El 22 de febrero de 1997, Rubén Ramírez Cárdenas secuestró, violó y asesinó a su prima de 16 años de edad en Texas. Fue sentenciado a pena de muerte, la cual será ejecutada el próximo 8 de noviembre.
En la ciudad de McAllen, ese día por la madrugada Ramírez )de entonces 26 años de edad), entró por la ventana del cuarto donde dormía Mayra Laguna Ramírez, con su hermana menor y la sacó por la fuerza.
Él y su amigo Tony Castillo llevaron a la joven a un lugar despoblado. Ahí Rubén abusó sexualmente de ella, la golpeó brutalmente con sus puños y la estranguló.
Arrojaron su cuerpo a un canal a las afueras del condado, a 16 kilómetros de su casa.
Esa misma mañana, del 22 de febrero de 1997, los padres de Mayra acudieron a la policía para denunciar la desaparición de su hija. La hermana menor había visto cómo se la llevaban a la fuerza.
Tras las investigaciones, fue Tony Castillo quien se entregó a la policía y confesó los hechos. Las autoridades detuvieron después a Rubén Ramírez.
El juez sentenció a Castillo a 25 años de prisión, y a Ramírez Cárdenas le otorgaron la pena de muerte por inyección letal. En Texas la ley de pena de muerte aún está vigente.
Batalla legal hasta el último suspiro
Durante estos 20 años que lleva en la cárcel, Rubén ha intentado salvar su vida al interponer apelaciones a su sentencia de muerte, las cuales han sido rechazadas.
Incluso, Ramírez Cárdenas es uno de los 51 mexicanos, condenados a muerte, cuyos casos ordenó revisar la Corte Internacional de Justicia al no respetar sus derechos y procesos legales.
El argumento es que las autoridades estadunidenses no hicieron valer sus derechos civiles, pues, al ser de nacionalidad mexicana, no se les proporcionó algún intérprete ni se contactó a la embajada mexicana.
A estos casos se les conoce como “Fallo Avena” y fue dictado en La Haya en 2004, donde se determina que violaron los acuerdos de Convención de Viena sobre relaciones consulares para que los implicados solicitaran asistencia legal a su país tras su detención.
Sin embargo, el gobierno de Texas continúa con el proceso, a pesar de este fallo. Anunció que será el próximo 8 de noviembre cuando ejecute la pena de muerte contra Rubén Ramírez, por medio de una inyección letal.
Por su parte, la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Guanajuato, de donde es originario Ramírez, ha proporcionado asesoría legal y jurídica para su defensa.
Este martes la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el marco del Día Mundial contra la Pena de Muerte, envió un mensaje al gobernador de Texas, Greg Abott, donde le pide dar otra sentencia a Rubén por el feminicidio de su prima Mayra Laguna, ya que la pena de muerte no es la solución a la delincuencia ni a los problemas de inseguridad.
Además, la CNDH exigió respetar el derecho a la vida como lo marcan tratados y convenciones internacionales, sobre que “nadie será sometido a torturas, ni penas crueles, inhumanas o degradantes”.
ams