de Baja California a la UAEH, para que esta última invirtiera 300 millones de pesos en un centro de investigación de los procesos productivos de la vid; sin embargo, las parcelas no aparecen a nombre de la Autónoma de Hidalgo, sino de cuatro miembros del Grupo Universidad: Daniel Alberto Sánchez Cabrera (exdirector de la preparatoria número 1), Gerardo Sosa Castelán, Gerardo Sosa Cravioto (asesinado en febrero de 2019) y el exrector Humberto Augusto Veras Godoy.
Otro de los casos que reveló el testigo protegido de la FGR, Óscar Pacheco, es el de Inmobiliaria Constructora y Arrendadora Yolo, que es parte de la triangulación de los 58.2 millones de pesos que tiene a Sosa en prisión. Esta empresa, aseguró el delator, fue construida con el patrimonio de la UAEH, que financió 45 millones para el terreno de una nave industrial de 10 mil metros que construyeron en San Antonio, Ciudad de México, y cuatro millones para otro predio en Teziutlán, Puebla, entre otros.
Por estas operaciones, la FGR definió a La Sosa Nostra como una organización delictiva que opera un esquema de sustracción de recursos que pertenecen a la universidad, en la que existe un orden y disciplina, así como el desempeño de un rol específico de funciones, con una cabeza, colaboradores, operadores financieros encargados del blanqueo, empresas fachada y otras constituidas con el patrimonio de la UAEH, además de receptores finales: la familia Sosa y sus íntimos operadores.
