El tratamiento judicial que se le dio al movimiento estudiantil de 1968 en México refleja la debilidad institucional que mantenía el gobierno en aquellos años, así resume José Ramón Cossío Díaz su más reciente libro: Biografía judicial del 68.
En entrevista con La Silla Rota, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia asegura que, en el proceso judicial, iniciado en julio de ese año y resuelto apenas dos años después, en 1970, se inculpó a inocentes y se inventaron delitos que no se pudieron sostener.
En Biografía judicial del 68, Cossío Díaz detalla cada parte del expediente del caso 68. Un análisis que, refiere, debe hacerse con más expedientes sobre casos de violaciones a derechos humanos por parte del Estado, para generar una historia judicial.
El también doctor en Derecho defiende que a él no le convence hablar de “deudas históricas”, pero de tener que usar la metáfora, el Poder Judicial tiene. Una deuda de esa magnitud con el pueblo de México, sobre el 68 y otros eventos.
- ¿Cómo se interesó en el tema de los expedientes judiciales y de todo este proceso de responsables que llevó a cabo el Estado?
Creo que, a muchas personas, de distintas generaciones, nos ha impactado enormemente el asunto del 68. Yo tenía siete años cuando aquello fue, pero recuerdo algunas escenas, algunos episodios, y después me puse a leer distintos trabajos y de lo que me di cuenta es que no había explicaciones -realmente no había ninguna explicación- de la parte jurídica de este proceso, eso me llamó mucho la atención.
Cuando me puse a trabajar sobre el expediente -es un expediente muy amplio, que empieza a construirse el 26 de julio de 1968 y se dicta la sentencia en noviembre de 1970-, debo decir que me costó trabajo. Fueron muchos tomos y eso fue lo que me tomó tiempo, ir encontrando los hilos, la racionalidad, esa fue la razón por la que me dediqué a este asunto.
- ¿Cuál fue su mayor descubrimiento al revisar el expediente?
Primero, el desaseo con que fueron armando las averiguaciones previas, el desaseo con el que se hicieron todas las investigaciones y el desaseo de los jueces o el juez que resolvió el caso. Francamente, cuando uno empieza a leer, pareciera que sí es cierto, pero en la medida en la que uno avanza, la narrativa, la construcción, se les va yendo de las manos.
Cada vez tienen que inventar más delitos, tienen que significar el movimiento como más radical y al final sí les cuesta mucho trabajo, tanto a la Fiscalía como al juez, armar las averiguaciones, y todo eso termina en una pésima sentencia donde nada tiene relación con nada, así de grave fue.
Otro descubrimiento fue que, a pesar de que creíamos que era un Estado potente, fuerte, en realidad era un Estado sumamente débil. Primero, no tuvo la capacidad de ordenar sus propios procesos de procuración y de impartición de justicia, que eso es muy serio, y, en segundo lugar, tampoco tenía capacidad para conducir los procesos sociales.
Daban la impresión de que era un estado potente, que todo lo sabía, que todo lo tenía medido y, al final de cuentas, con la actuación en el expediente, se da uno cuenta de que era un Estado mucho más débil de lo que se creía. Eso sí, con una retórica muy inflamatoria, muy grande, de fuerza, de nacionalidad; cuando en realidad no tenían ni todas las capacidades técnicas que presumían tener, ni todo el poder político con el que decía contar.
- ¿Se inculparon inocentes y se inventaron delitos?
Sí. Las dos cosas son correctas. La primera secuencia del expediente, la del mes de julio, fue detener a mucha gente que estaba vinculada con las organizaciones de izquierda, pero después empiezan a detener profesores, estudiantes, y luego simpatizantes del movimiento, entonces al final sí se inventan los delitos.
Y hay una cosa muy grave, tanto en las conclusiones del ministerio público como del juez, porque, en derecho penal lo que se les atribuye a las personas son las conductas -es decir, si alguien mata a otra persona, lo que hay que encontrar es una relación causal entre el muerto y el asesino- y ahí no hay nada de eso.
Se acumula mucha información, se ponen muchas cosas en el expediente y, después de eso, se sugiere que mucha gente que participó en esos actos es culpable. Me parece que hubo una invención clara de varios delitos y procesaron y sentenciaron a mucha gente que, desde luego estaba en el movimiento, pero no era posible atribuirles los delitos.
- ¿El expediente no ayudó al gobierno, para sostener su discurso?
Yo creo que sí le sirvió, porque se deshicieron de mucha gente que en ese momento le resultaba incómoda al gobierno, gracias a las averiguaciones previas, privaron a muchas personas de la libertad y ya luego las fueron soltando. Me parece que todas estas decisiones tuvieron una influencia muy importante en el proceso sucesorio del presidente Díaz Ordaz.
En el largo plazo me parece que quedó muy poco claro el uso faccioso del derecho, que no justifica, pero sí explica que muchos jóvenes de entonces se hayan ido a la guerrilla, y me parece que fue un descrédito enorme para el gobierno, no solo para el de Díaz Ordaz, (…) y creo que el mayor desprestigio se dio para las instituciones de impartición de justicia, se volvieron instituciones poco creíbles para muchas personas.
- ¿El actuar del Poder Judicial estaba íntimamente relacionado a las decisiones del Ejecutivo?
Por supuesto, sí. En el libro narro que hay una construcción muy particular, muy abigarrada del expediente, querían comprobar los delitos aportando pruebas de los periódicos, describiendo o acompañando libros, fotografías que, pues sí, había una persona retratada en una marcha, pero entre eso y que esa persona haya cometido un delito, hay una diferencia sustantiva.
- ¿En qué ayuda a la historia judicial y política que ahora que se cuente con este libro y con su análisis?
Se puede hacer algo, en otros países se ha hecho mucho, para llegar a tener una Historia Judicial de México, (…) pero hay que darnos cuenta de algo muy importante, que cuando la impartición de justicia y el poder político trabajan en conjunto, las posibilidades de graves violaciones a derechos humanos y al debido proceso son prácticamente irremediables.
Creo que eso sí es una lección, no solo para aquellos años, sino para toda la vida nacional, que la policía, el ministerio público, los jueces, todos estaban a la una con el proceso. ¿Qué posibilidades tenían de defenderse los jóvenes?
Hay un hecho muy lamentable donde, la noche del año nuevo del 69, son atacados los presos políticos por los presos comunes. Esa confusión respecto a la justicia y la política, sí debe ser una lección permanente, porque si no, estamos en una situación de indefensión.
- ¿Hay una deuda histórica del Poder Judicial con el pueblo de México?
Yo creo que sí, si lo queremos ver así, como deuda histórica, creo que todas las instituciones tienen deudas, tenemos unos niveles de pobreza, de desigualdad, de impunidad, de falta de educación, de empleo y de salud que, si esto lo quisiéramos ver así, sería el caso. No me gusta hablar de las deudas históricas porque se confunde mucho la discusión, pero entiendo la metáfora, y visto el problema así, sí.
(MJP)