Desde diciembre de 2018 al cierre de 2019 fueron exhumados 1,124 cadáveres de fosas clandestinas en México, informó este lunes el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno mexicano, Alejandro Encinas.
"Se han realizado labores de búsqueda en 519 sitios diferentes", reveló en conferencia de prensa Encinas, quien aseguró que de los 1,124 cuerpos recuperados se logró identificar 395 (35%), mientras que 243 cadáveres (21.6%) fueron entregados a sus familiares.
El 61 % de esas fosas, subrayó el funcionario de la Secretaría de Gobernación, se concentraron en los estados de Sinaloa, Colima, Veracruz, Guerrero y Jalisco.
Encinas destacó la "eficacia" en la colaboración en las tareas de búsqueda de algunas entidades federativas como Chihuahua, Jalisco, Tamaulipas y Nayarit.
Por lo que respecta al número de desapariciones, desde el inicio de diciembre de 2018, cuando comenzó su gestión el presidente Andrés Manuel López Obrador, al cierre de 2019 se registraron 9,164 denuncias, informó el responsable de velar por los derechos humanos en México.
El 43 % de esos desaparecidos, es decir, 3,980 personas, fueron localizados, mientras se mantienen en paradero desconocido otras 5.184 personas a las que se les perdió la pista durante esos 13 meses.
El número de mujeres desaparecidas en ese mismo periodo ascendió a 3,093, de las cuales fueron localizadas 58.7%, es decir, 1,816.
Encinas confirmó un aumento de 5,184 personas a las cifras oficiales de desaparecidos que maneja el Gobierno mexicano, que ya contemplaban más de 40,000 casos antes de este anuncio y otros 26,000 de cuerpos sin identificar en morgues.
De acuerdo con la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana, en México se tiene el registro de un total de 3,631 fosas clandestinas en todo el país.
“Al día de hoy el dato oficial de personas que aún se encuentran desaparecidas es de 61,637 personas”, dijo Quintana.
Para abordar esta lacra, el Gobierno mexicano puso en funcionamiento en noviembre pasado un portal en línea en que cualquier ciudadano puede registrar desapariciones y aportar todos los datos de los que disponga, incluso de manera anónima.
Además, a principios de diciembre, el Ejecutivo aprobó la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), un protocolo cuyo objetivo es realizar pruebas forenses sobre cadáveres o restos de personas cuya identidad sea desconocida o no hayan sido reclamados.
Tanto la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como el Comité Internacional de la Cruz Roja aplaudieron la creación de ese nuevo mecanismo de peritaje.
JGM