Cuatro militares se retractaron de sus declaraciones en contra del Sargento Segundo José Isidro Gómez Hernández, presunto asesino de un huachicolero el pasado 3 de mayo en la comunidad de Palmarito, Tochoapan, en el estado de Puebla porque aseguraron que la PGR los intimidó en el primer interrogatorio donde los cuestionó sobre el acusado.
De acuerdo con el fallo de vinculación a proceso del sargento, dictada por el Segundo Tribunal Unitario de Puebla, los testimonios a pesar de que desconocieron no eran imputaciones directas, sí ubicaban al sargento en el operativo y sí se reconocían en el video que filmó la ejecución.
Uno de los militares dijo que nada de lo que había dicho en sus declaraciones era cierto a pesar de que lo había firmado por escrito; lo dijo en una audiencia del 7 de junio pasado.
"No me reconozco en ningún video y si lo dije es porque fue muy insistente el Ministerio Público, inclusive se encaró conmigo y me intimidó de cierta forma, me dijo que aquí me iba a tener y aquí me tiene.
"Leí mi declaración y la firmé porque tuve que hacerlo, pero quiero precisar que en esa no aseguro nada porque tuve que hacerlo, quiero precisar que en ese momento no aseguro nada de lo que estoy diciendo", afirmó uno de los militares ante el juez de control.
Por su parte y en su escrito de agravios ante el tribunal, la Procuraduría General de la República (PGR) rechazó las acusaciones de los militares y sostuvo que probablemente se retractaron ante el juez por una cuestión de "disciplina" militar.
"Al ser miembros del Ejército nacional implica que los mismos están sometidos a una disciplina jerárquica, lo que implica respeto, subordinación y obediencia a los grados superiores y que en caso de desobedecer dicho código de conducta, sus superiores están facultados para reprenderlos. Situación que en el caso en concreto es de obligada observancia en atención a que el imputado es de una jerarquía superior a la mayoría de los testigos, lo que implicaría de manera indirecta, cuando menos, un respeto hacía su grado y más aún el hecho de que la defensa del imputado esté conformada completamente por oficiales del Ejército Mexicano, implica que los testigos de manera directa o indirecta podrían haberse sentido obligados o conminados a no contravenir lo manifestado por dichos sujetos", detalló la PGR al tribunal.
Luego de que el 7 de junio pasado el juez de control federal Luis Jiménez Martínez determinó no vincular a proceso al sargento eegundo José Isidro Gómez Hernández por el delito de homicidio calificado, al considerar que no estaba acreditado el origen del video que grabó el asesinato y que no había testimonios directos en su contra.
En tanto que la procuraduría apeló de inmediato la resolución porque mencionó que un principio, la necropsia realizada el 5 de mayo pasado arrojó que el presunto huachicolero sólo tuvo una causa de muerte, el traumatismo craneoencefálico producido por un proyectil de arma de fuego.
También aseguró que el origen del video si correspondía en modo, tiempo y lugar con los hechos, además de que un análisis forense concluía que no tenía cortes y presentaba imágenes con secuencia lógica, cronológica y continua.
La PGR criticó al juez de control que le diera más valor a las retractaciones de los cuatro militares, que a sus declaraciones iniciales vertidas en entrevistas, dado que existe jurisprudencia que otorga prioridad a estas últimas por su inmediatez ante los hechos.
El Magistrado Esteban Santos Velázquez, titular del Segundo Tribunal Unitario de Puebla, revocó el fallo de primera instancia el día 30 del mismo mes de junio, detallando que la acusación de la PGR tenían datos suficientes para vincular a proceso al integrante de la Policía Militar.
Con información de Reforma