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Servicio de Protección Federal: mal negocio para la 4T

Especialistas consultados por La Silla Rota consideran que más que un negocio, este tipo de servicios representan para el gobierno ganancias extraordinarias

  • MARCOS MUEDANO
  • 16/11/2021
  • 21:12 hrs
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Servicio de Protección Federal: mal negocio para la 4T
Especialistas consultados por La Silla Rota consideran que más que un negocio, este tipo de servicios representan para el gobierno ganancias extraordinarias. Fotos Cuartoscuro

Durante los últimos dos años, el gobierno federal obtuvo más de 4 mil 200 millones de pesos a través de la prestación de servicios de seguridad privada. Pero, para especialistas en materia de seguridad, la seguridad privada que ofrece el Servicio de Protección Federal no es un negocio de la federación, ya que los recursos obtenidos son pocos en comparación con los reportados por la industria privada.

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En contraste, sostienen que es importante mantener este cuerpo especializado en seguridad particular, pues el país carece –en general– de agencias profesionales en diversos tipos de seguridad, además de que se enfrenta a un contexto de franca inseguridad.

Armando Rodríguez Luna, consultor en Strategic Affairs y especialista en seguridad nacional, consideró que la seguridad privada que ofrece el gobierno federal -a través del Servicio de Protección Federal- es un mal negocio para la federación.

Son ingresos extra, no son ingresos que signifiquen una cantidad importante para lo que recibe el gobierno federal. No me parece que sea un negocio, me parece que son ingresos adicionales


Sin embargo, consideró que “lo más importante es que el gobierno tiene un cuerpo de seguridad formado con buenos estándares en materia de capacitación para el resguardo de instalaciones estratégicas y es algo que aprovechas de empresas privadas”.

Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), comentó que la principal pregunta que genera este tipo de servicios es saber cuáles son los alcances que se han tenido en los últimos años.

“No sabemos si es mucho o poco el dinero generado. La pregunta es qué resultados se han obtenido a través el servicio que ha dado el gobierno federal”, cuestionó, al tiempo de considerar, al igual que Rodríguez Luna, que el apoyo de este cuerpo de seguridad especializado es algo que favorece a la seguridad en el país.

El tema del apoyo con la participación en seguridad con elementos específicos del gobierno no es malo. Tenemos que considerar a los periodistas, a los que entran al sistema de protección, a un alcalde que tienen riesgos, son ejemplos del uso que puede tener el Servicio de Protección Federal


Rivas Rodríguez dijo que la situación que enfrenta el país en temas de inseguridad lleva a que sean necesarios los servicios de seguridad privada a través del Servicio de Protección Federal.

No es que sea positivo o negativo. En un contexto, como el de México, debemos tener este tipo de servicios, porque tenemos un país donde las condiciones no están garantizadas para nadie, ni siquiera para un alcalde, para un periodista, un defensor de derechos humanos, entre otros


LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El Sistema de Protección Federal fue creado en diciembre de 2008, luego de que el gobierno federal reconoció que la protección de las instalaciones del Estado era un aspecto estratégico en la seguridad nacional.

A través del Diario Oficial de la Federación (DOF) se emitió un decreto en el que se estableció que su función sería proporcionar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad a dependencias, entidades de la APF, órganos de carácter federal de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y organismos constitucionalmente autónomos, mediante el pago de una contraprestación.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre los servicios otorgados en 2020 se encuentran personas físicas (particulares) y morales (empresas) a pesar de que reglamento del Servicio de Protección Federal, el artículo 1, establece que la seguridad sólo puede ser contratada por empresas del estado.

“El Servicio de Protección Federal tiene a su cargo la prestación de servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a los órganos de carácter federal de los Poderes Legislativo y Judicial, organismos constitucionalmente autónomos y demás instituciones públicas que así lo soliciten”.

La cartera de clientes del SPF incluye a dependencias, entre ellas, Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como instalaciones de seguridad nacional, de los estados o el resguardo de funcionarios.

Según el informe de la auditoría, los recursos captados en 2020 por el gobierno federal a través del SPF, incluyeron servicios como Protección, vigilancia y seguridad a inmuebles e instalaciones, a personas, custodia de bienes, así como la seguridad en lugares fijos o durante su traslado.

Las entidades donde más servicios se otorgaron son: Ciudad de México y Estado de México. La lista incluye a otros estados como: Jalisco, Veracruz, Chihuahua, Morelos, Sonora, Guanajuato, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Baja California, Hidalgo, San Luis Potosí, Nayarit y Aguascalientes.

La Auditoría de Desempeño: 2020-0-36100-07-0096-2021 (Servicios de Protección de Personas, Bienes e Instalaciones) menciona que las ganancias por los servicios de seguridad en 2019 fueron más de mil 146 millones; mientras que el año pasado superaron los tres mil 69 millones de pesos. Sin embargo, hasta el momento, la dependencia no ha entregado los documentos de comprobación de los últimos siete meses de 2020.

Para 2020, el SPF reportó que obtuvo ingresos propios por 3,069,718.2 millones de pesos; respecto del entero de esos recursos a la Tesorería de la Federación, el órgano administrativo acreditó los oficios de certificación de enero, febrero, marzo y mayo, sin documentar los meses restantes del año en revisión


URGEN TRANSPARENTAR EL GASTO

Otro de los temas en los que se debe de poner atención, según señalaron los especialistas, es en qué se están gastando los recursos que se han obtenido a través del SPF, ya que ese tipo de ingresos se puede convertir en una “caja chica que desconoce en qué se gasta”.

Puede ser espacio poco vigilado que permita la corrupción o el mal uso. Es necesario reconocer que en México se ha avanzado en transparencia, pero seguimos sin saber los resultados”, dijo Rivas Rodríguez


Rodríguez Luna mencionó que lo importante es que, poco a poco, se conozcan los costos por esos servicios para tener una mayor transparencia.

“Ellos (personas físicas o morales) pueden contratar esos servicios, no sabemos los costos, pero lo importante es gestionar el servicio para aprovecharlo en beneficio del Estado. La cantidad que recibe de ingresos que recibe el gobierno federal no es grande, pero hacen falta controles para saber las percepciones que reciben. Lo más importante de esto, es que se estaba delegando la seguridad a instituciones militares y no militares, principalmente en el contexto instalaciones estratégicas”.

Rodríguez Luna comentó que, uno de los beneficios de la seguridad que ofrece el gobierno, es que se delegan facultades al Ejército, y se les da a las corporaciones civiles facultades para las que están diseñadas.

El hecho de que dé se enfoquen a instalaciones estratégicas, es importante echar manos de ellos para ir quitando funciones a las fuerzas armadas, las cuales, no es que no tengan la capacidad para hacerlo, pero lo principal, es que no están diseñadas para ello


El dinero generado por el SPF durante los últimos dos años es superior al captado en los tres años anteriores. En 2016 las ganancias fueron por más de 910 millones de pesos; en 2017, mil 247 millones 838 mil pesos; mientras que en 2018 se reportaron ingresos por mil 84 millones 453 mil pesos.

Aunque la Secretaría de la Función Pública no detectó inconsistencias graves en la auditoría, solicitó al Servicio de Protección Federal tener la documentación adecuada para comprobar los servicios otorgados, así como estudios de riesgo.

 

 

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