El nivel de afectación en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla y Guerrero por el sismo de 7.1 grados registrado el 19 de septiembre, así como el del 7 de septiembre que cimbró principalmente a Oaxaca y Chiapas, unió a la sociedad civil en un solo reclamo: la eliminación de financiamiento público a partidos para destinar esos recursos a la reconstrucción de zonas afectadas y atención a los damnificados.
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Esta exigencia ciudadana fue adoptada de inmediato por los partidos políticos que a través de sus bancadas en el Congreso iniciaron con la presentación de diversos proyectos de reforma, no obstante, ponerle fin a la entrega de recursos para partidos es un tema que acumuló al menos 16 iniciativas en el pasado, sin que ninguna lograra avance por falta de acuerdos.
En los últimos años de la LXIII Legislatura, la entrega de recursos públicos a partidos es un asunto sin prosperar debido fundamentalmente a que no se pueden poner de acuerdo las bancadas, en el nuevo método de financiamiento a partidos, ni en la fórmula o límites que les permitiría acceder a recurso privado.
Así lo reconoce el secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Braulio Guerra (PRI), quien aseguró: el único consenso entre fuerzas políticas es replantear el esquema de financiamiento, el problema está en el cómo.
“Hay 16 iniciativas que tienen que ver con los recursos públicos de los partidos, en el consenso de disminuir el recurso público de los partidos hemos estado todos; en la forma, mecanismo y método para hacerlo es donde hemos tenido de diferencia, es en donde no hemos alcanzado los consensos” expresó.
Recordó que el Congreso de Sonora propuso una iniciativa para que los partidos recibieran recursos públicos únicamente durante años electorales; otros proyectos como el del legislador de Jalisco, Pedro Kumamoto, plantearon una fórmula de asignación respecto al número de votos efectivos; mientras que otras más radicales buscaron que el financiamiento privado fuera la única vía de acceso a recursos. Todas quedaron pendientes por falta de acuerdos.
--Sin acuerdos y sin tiempo
En este contexto, el diputado Braulio Guerra cuya comisión recibe toda iniciativa de reforma constitucional, sostuvo que a diferencia del pasado, es urgente lograr consensos debido a que el plazo fatal para hacer efectivas las exigencias de la ciudadanía vencería en Octubre.
Cualquier reforma constitucional está sujeta a tiempos legales que inician con su dictaminación en comisiones; la aprobación en el Pleno de ambas Cámaras por las dos terceras partes de sus integrantes; la posterior aprobación en la mitad más uno de los Congresos estatales; así como su declaratoria final y publicación, proceso que debería cumplir la propuesta a más tardar en octubre cuando se aprueba le Ley de Ingresos de la Federación.
Cuestionado sobre el paso fatal para hacer efectivos los cambios que demanda la sociedad el legislador señaló: “Se urgiría a que en el mes de octubre podamos empezar en el Congreso de la Unión este tema para poder cubrir con el requisito constitucional en las entidades federativas. Creemos que existe una reflexión profunda en ello, este tema está sumamente discutido, dialogado, ventilado en muchos espacios de expresión en el país y no nos podemos quedar en la discusión, hay que pasar a la votación con las consecuencias que pueda tener esta votación”.
Las declaraciones del legislador emanado del PRI dan cuenta del reto que implicará para el Congreso aprobar en tiempo récord reformas a los artículos 41, 52, 53, 54, 56, 60, 63, 116 y 122 de la constitución, sin embargo reconoce que será un asunto que pondrá a prueba el compromiso de los partidos a través de sus legisladores.
“Queremos ver de que están hechas las fuerzas políticas que lo han planteado, que lo han puesto en la mesa. Le pedimos a los ciudadanos que le exijan a sus diputados y senadores independientemente de que partido sean, que vayan a favor de estas propuestas que son buenas y solidarias con México y sobre todo que deberían de ahorrar, por lo menos en el financiamiento ordinario anual de partidos 4 mil millones de pesos y en tiempo de elecciones estamos hablando de 26 mil millones de pesos, ya por trienio estaríamos hablando de por lo menos 40 mil millones de pesos que bien pueden ser destinados a hospitales, escuelas, infraestructura, a una serie de beneficios para el país muy importante en este momento”.