El Senado de la República no está abierto al diálogo y al debate con respecto a la Ley de Seguridad Interior. Convocó a algunas organizaciones tanto nacionales como internacionales que han manifestado preocupación por la eventual aprobación de la norma, pero realmente ya se apresta a aprobarla.
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Esa fue la impresión que quedó en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, después del encuentro al que fue llamado para plantear sus observaciones.
Santiago Aguirre, subdirector del Centro, indicó que la reunión resultó “terrible, pues no fue un espacio de debate. Lamentablemente hubo una respuesta muy pobre tanto de senadores como de la representación de la Secretaría de la Defensa Nacional y no nos dieron posibilidad de réplica. Nos quedamos con la impresión de que no hay una decisión genuina de discutir sino de proceder ya a su aprobación”.
Encargado de representar al Centro Pro, Santiago Aguirre indicó que, junto con él, tanto los representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como del Alto Comisionado de Naciones Unidas y Causa Común hicieron señalamientos muy puntuales y demostraron que es falso que estén opinando sin conocer el dictamen, como se ha dicho es varias instancias del gobierno.
Citó varios ejemplos de las respuestas ofrecidas. Con respecto a la necesidad de mayores controles, les contestaron que en la ley ya decía que se respetarán los derechos humamos. Sobre la falta de definición de un tiempo para el retiro de las Fuerzas Armadas, señalaron que no se puede determinar a priori una amenaza a la seguridad interior y que cuando un gobernador solicite una prórroga se verá exhibido en su incapacidad de fortalecer sus policías, lo cual lo hará tomar medidas.
Y aunque aseguró que todavía habría posibilidad de incidir durante las discusiones de las comisiones, en caso de que la ley sea aprobada se podrían interponer acciones de inconstitucionalidad y algún gobernador o alcalde que se sienta invadido en sus funciones podría emprender una controversia constitucional. “Es un extremo extraordinario que no quisiéramos que ocurriera”.
En opinión de Santiago Aguirre, si la discusión en comisiones es precipitada, sin duda se confirmarán todas las preocupaciones sobre los tintes antidemocráticos de la norma.