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Senado crea Fiscalía Especializada en mujeres

Senado crea Fiscalía de la Mujer y propone crear un nuevo organismo que investigue, específicamente, delitos contra las mujeres y trata de personas

Escrito en NACIÓN el

El Senado de la República avaló la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, con la que se pretende dar pronta resolución y atención personalizada a las víctimas de estos delitos, a través de la especialización de ministerios públicos.

El nuevo órgano de investigación judicial forma parte de la nueva Ley General de la Fiscalía de la República, aprobada por la mayoría del pleno del Senado, este miércoles. Entre sus nuevas facultades estará elaborar un protocolo de actuación para llevar a cabo las investigaciones con perspectiva de género.

La creación de la nueva Fiscalía Especializada es resultado de una adenda hecha al dictamen de las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos segunda, en su artículo 11, fracción séptima.

A la Fiscalía Especializada en delitos contra las mujeres y trata le corresponderá la investigación y persecución de los delitos del orden federal previstos en el Código Penal Federal y en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

En entrevista con La Silla Rota la senadora Indira Rosales, del PAN, explicó que la creación de la nueva fiscalía “fue una de las grandes luchas de Acción Nacional y de los colectivos de familiares de desaparecidos”.

A pregunta expresa de si este dictamen considera también la asignación de mayores recursos financieros a la nueva fiscalía afirmó, “se está creando y la idea es que tengo presupuesto destinado para ello, para su operatividad. Si no tiene el presupuesto asignado entonces esto sería letra muerta”.

El senador Damián Zepeda (PAN) consideró que esta fiscalía permitirá visibilizar el tema de violencia contra las mujeres y la población que es vulnerable al delito de trata de personas, con una mayor dimensión.

“Es evidente que hay que atender esto, se visibilizara más este problema. La unidad especializada que ya existe se transformará en Fiscalía, espero que se pueda hacer pronto”, aseguró.

El senador por Movimiento Ciudadano, Noé Castañón destacó que el objetivo de esta fiscalía será atender con perspectiva de género a las mujeres víctimas de violencia y trata, por “personal debidamente capacitado”, para los delitos no queden impunes.

La panista Kenia López Rabadán precisó que “esta Fiscalía da un mensaje positivo. Al día hay más de diez mujeres asesinadas en México sólo por el hecho de ser mujeres. Hay más de 600 denuncias en términos de violencia adentro de las casas y esa es la antesala, en muchas ocasiones, de lesiones, o peor aún, de algún feminicidio”.

DE FRENTE AL MACHISMO

El tema no es menor, tomando en cuenta que nuestro país reconoció los primeros casos de violencia contra la mujer desde el siglo pasado, en la década de los 90, frente a los homicidios de mujeres trabajadoras de maquiladoras en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Una problemática que 40 años después de ha desbordado de tal forma, que se adoptó el término feminicidio para los agresores contra le mujer.


El reclamo de justicia de las mujeres se ha vuelto ahora un grito de batalla en marchas feministas, como ha quedado demostrado en los últimos tres años en las marchas feministas del 8 de marzo. Más todavía, cuando la pandemia del coronavirus disparó las estadísticas frente al confinamiento.

El aumento de la violencia contra la mujer y el alza de los femicidios, pese a los intentos de la Secretaría de Gobernación por impulsar protocolos y medidas al respecto junto a una política de “prevención”, que se basa en la modernización del sistema 911 para actuar de manera rápida y ágil, no han podido contener la problemática.

De ahí que los legisladores confíen en que esta nueva Fiscalía aporte mejores investigaciones y agilice las denuncias de mujeres víctimas de violencia física, antes de que éstas desemboquen en el feminicidio.

Sin embargo, la nueva legislación destacó, por otros aspectos, por el malestar de organizaciones de Derechos Humanos, pues advirtieron un retroceso en cuanto a los derechos que habían ganado familiares de víctimas, y que ahora quedarían eliminados en la nueva ley.