La gestión de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la reconstrucción y rehabilitación de casas dañadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 fue deficiente, revela el Informe individualizado presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En un mes se cumplen dos años del sismo del 19 de septiembre de 2017 y 34 años del terremoto de 1985.
Hace dos años, la dependencia, que entonces era encabezada por Rosario Robles Berlanga (quien presumiblemente está involucrada en la llamada Estafa Maestra), sólo supervisó la reconstrucción de las casas con daño total, equivalentes a 59 mil 866 viviendas, pero no hizo lo mismo con las que serían rehabilitadas o reparadas por daño parcial, que alcanzaron la cifra de 111 mil 628, con lo que careció de información sobre si los beneficiarios pudieron reconstruir o rehabilitar sus casas. Con ello incumplió los Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que señalan que esos trabajos deben ser supervisados.
“La Sedatu desconoció si los beneficiarios pudieron reconstruir o rehabilitar sus viviendas, ya que aun cuando los Lineamientos de Operación Específicos del Fonden señalan que se deben supervisar esos trabajos, la dependencia sólo reportó que se supervisó a 59 mil 380”, concluyó la auditoría en el apartado Consecuencias sociales.
Los recursos destinados para la reconstrucción de las viviendas con daño total sumaron 7 mil 183 millones 920 mil pesos, mientras que para daño parcial fue de mil 674 millones 420 mil pesos, lo que en total sumó 8 mil 858 millones 340 mil pesos.
La ASF detectó también que el número de viviendas afectadas y los montos económicos destinados para su reconstrucción y rehabilitación de viviendas dañadas por ambos sismos de 2017 presentados por Sedatu registraban discrepancias, pues la secretaría presentó cifras dispares en distintos momentos, que iban de las 166 mil 872 a las 170 mil 871 viviendas dañadas, sin que lo justificara, lo que llevó a la ASF a considerar que eso le restó confiabilidad y veracidad a los datos.
“Lo anterior pudo repercutir en que los beneficiarios afectados no recibieran los apoyos para reconstruir o rehabilitar sus viviendas, por lo que se determinó que la información registrada careció de criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad”, se lee en el informe individualizado.
Otro rubro donde se presentaron datos poco fiables fue en la entrega de tarjetas electrónicas con recursos para los afectados por los sismos. La auditoría halló que 2 mil 378 tarjetas (equivalente a 1.4 por ciento de los beneficiarios), que representaba un monto de 117 millones 820 mil pesos, tenían discrepancias en la información sobre los beneficiarios: dos mil 364 no tenían el apellido materno, 8 solo tenían los apellidos pero no el nombre, 3 carecían de ambos apellidos y 3 del paterno.
Otra falla en la entrega de tarjetas es que 893 (0.5 por ciento) de los registros coinciden en el número de identificación, pero tienen nombre y apellidos de beneficiarios distintos a los reportados en las bases iniciales, de los cuales 843 fueron por un monto dispersado de 40 millones 645 mil pesos, mientras que a los restantes 50 no se les asignó un monto de apoyo, por lo que se determinó que la información registrada “careció de criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad”.
La auditoría realizada por la ASF tuvo 6 observaciones para la Sedatu que derivaron en 8 recomendaciones de desempeño.
LAS DISCREPANCIAS EN NUMERO DE VIVIENDAS
En el informe la ASF explica que por ley la reconstrucción o rehabilitación de las viviendas afectadas por los sismos estaría a cargo de la dependencia correspondiente a cada uno de los sectores y, para el caso de vivienda le correspondía a la Sedatu.
Para ello, la dependencia debía presentar los diagnósticos definitivos y los programas de obras y acciones; otorgar los apoyos provenientes del Fonden), por medio del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) conforme al tipo de daño registrado; supervisar la entrega de tarjetas electrónicas; así como los avances de la reconstrucción o rehabilitación de las viviendas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, a fin de contribuir a que esa infraestructura cuente con las condiciones similares previas a la ocurrencia de los siniestros.
Fue un proceso que será recordado porque el Gobierno Federal apostó a que fueran los propios habitantes afectados quienes hicieran la reconstrucción. También será recordado por las innumerables fallas reportadas en el pago de las tarjetas electrónicas.
Pese a ello, la entonces titular de Sedatu aseguraba a medios de comunicación que la reconstrucción sería rápida y parecida a la que en su momento había tenido Chile, país también ubicado en una zona sísmica y con una larga tradición de reconstrucción.
De acuerdo con el informe de la auditoría, en los primeros diagnósticos de viviendas dañadas por ambos sismos del 2017, fueron 172 mil 057 las viviendas afectadas; con los programas de Obras y Acciones, la cifra varió a 168 mil 256. Pero no sería la única variación, ya que los apoyos con tarjetas electrónicas marcaron 170 mil 871 viviendas afectadas.
A partir de esta cifra, y con los datos presentados por la Sedatu, la ASF determinó que el número de viviendas con daño total es de 59 mil 866 viviendas, de las cuales 8 mil 198 viviendas, equivalentes al 13.8 por ciento no habían iniciado los trabajos de reconstrucción; 23 mil 620 (39.8 por ciento) presentaron un avance que osciló entre el 1 y el 50%; 1 mil 978 casos (3.3 por ciento) no se halló al beneficiario y 25 mil 584 (43.1%), ya tenían avances entre el 75 y 100%, pero sin que la dependencia acreditara con soporte documental esa supervisión.
En su dictamen la ASF concluyó que la dependencia no tuvo certeza sobre los avances logrados en la reconstrucción o rehabilitación de las viviendas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 y, si las viviendas afectadas cuentan con las condiciones similares previas a las que prevalecían antes de los sismos.
AJ