La creación del Sistema Nacional de Anticorrupción, que entró en vigor este 19 de julio, no tiene nada de efectivo, afirmó Ernesto Canales Santos, subprocurador especializado en Delitos de Corrupción de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León.
"Es una gran desilusión que se haya dedicado cuatro años de la atención nacional y del trabajo de las mejores mentes del país a discutir quien debería de nombrar al Fiscal Anticorrupción y no centrarse en que es lo que debería de hacer este fiscal, con qué herramientas, con qué presupuesto y qué fines. Hasta me molesta el título ''nace el Sistema Nacional Anticorrupción'', no nace nada que sea efectivo".
Agregó en entrevista con La Silla Rota que el combate a la corrupción en México es un reto, no un imposible, y lo que se requiere es voluntad política.
“La corrupción es un cáncer curable. No está en nuestro ADN no es algo sustancial que defina lo mexicano”, por eso asegura que se puede combatir.
Recordó que en el estado de Nuevo León la batalla contra este cáncer inició hace un año y medio. En este tiempo se ha logrado vincular a proceso penal a cerca de 30 ex funcionarios, desde el ex gobernador hasta directores de obras y funcionarios municipales.
Estos procesos están en curso. Confió en que se obtenga una sentencia condenatoria dada el nivel de pruebas que se presentaron. “Que se acabe en Nuevo León 100 años de impunidad”.
Este ejemplo, comentó, si se replica en otros estados, la misma federación va a estar presionada por los votantes para hacer algo similar, sin la necesidad de todo este aparato de coordinaciones de entidades nuevas que no tienen la voluntad política de castigar a quienes dañaron el patrimonio del Estado.
En año y medio de trabajo, la Subprocuraduría se ha enfrentado a cinco obstáculos para el combate a la corrupción en Nuevo León que se podrían replicar en el país con la entrada del Sistema Nacional Anticorrupción.
Estas barreras son superables, pero han hecho más difícil la persecución de los delitos de corrupción. El primer obstáculo son amparos contra actos procesales, los cuales alargan el juicio; la falta de acceso a los datos federales como son las cuentas bancarias; carencia de investigadores capacitados.
“El cuarto obstáculo es que las contabilidades de las dependencias de gobierno no fueron diseñadas para atacar la corrupción. Hay que hacer un esfuerzo y repensar los sistemas de registro de las operaciones de gobierno. Es un tema mayor cambiar los sistemas de registro, en cualquier unidad de trabajo requiere de mucho dinero. Esto también tendría que ser de los temas del Sistema Nacional Anticorrupción”.
La quinta barrera es que los jueces asuman su nuevo poder de decidir libremente, sin que la ley les diga a qué darle mayor peso.
“La lección es que a pesar de esos obstáculos hay voluntad política se puede construir casos de corrupción. Estoy frustrado porque no se puede analizar las cosas con la celeridad que la ciudadania esperaba, pero contento de que con lo que había en el refrigerador ponemos cenar.
Hay barreras que se tienen que derribar, por eso mi frustración de que en vez que el Sistema Nacional contra la Corrupción se fijara en este tipo de cosas reales para perseguir la corrupción se fueron a ver quién nombraba al fiscal”, indicó.
Canales Santos acusó que el gobierno federal se contradice en algunas acciones en torno al discurso de que quieren acabar la corrupción, como es el caso de que la Procuraduría General de la República (PGR) dio entrada a una denuncia penal presentada por la defensa del ex mandatario Rodrigo Medina en contra del juez que ordenó su encarcelamiento como una medida precautoria el pasado enero.
“Quiero específicamente señalar que estos significa que la PGR se está metiendo a determinar el criterio jurídico que debe aplicar un juez y eso es vulnerar totalmente el orden constitucional, es no respetar la autonomía judicial, es trastocar totalmente el principio de autonomía de los jueces que es uno de los elementos fundamentales del estado de derecho”.
El funcionario estatal confió en que la Subprocuraduría de Nuevo León podrá revertir esta decisión, pero el simple hecho de que la PGR haya considerado que se debe juzgar a un juez por un criterio jurídico, “es aterrador”.
Consideró que está situación de la PGR va en contra del combate a la corrupción. Lo que se crea es confusión, ya que por un lado se tiene el discurso en contra de estas prácticas y por el otro se cometen retrocesos.
“El trabajo de la Subprocuraduría lo consideró inédito, sin embargo con este tipo de actos la el poder federal está demostrando que no hay sintonía con este esfuerzo de combate a la corrupción de Nuevo León. Nosotros seguiremos. Tenemos un arsenal de otros casos que los van a someter en las próximas semanas a consideración judicial”, expresó.
