CIUDAD DE México.- De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el principio jurídico de que nadie es culpable, hasta que se demuestre lo contario, aplica en el caso de la ejecución de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, Estado de México realizada el 30 de junio de 2014, presuntamente por integrantes del Ejército, por lo que a la fecha, no hay culpables de los hechos.
De acuerdo con un documento interno fechado el 23 de diciembre, la dependencia federal asegura que no existen elementos de prueba en contra de su personal.
El documento afirma que las versiones de testigos sobrevivientes de los hechos, incluidas en la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se contradicen.
Además, defiende el procedimiento seguido por los elementos del Ejército en los hechos.
Ese día, habría habido un enfrentamiento en una bodega del municipio, entre presuntos delincuentes y elementos del Ejército.
En una primera versión, el cuerpo castrense señaló que tras el choque de ambos grupos, fallecieron los 22 presuntos integrantes de crimen organizado, pero meses después testigos declararon que los uniformados ejecutaron a los presuntos delincuentes cuando éstos ya se habían rendido.
El texto de la Sedena recuerda que en los hechos violentos participaron 22 sujetos armados contra ocho elementos castrenses, quienes, remarca, siguieron el manual de uso de la fuerza.
"Es necesario tomar en cuenta el principio jurídico penal que señala la presunción de inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa", indica.
Ante las acusaciones, la autoridad del Estado de México guardó silencio, mientras que la procuraduría estatal pretextó que, tras una investigación, no encontró indicios de que se hubiera tratado de una ejecución.
La Sedena cuestionó la versión de testigos sobrevivientes del caso Tlatlaya.
"Es conveniente reflexionar sobre cómo una persona que carece de conocimiento sobre el manejo y uso de armas puede identificar tan sólo con el sonido de los disparos, cuáles correspondían a los realizados por el personal militar y cuáles al grupo agresor, así como el lugar exacto en donde se están realizando las detonaciones", se argumenta en el texto.
"Esto resulta poco creíble", puntualiza la Sedena en el escrito.
Insiste en que hay contradicciones en los testimonios que rindieron las sobrevivientes ante personal de la CNDH.
"Las tres mujeres que se localizaron en el interior de la bodega, señalaron que se encontraban privadas de su libertad, y en su momento fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para que fueran ellas las que determinaran su situación jurídica y legal, dando como resultado que dos de las mujeres fueran recluidas en el centro federal femenil de Tepic", aseguró.
Las versiones de las testigos han sido documentadas por la CNDH y constan en expedientes judiciales del caso y destacan que los militares ultimaron a algunas de las personas que se encontraban en una bodega del municipio de Tlatlaya.
La CNDH ha señalado que hasta 15 de las 22 personas fallecidas ese día pudieron haber sido ejecutadas. Para la PGR, hay evidencia de que al menos ocho personas fueron ultimadas por los militares y no en un enfrentamiento. (Con información de Reforma)