El presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete buscan blindarse ante posibles investigaciones penales en su contra que pueda impulsar el gobierno de Chihuahua.
La Consejería Jurídica de la Presidencia presentó el 11 de octubre ante la Suprema Corte de Justicia una controversia Constitucional para reclamar posibles órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación abiertas por las autoridades locales contra funcionarios federales, según se detalla en el diario Reforma.
Se trata de la primera vez que el Ejecutivo federal interpone un recurso legal de este tipo y los actos reclamados se imputan al gobernador Javier Corral, a la Fiscalía General de Chihuahua y al Poder Judicial local.
“La solicitud y emisión de órdenes de aprehensión existentes o inminentes respecto de actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones”, forma parte de los actos reclamados.
Cabe recordar que el pasado 28 de septiembre, Corral amenazó al gobierno federal por el caso del exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, que fue acusado por la Fiscalía estatal por peculado de 250 millones de pesos de recursos federales, cargo del que la PGR se desistió.
“Lo puedo decir con absoluta certeza: aunque haya hecho lo que haya hecho Peña Nieto para proteger a Gutiérrez y a (el ex Gobernador) César Duarte, no se va a ir impune, no quedará impune”, lanzó le panista.
“Tarde que temprano la justicia lo va a alcanzar a él. Y es muy probable que sea la propia justicia de Chihuahua”, precisó el mandatario chihuahuense.
En la demanda firmada por el Consejero Jurídico Misha Granados, se le reclama a Corral “su intervención directa o indirecta, pública o privada, actual o inminente, en investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración que refieran, mencionen o relacionen actuales o anteriores funcionarios públicos federales”.
En tanto se reclama a la Fiscalía General la participación de sus integrantes en reuniones donde se analice con personas ajenas a la misma, incluido Corral, la situación de las probables investigaciones contra funcionarios federales.
lrc