Falta de documentos que comprueben la existencia en el Centro Nacional de Distribución (CenaDi) y la ampliación de un contrato con una empresa inhabilitada, son parte de las inconsistencias que identificó la Secretaría de la Función Pública (SFP) en una auditoría que realizó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
De acuerdo con una revisión hecha, por la SFP a la Dirección Normativa de Administración y Finanzas del ISSSTE, la dependencia carece de archivos y registros para comprobar la existencia en las bodegas desde donde se distribuyen los medicamentos.
“De la revisión a los registros de entrada y de salidas del Almacén Central de medicamentos y material de curación por un importe de 243 millones 945 mil 654, por el periodo del 1 de septiembre de 2020 al 31 de marzo de 2021. No se pudo constatar las existencias reales de los medicamentos y material de curación en dichos registros al no existir una interface entre ambos archivos”.
En el documento, la SFP también menciona que el ISSSTE no tiene control de los ingresos y salidas que se llevan a cabo en el Centro Nacional de Distribución.
“Existe una deficiencia en su registro de control, ya que no se puede conocer de manera inmediata la cantidad en existencia de los medicamentos y material de curación. Por lo que dicho registro no está de conformidad con los establecido en el Manual General de Procedimientos de la Coordinación General de Administración, en los procedimientos de entradas y salidas de insumos para la salud en su inciso Políticas de Operación”.
El Manual establece en el inciso “Políticas de Operación numeral 1”, que el personal: “registrará diariamente los movimientos de entrada en el kardex electrónico y verificará los inventarios de existencia”, así como “verificará el registro diario de los movimientos de salidas en el kardex electrónico para mantener actualizadas las existencias”.
Al alertar sobre las inconsistencias en el almacenamiento de los medicamentos, la Secretaría de la Función Pública instó a la institución a aplicar los protocolos adecuados, ya que la falta de registros puede originar compras innecesarias al no contar con las existencias reales.
“La Jefatura de Coordinación del Centro Nacional de Distribución no coordinó el registro de los bienes en el Centro Nacional de Distribución. Efectos. No se conozca de forma inmediata la existencia de medicamentos y material de curación. Posibles compras innecesarias de medicamentos y material de curación, al no contar con las existencias reales”.
Las inconsistencias en el control de los medicamentos y material de curación tienen como precedente las denuncias de usuarios, en los últimos dos años, de la falta de medicinas para tratar los padecimientos que tienen.
De acuerdo con los usuarios, las quejas o denuncias se han presentado principalmente en la Ciudad de México, Estado de México, Coahuila, Durango, Sonora, Sinaloa, Hidalgo, Yucatán, así como Chihuahua.
AMPLÍAN CONTRATO MILLONARIO
El ISSSTE también otorgó una ampliación de contrato con la empresa Degasa S.A de C.V., para la adquisición de varios medicamentos, pero el consorcio fue inhabilitado como proveedor por la Secretaría de la Función Pública (SFP), por tres años.
En una auditoría realizada por la Secretaría de la Función Pública se menciona que el ISSSTE realizó una ampliación de contrato con la empresa Degasa S.A de C.V, a pesar que en noviembre de 2020 fue inhabilitada por tres años y nueve meses, y no puede realizar contratos con el gobierno federal.
Los documentos de la SFP puntualizan que la dependencia celebró el contrato 200208 MC con la empresa, por un monto de 210 mil 468 pesos, cuando no estaba inhabilitada; pero la sanción es vigente hasta el 24 de agosto de 2024.
“Con fecha 22 de diciembre de 2020 y 30 de marzo de 2021, la Jefatura de Servicios y Adquisiciones perteneciente a la Subdirección de Abasto de Insumos Médicos, procedió a realizar la formación de los Convenios Modificatorios MC 200251 y MC 210068, en los cuales se modificó la vigencia del contrato […] el primer convenio con ampliación del 1 de enero al 31 de marzo de 2021, el segundo del 31 de marzo al 30 de junio de 2021. Por lo anterior de se dio incumplimiento a los establecido en el numeral 4.3.2 Suscripción de Convenios Modificatorios”.
Ante las inconsistencias, la Secretaría de la Función Pública solicitó a la dependencia informar los motivos por los cuales se realizaron ambos convenios, a pesar de las disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
“Presentar un informe de las razones fundadas y motivadas por cuales la Jefatura de Servicios de Adquisiciones de Material de Curación realizó la formalización de los Convenios Modificatorios, ambos con fechas posteriores en la que se informó la inhabilitación del proveedor Degasa S.A de C.V mediante el Núm. Exp: 0021/2020, el cual fue publicado el día 23 de noviembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación”.
Este año, la Secretaría de la Función Pública ha hecho distintas auditorías al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en las cuales ha hecho distintos señalamientos relacionados con la adquisición de insumos por la contingencia de la covid-19.
Entre ellas, se encuentra la aplicación de agua y líquidos de color, en lugar de gel; desconocimiento de los lugares desinfectados, contratos inexistentes, así como el desconocimiento del destino de los insumos comprados para la contingencia de covid-19, por más de 42 millones de pesos.
Las anomalías fueron detectadas durante la revisión al dinero que se pagó por cubetas de gel antibacterial, guantes de látex, líquido sanitizante; por servicios de limpieza y seguridad en las instalaciones del instituto, cubrebocas de la marca 3M, así como mascarillas protectoras reusables con filtro y logotipo del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Social de los Trabajadores del Estado (Fovissste).
En una segunda auditoría, se identificaron inconsistencias en la adquisición de equipo e insumos contra la covid-19 por más de mil 700 millones de pesos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
De acuerdo con la auditoría de la SFP, las irregularidades se detectaron a través de 31 contratos, firmados con distintas empresas, entre los meses de marzo y agosto de 2020.
El informe muestra que el ISSSTE omitió subir los registros de las compras al Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios “Compranet”.
En la revisión, se identificaron expedientes incompletos o inexistentes con los que debieron justificarse las compras de medicamentos, material de curación, instrumental y equipo médico, para dar atención médica a los derechohabientes del Instituto, por la emergencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV2.
“Se comprobó que no se realizó la difusión de los datos relevantes de 31 contratos en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, por lo que se incumplió lo establecido en el artículo 56 fracción 111, inciso d; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”.