La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años a Alfredo Castillo Cervantes, ex director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) porque omitió declarar seis cuentas bancarias por un monto de 18 millones 300 mil pesos.
La SFP indicó que el ex funcionario, quien fue titular de Conade durante la administración de Enrique Peña Nieto, faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de 2014 a 2016, al no informar que tenía seis cuentas bancarias tanto a nombre suyo como de su cónyuge, en las que tenían más de 18 millones 300 mil pesos.
La dependencia indicó que la sanción derivó de un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial, en el cual se detectó que Castillo Cervantes, quien también fue comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el estado de Michoacán, no transparentó todo su patrimonio.
La Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial inició un minucioso procedimiento administrativo sancionador y determinó que omitió declarar las seis cuentas bancarias, lo que constituye una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que establecía la obligatoriedad de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial.
Castillo Cervantes ocupó la dirección de la Conade durante tres años, del 16 de abril de 2015 al 30 de noviembre de 2018, previamente se desempeñço como titular de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, por lo que la etapa en la que la SFP detectó la omisión fue durante ambos periodos.
La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, informó que tras el exhaustivo procedimiento de responsabilidades se determinó imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de 10 años a Castillo Cervantes.
Señaló que este procedimiento sancionador es parte de los 26 mil 064 expedientes de responsabilidad administrativa que la Función Pública inició en los dos primeros años del actual Gobierno de México, y de los que a la fecha se han resuelto 20 mil 222.
“La nueva ética pública que está construyendo el Gobierno de México se basa en la probidad, en la transparencia y en la estricta legalidad, y por ello los altos funcionarios debemos cumplir nuestras obligaciones, como la declaración de situación patrimonial, con el más alto estándar”, destacó Sandoval Ballesteros.
(Luis Ramos)