La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló numerosas irregularidades y deficiencias en la Secretaría de la Función Pública (SFP), estructura encargada de erradicar la corrupción en la administración pública federal.
El documento de la ASF plantea que, durante la auditoría, la dependencia dirigida por Irma Eréndira Sandoval “mostró resistencias al proceso de fiscalización, al no permitir el acceso al equipo auditor a sus instalaciones y archivos, y sus servidores públicos se negaron a comparecer ante la ASF”, según publicó la revista Proceso.
“Se concluye que la posición adoptada por la SFP durante el proceso de fiscalización resultó ser incongruente con la estricta aplicación de los principios de transparencia, rendición de cuentas, y combate a la corrupción y a la impunidad que la propia dependencia federal impulsa en el ámbito de sus facultades”, acusó la ASF.
Según el organismo fiscalizador, la dependencia a cargo de Sandoval se negó en enseñarle un expediente de investigación sobre “presuntas anomalías e incongruencias” en el estado patrimonial de un “líder sindical”, con el argumento de que no tenía la información.
La ASF también señaló a la SFP por cometer “irregularidades y deficiencias” en la contratación de seis funcionarios a altos cargos públicos, pues afirmó que no contaban con los años de experiencia requeridos en los perfiles del puesto.
Además, en el año 2019, la SFP solo realizó 92 investigaciones de evolución patrimonial, una cifra irrisoria en comparación con las 575 mil 834 declaraciones presentadas por los funcionarios ese año.
Según lo que publica Proceso la ASF insinuó que, durante su primer año, la SFP no investigó a los burócratas de la llamada Cuarta Transformación, y tampoco dispuso de “una política, lineamiento o metodología que estableciera las bases y justificara la selección de los servidores públicos sujetos a investigación”, pues la mitad de las investigaciones se originaron en notas periodísticas.
La auditoría también señala que la SFP no actualizó el Registro de Servidores Públicos Sancionados, y por no tener evidencias que muestre sus actividades derivadas de los expedientes generados por las “quejas, denuncias y peticiones ciudadanas por presuntas faltas administrativas en contra de servidores públicos federales”.
El organismo fiscalizador también subrayó que la Coordinación de los Órganos de Vigilancia y Control “mostró limitaciones, debilidades, deficiencias y discrecionalidad en los procesos de selección, designación y administración del personal que integró su estructura, aunado a las debilidades y deficiencias que reflejó el Sistema de Evaluación del Desempeño que implementó”.
De manera general, sentenció que la dependencia “no aportó evidencia de los mecanismos establecidos para medir y determinar la magnitud de las faltas administrativas y el nivel de corrupción en las dependencias y entidades de la APF durante 2019, situación que provocó que no se propiciara la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas entre las instituciones federales, ni tampoco el impulso a su papel estratégico de vigilancia y control”.
DAN LA “BIENVENIDA” A FISCALIZACIÓN
La secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, dio la bienvenida al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, pese a que la ASF denunció que la dependencia no colaboró con la auditoría, en la que se exhibieron irregularidades.
Como órgano fiscalizador y corresponsable de la lucha contra la corrupción en la Administración Pública Federal, reiteramos nuestro compromiso de colaborar con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y darle seguimiento a los resultados de sus auditorías”, informó la dependencia en un comunicado
La SFP informó que se pusieron a disposición de la ASF más de 30 mil expedientes que requirió. “En este informe la ASF no emitió ninguna promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias, ni solicitudes de aclaración alguna hacia la Secretaría de la Función Pública”.
El documento de la ASF plantea que, durante la auditoría, la dependencia dirigida por Irma Eréndira Sandoval "mostró resistencias al proceso de fiscalización, al no permitir el acceso al equipo auditor a sus instalaciones y archivos, y sus servidores públicos se negaron a comparecer ante la ASF".
bl