A dos años del arranque de operaciones de la Guardia Nacional, se han desplegado 99 mil 946 elementos, en las 32 entidades del país, pero esta no ha logrado la pacificación del país, objetivo con el que se argumentó su conformación, según advierten expertos.
En la ceremonia de inicio de operaciones de la Guardia Nacional, el 30 de junio de 2019, Alfonso Durazo, actual gobernador electo de Sonora y entonces secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, aseguró que la institución llevaría a retomar la paz.
“Cuando ya casi desvanecía nuestro sueño de vivir en paz nace la Guardia Nacional con un consenso histórico. Su proceso legislativo garantizó principios sustantivos en su concepción y operación”.
Durante el evento, que se llevó a cabo en el campo Marte de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la creación de la institución y aseguró que sería parte para lograr la paz y tranquilidad.
“Ustedes forman parte del pueblo. Los soldados, los policías, los marinos son pueblo uniformado, ustedes saben bien lo que sucede en nuestro país, conocen la realidad desde abajo, desde las comunidades, los pueblos, las colonias, los barrios de México, saben que es necesario el que logremos la paz, la tranquilidad”.
Desde la creación de la Guardia Nacional, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ha reportado 71 mil 257 víctimas de homicidio doloso y feminicidio, en promedio, 98 por día.
En los reportes mensuales que emite la institución, se han documentado, desde el 1 de julio de 2019, 69 mil 260 víctimas de homicidio doloso y mil 997 de feminicidio.
Los crímenes y delitos patrimoniales se han registrado principalmente en entidades donde la institución tiene mayor presencia. Entre los estados con más incidencia delictiva y en los que tienen más elementos desplegados la institución, se encuentran: Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Veracruz y Tamaulipas.
El especialista en temas de seguridad Armando Rodríguez considera que, a dos años de la creación de la Guardia Nacional, la institución ha quedado a deber tanto en las operaciones que realiza, así como en su conformación.
“Es evidente que la institución no ha cumplido con varias de las promesas hechas. Una de ellas es que se prometió conformar un cuerpo civil que tuviera presencia y despliegue en territorio nacional, sin embargo, no es así, es un cuerpo militar, a pesar de que el propio presidente lo prometió. Tampoco se han construido los cuarteles anunciados, el personal no tiene actualizados o no ha hecho, ni siquiera los exámenes de control de confianza que se requieren para formar parte de la institución”.
Armando Rodríguez Luna, también consultor en Estrategic Affairs, indicó que, a dos años de su conformación, la institución no tiene una estrategia para reducir la inseguridad, así como para combatir al crimen organizado.
“En términos operativos no ha logrado tener una estrategia para reducir la incidencia delictiva, los homicidios, los patrimoniales, los delitos patrimoniales, como son el robo de autotransporte, toma de casetas, algo constante en el país. Mucho menos es eficaz para combatir a la delincuencia organizada. Además, se ha posicionado como una de las instituciones con más violaciones a los derechos humanos. A dos años de su conformación no se ve que esto vaya a cambiar, al contrario, parece que se va a profundizar la inseguridad”.
El especialista consideró que son pocas las cosas que se pueden reconocer a la institución, no porque no cumpla con sus objetivos, sino, porque hay poca transparencia para conocer las actividades y los resultados obtenidos.
“Es difícil identificar cosas buenas, porque al ser dependiente, en términos operativos del Ejército, hay poca información y transparencia sobre los operativos que permitan tener indicadores sobre sus actividades. Debe haber cosas buenas, entre ellas, algunos operativos para recuperar vías del tren secuestradas por habitantes, en Michoacán, se han hecho convenios con algunas empresas para evitar el robo de transportistas, pero son pocas. Una de las peores cosas de este cuerpo, es el uso discrecional que le ha dado a la institución para resguardar las fronteras, principalmente en la frontera sur”.
El Centro Agustín PRO, presentó un informe sobre la creación de la Guardia Nacional y la inminente militarización que se trató de imponer desde el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
“La creación de la Guardia Nacional en este sexenio pretendió atender esto último dando a las Fuerzas Armadas el marco legal que por tanto tiempo demandaron el Ejército y la Marina, en términos muy similares a los que en su momento se pretendió conceder con la reforma a la Ley de Seguridad Nacional en el sexenio de Felipe Calderón o con la ley de Seguridad Interior en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sin soslayar que el despliegue autorizado por el Acuerdo Presidencial de mayo de 2020 es en realidad mucho más generalizado y amplio que el que estos dos antecedentes legislativos preveían”.
La organización alertó que la posible transferencia de la Guardia Nacional al Ejército sería la consumación del militarismo y cerraría la puerta a la conformación de un cuerpo civil.
“Es fundamental insistir en que una modificación en este sentido implicaría un inédito escenario de militarización, de carácter permanente y ya no transitorio, que por sí mismo cancelaría en definitiva la posibilidad de que prevalezcan componentes mínimos de naturaleza civil en la Guardia y que al constitucionalizar el fortalecimiento militar abriría un horizonte en extremo preocupante por las razones expuestas en este Informe”.
La militarización de la Guardia Nacional también ha sido denunciada por México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), organización que además ha mencionado que las funciones que ha tomado la institución a pesar de no estar facultada. Las irregularidades, llevaron a la presentación de amparo contra la Ley de la Guardia Nacional.
“En dicho amparo, MUCD argumentó que la LGN centraliza las labores de seguridad al mando del ejecutivo, invadiendo competencias de estados y municipios y subordinado a las autoridades locales a la Guardia Nacional; que la Ley no establece supuestos que garanticen que la corporación se mantenga como un cuerpo civil; y que no hay mecanismos para asegurar que la participación de elementos de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública al interior de la Guardia Nacional sea extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada y fiscalizada”.
El recurso se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual tenía previsto resolverlo la semana pasada, sin embargo, se pospuso para que se analicen a fondo los argumentos presentados.
“La Guardia Nacional debe ser un cuerpo civil y policial como ordena nuestra Constitución, por lo que es esencial que la SCJN tome esta oportunidad para pronunciarse sobre cada uno de los argumentos presentados por MUCD y establecer límites para la participación del Ejército en tareas de seguridad pública.
“Como tribunal constitucional, el papel de la Suprema Corte es el de defender el orden constitucional, y no de asegurar la existencia y operatividad de la Guardia Nacional cuando ésta es contraria a lo que establece la Constitución”.