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Siete entidades de Consejo de ONU contra Ley de Seguridad

Dos grupos de trabajo y cinco relatores de “Los Procedimientos Especiales” se sumaron al llamado al Estado mexicano contra la legislación

Escrito en NACIÓN el

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- En un hecho sin precedente, siete entidades del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se pronunciaron de manera conjunta para pedir al Estado mexicano rechazar el Proyecto de Ley de Seguridad Interior que se someterá hoy al pleno del Senado, al advertir que dar a las Fuerzas Armadas un papel de liderazgo en materia de seguridad podría debilitar la protección de los derechos humanos.

Dos grupos de trabajo y cinco relatores de “Los Procedimientos Especiales”, que es el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, se sumaron al llamado que ayer hicieron tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que no se apruebe esa legislación.

En el pronunciamiento que se hace hoy, las entidades de ONU se manifestaron preocupadas porque la norma propuesta otorgue a las Fuerzas Armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles.

“Resulta muy alarmante que una iniciativa legislativa de tal envergadura, con un impacto potencial tan profundo en los derechos humanos, se lleve a cabo de una manera precipitada y sin la participación adecuada de víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos y organismos internacionales", señaló el grupo de expertos en un comunicado.

En su informe “Perpetuar el fallido modelo de Seguridad”, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, refiere cifras oficiales para documentar el incremento de la violencia desde que el entonces presidente Felipe Calderón determinó sacar a las Fuerzas Armadas de sus cuarteles para realizar labores de seguridad.

Señala que el año anterior a la toma de posesión de Felipe Calderón, las estadísticas nacionales e internacionales señalaban que el país vivía los menores índices de violencia de su historia: según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se presentaban sólo 8.5 homicidios por cada cien mil habitantes.

Sin embargo, esa cifra se triplicó para el 2011, pues el índice se situó en 24 por cada 100 mil habitantes. Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que 2011 tuvo los índices más altos de homicidios dolosos del sexenio, con 22 mil 852 muertes. Al término de la administración de Calderón, el total de civiles muertos era de 104 mil.

De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional –también citada por el Centro Pro-, en 2012 las bases de operaciones de las Fuerzas Armadas se encontraban desplegadas en 19 estados; para 2016 la presencia militar se extendió a 24 entidades federativas, lo que representa el 75% del territorio nacional.

“Aunque hubo un decremento en los índices de homicidios durante los años 2014 y 2015, en 2016 se llegó a la cúspide de la violencia en lo que va del sexenio. Todo apunta a que 2017 será el año más sangriento, pues durante el primer trimestre de este año se registraron 5 mil 775 homicidios dolosos, lo que representa un incremento de 1 mil 100 homicidios con respecto a los primeros trimestres de los cuatro años de gobierno transitados, lo que equivale a un crecimiento mayor al 23%”, apunta el Centro Pro.

Es en ese contexto que los organismos defensores de derechos humanos de la ONU reiteran que la Ley de Seguridad Interior carece de mecanismos sólidos de control que garanticen que las operaciones se lleven a cabo con pleno respeto de los derechos humanos, y no prevé que las actividades de inteligencia se realicen con la debida supervisión civil y judicial.

Preocupa que al categorizar toda la información resultante de la aplicación de la ley como de Seguridad Nacional, la excluye de las leyes de transparencia apartándola del escrutinio público.

“El creciente papel de las Fuerzas Armadas, en ausencia de mecanismos control y de rendición de cuentas, podría provocar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas desde que se asignó a las Fuerzas Armadas un papel protagónico en la lucha contra la criminalidad", señaló el grupo.

Los expertos reiteran que el Proyecto de Ley es ambiguo en ciertos puntos y contiene una definición excesivamente laxa de las situaciones en que las autoridades podrían usar la fuerza, incluso en el contexto de movilizaciones de protesta.

“Cualquier nueva ley de seguridad debería hacer hincapié en el papel primordial de las autoridades civiles, principales responsables de proteger los derechos humanos mediante la inclusión de estrictos controles. Ninguna autoridad civil debería renunciar a esta responsabilidad”.

El grupo señaló que los mecanismos de las Naciones Unidas vienen recomendando durante años que se restrinjan las funciones de las Fuerzas Armadas a las propias de su misión, y que se investigue y sancione debidamente a los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan cometido violaciones de derechos humanos, incluidos numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura,  violencia sexual y otras formas de malos tratos.

En particular, el grupo recordó al Gobierno la recomendación formulada en 2011 por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en la que se solicitó que las Fuerzas Armadas se retiraran de las operaciones de seguridad pública. 

Remarcaron que esta recomendación se dio teniendo en cuenta la trágica historia en las últimas décadas del continente americano, donde la participación de las fuerzas armadas en actividades de seguridad interior ha estado asociada a la práctica sistemática y generalizada de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, la mayoría de las cuales se han mantenido en la impunidad.

Los expertos que firman la declaración conjunta son: el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Joe Cannataci, Relator Especial sobre el derecho a la privacidad; Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos;. Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Pablo de Greiff, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justica, la reparación y las garantías de no repetición; y David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

lrc