Mascarillas KN95, gel antibacterial, trajes de protección, ambulancias, guantes de nitrilo, medicamentos, así como ventiladores para atender la contingencia de covid-19, forman parte de los múltiples insumos donados por particulares a la Secretaría de Salud, con un valor de 364 millones de 997 mil pesos y que hoy no se sabe dónde están.
A través de la auditoria 9/21, efectuada a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP) de la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó que la institución carece de documentos que acrediten cuál fue el destino final de los activos que recibió como donación, de su uso, distribución e impacto en la atención médica durante la pandemia.
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La auditoría entregada el 23 de junio de este año –y la cual especifica que la Secretaría de Salud tiene hasta el 30 de agosto próximo para solventar las observaciones–, menciona que la institución también se dio el lujo de “no suscribir convenios de donación para la entrega de insumos por un monto de 44 millones de pesos”, a pesar de la contingencia que enfrentaba el país.
De acuerdo con los documentos, consultados por La Silla Rota, la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública realizó convenios de colaboración, desde el 30 de marzo de 2020, con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), para la distribución de donaciones otorgadas por instituciones y organizaciones públicas y privadas de insumos contra el SARS-CoV2, por un monto de 181 millones 164 842 mil pesos.
Al efectuar una revisión del destino de los insumos donados, la Función Pública determinó que la Secretaría de Salud carece de “informes de uso y distribución que sustenten las donaciones realizadas, a través de 14 cartas de adhesión, suscritas en los meses de mayo a noviembre de 2020, así como informes de impacto social que corresponden a las 28 cartas de adhesión formalizadas en el ejercicio fiscal 2020”.
Por las inconsistencias, la SFP solicitó a la Secretaría de Salud “solicitar a la instancia correspondiente, la entrega de los informes de uso, distribución e impacto social de los insumos, realizando el seguimiento puntual hasta obtenerlos e integrarlos en los expedientes que correspondan”.
LAS DONACIONES
Entre los insumos donados por farmacéuticas, asociaciones y empresas, así como particulares, se encuentran 64 mil 950 caretas de plástico, que fueron entregadas por el Voluntariado del Hospital Psiquiátrico Infantil; 205 mil guantes de nitrilo donados por la empresa Zuno Tech S.A .de C.V.; nueve mil 500 mascarillas KN95 que dio la Farmacéutica Maypo S.A.; así como 19 mil 500 cubrebocas entregados por la Fundación FCA A.C.
Tampoco se conoce el uso y destino de seis ambulancias, donadas por la empresa Adamed S.A. de C.V.; y distintos medicamentos entregados por Laboratorios Liomont S.A. de C.V.; así como ventiladores, oxímetros, batas de aislamiento y una ambulancia Mercedes Benz modelo 311 Sprinter, entregada por la empresa F2 Services S.C.
En tres informes de observaciones, la Secretaría de la Función Pública determinó que la Secretaría de Salud carece de actas de entrega recepción de las donaciones de estos insumos, entre el Instituto de Salud para el Bienestar y hospitales públicos.
“Al 23 de junio de 2021, fecha de cierre de la auditoría, la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública no ha informado sobre el destino final de los donativos recibidos a través de 26 entregas, realizadas de marzo a noviembre de 2020, cuantificadas en 50 millones 89 mil 505.73 pesos, ya que no cuenta con las actas de entrega recepción formalizadas, que den cuenta de la entrega de los insumos”.
Las donaciones que fueron hechas incluyen, también, 300 mil cajas del medicamento Nimbus –donadas por Laboratorios Liomont–; 64 caretas de protección de plástico; 600 mil mascarillas KN95; cinco mil botellas de gel antibacterial de un litro; 73 mil envases de suero hidratante; así como 19 mil cubrebocas de triple capa, entre otros.
En la auditoría, la SFP solicitó a la Secretaría de Salud a informar el paradero de los insumos, así como notificar a los donadores el uso que se le dio y “establecer comunicación inmediata con las autoridades competentes con la finalidad de obtener las actas de entrega-recepción de los bienes donados por parte del Insabi y dar seguimiento puntual hasta su conclusión”.
En la tercera observación, la Secretaría de la Función Pública señala que la Secretaría de Salud carece de constancias que acrediten el registro contable del destino de insumos donados y que tenían que ser entregados, entre los meses de abril y noviembre de 2020, por más de 133 millones 263 mil pesos.
“La Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública no logró acreditar documentalmente al cierre de la auditoría 23 de junio de 2021, que cuenta con las copias certificadas de las constancias que acrediten el registro contable que refleje el movimiento activo donado, tal y como lo señala el Convenio de Colaboración y 3 Cartas de Adhesión formalizadas durante el ejercicio 2020, entre APBP y el Insabi”.
Entre los artículos o equipo médico que fue donado y que ya no encuentra la Secretaría de Salud, también se encuentran 41 ventiladores adulto pediátrico y adulto pediátrico neonatal, los cuales tuvieron un costo de 48 millones 472 pesos.
Tampoco se sabe el paradero de 128 monitores de signos vitales, que en conjunto tuvieron una inversión de 37 millones 641 mil pesos; 100 oxímetros de pulso, con un costo de un millón 600 mil pesos; así como 18 ambulancias de cuidados intensivos y traslado, valuadas en 44 millones 32 mil 556 pesos.
La SFP solicitó a Salud “integrar en el expediente que corresponda, la evidencia que, de cuenta del registro contable de los bienes donados, cuantificados en 133 millones 263 mil 88.48 pesos, en observancia a los Convenios de Colaboración y las Cartas de Adhesión”.
Además, una de las últimas observaciones que realizó la SFP a la Secretaría de Salud fue que, a pesar de la emergencia que enfrentaba el país por la falta de insumos y equipo médico para hacer frente a la pandemia de covid-19, la dependencia se dio el lujo de no formalizar 16 convenios para la entrega de donaciones, por un monto de 44 millones cinco mil 736 pesos.
“Se comprobó que, al cierre de la auditoría 23 de junio de 2021, que el Patrimonio de la Beneficencia Pública, por conducto de la Dirección General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, no formalizó 16 de 25 Convenios de Donación en Especie, para atender las necesidades de emergencia sanitaria por la epidemia del virus SARS-CoV2 con las instituciones/organizaciones públicas o privadas”.
Entre los convenios que chazó el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, se encuentran algunos que impulsaron las empresas Apple INC, Infra, Iberdrola, Laboratorios Pisa, así como con la Fundación FCA y la Nunciatura Apostólica.
MÁS IRREGULARIDADES
La semana pasada, La Silla Rota dio a conocer otra auditoría hecha por la Secretaría de la Función Pública al Insabi, en la cual, se da cuenta de que la falta de control y registro en la entrega-recepción de equipo médico y de laboratorio ha provocado que los pacientes contagiados de covid-19 no reciban la atención médica adecuada en centros de salud públicos.
De acuerdo con los documentos de la SFP, esta dependencia detectó en el Instituto diferentes irregularidades en las adquisiciones, arrendamientos y entregas de equipo médico que compró el instituto durante 2020, para atender la pandemia de covid.
Este medio informativo también ha documentado que el Insabi no pudo acreditar en qué ejerció 3 mil 453 millones de pesos, inicialmente etiquetado para la compra de medicamentos. Eso, de acuerdo con un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), donde también se alerta sobre el desabasto de medicamentos por las irregularidades detectadas.
En junio pasado, La Silla Rota también dio a conocer que el Instituto de Salud para el Bienestar “perdió” 105 ventiladores mecánicos Ehécatl 4T –entregados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)–, pues informó tener menos de los que supuestamente le entregaron.
En respuesta a una solicitud de información hecha por este medio, el Insabi informó que, entre el 14 de diciembre del año pasado y el 29 de marzo de este año, repartió 260 ventiladores Ehécatl 4T, en 22 unidades médicas del país. Pero el Conacyt había dicho que eran 365 ventiladores los entregados al Insabi.
(djh)