TIJUANA.- Cuando Luis Alberto Valdez murió por coronavirus, las dificultades para su familia, que incluyeron primero aceptar el contagio y después conseguir el medicamento que no tenía el Hospital General de Tijuana, estaban lejos de terminar.
La trayectoria de 28 años como policía municipal que Luis dejó para orgullo de sus hijos y su esposa, el virus la cambió por discriminación y rechazo.
No solo entre sus vecinos cuando corrió la equivocada versión de que toda la familia había enfermado, sino también en oficinas de gobierno, donde su esposa se presentó para los trámites luego de la muerte.
“Hasta la fecha no he podido tramitar el seguro de vida de mi esposo”, comenta Sandra Cordero en entrevista desde su hogar en la colonia Villa Fontana, en ese momento identificada por la Secretaría de Salud de Baja California como una de las que tenía la mayor cantidad de cadenas de contagio en el municipio.
Ella misma pensó en algún momento dejar su hogar tras la muerte de Luis Alberto, pero se detuvo al recordar que para él esa casa era el resultado de una vida de esfuerzo para dejar un techo a sus hijos.
Aunque por ahora no sea el mejor lugar para estar, porque la causa de muerte de su padre provocó que el resto de los niños evitaran acercarse a ellos por instrucción de sus padres.
“Son mis hijos. Siento feo”, menciona Sandra Cordero que en su andar no encontró nunca una autoridad que le ofreciera realizarse una prueba de coronavirus, aunque donde se presentaba era cuando menos sospechosa de estar enferma.
LA OTRA PANDEMIA
Y ese trato que la familia de Baja California encontró en su entorno está lejos de ser un caso único en México, donde decenas de personas han pasado por situaciones similares en las que se sintieron excluidos, amenazados o expuestos durante esta pandemia.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) atendió entre el 19 de marzo y el 28 de agosto de este año a 424 personas de 31 estados del país por esos motivos.
Según el registro oficial compartido a La Silla Rota, las quejas fueron por señalamientos, agresiones y/o acoso, ya sea por tener el virus, por ser sospechosas e, incluso, si sus familiares tenían síntomas.
Los casos se presentaron tanto en escuelas públicas como privadas, hospitales, centros de trabajo, condominios, supermercados, bancos y otros lugares.
“Eran portadoras y las enfermeras divulgaron dicha información al resto del personal y en redes sociales. Acudió al médico, al comentar la situación al responsable, lo insultó y amenazó. Piden que siga el aislamiento en hospital, le niegan el acceso a sus familiares y amigos. Le pidieron su renuncia por ser familiar de una persona con síntomas del Covid-19”, se lee en el listado de atenciones.
El problema ya se veía venir desde abril, cuando el Conapred llamó a la población en general detener la discriminación en contra de portadores del virus y sobre todo del personal de salud.
Aunque paradójicamente, según muestra el registro del Conapred, las unidades médicas, hospitales, autoridades sanitarias locales y consultorios privados no estuvieron exentos de las acusaciones de la población.
LAS SOSPECHAS
Sandra Cordero los sabe bien porque cuando su esposo estaba hospitalizado y luchaba por su vida, uno de sus hijos fue diagnosticado con un problema de apéndice y tuvo que ser intervenido de emergencia.
A ella no le permitieron visitarlo para ayudarlo durante su recuperación, porque era sospechosa de portar el virus.
“Me sentí muy mal porque dije: ¿Cómo ya no voy a ver a mi hijo? Si ni siquiera les consta si tengo o no tengo coronavirus”, añadió Sandra Cordero.
La única observación médica que recibió fue del especialista que atendió a su esposo y le dijo que en caso de haberse contagiado, resultó asintomática.
“Sí tomaba mis precauciones. Salía con mi cubrebocas, mi gel antibacterial y mi ‘laisol’. Yo me rociaba cada vez que me subía al carro”, afirma.
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Volviendo al caso de su hijo, cuenta que tras la operación el menor estuvo a punto de ser enviado al Hospital General de Tijuana, el nosocomio exclusivo para pacientes covid.
La decisión de los médicos estaba sustentada en una placa de ‘rayos x’ que arrojó “una manchita” en uno de los pulmones del niño, asegura.
¿Cree que lo estaban discriminando? “Sí, también a mi hijo”, responde Sandra Cordero.
Ahora la familia está de regreso en casa, la que tuvieron que sanitizar y donde reservaron un espacio para las cenizas de Luis Alberto, junto a su placa de policía.
En la parte alta hay una fotografía de cuando era joven y fue Sandra quien la mandó amplificar porque fue un deseo que Luis no alcanzó a realizar.
“Regresó a casa, pero no de la manera en que yo hubiera querido”, menciona la madre de familia que cuestiona por qué la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (Sspcm) no lo envió a casa por ser una persona vulnerable, cuando además un compañero ya había presentado síntomas.
“Siento que es por falta de personal que no les dieron los días”, comenta.
No duda que su esposo se haya contagiado en su trabajo al frente del banco de armas por el contacto diario con los elementos de la corporación, donde las medidas preventivas llegaron pobres y tardías, mientras los contagios y las muertes por covid-19 se acumulaban en las filas policiacas.
“No se sanitizó mientras estuvo mi esposo, después se sanitizó”, señala en referencia al banco de armas de la delegación donde trabajaba Luis, quien murió a finales de julio.
(djh)