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Rosario Robles y FGR, sin acuerdo; en un mes, próxima audiencia

Abogados de Robles acusan que la FGR incumplió preacuerdo; la exsecretaria permanece recluida en el penal femenil de Santa Marta Acatitla, desde agosto de 2019

Escrito en NACIÓN el

Al no llegar a un acuerdo, la Fiscalía General de la República y la defensa de Rosario Robles acordaron una continuación de audiencia para el próximo 26 de marzo a las 10:00 de la mañana. Durante la audiencia que se llevó a cabo a través de una videoconferencia, la fiscalía sostuvo que la propuesta de la defensa no procedía porque se niegan a reparar el daño.

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación “se presentó inflexible a condonar la reparación del daño”, que asciende a más de cinco mil millones de pesos a través de supuestos contratos a universidades y dependencias estales.

La defensa de Rosario Robles asegura que la reparación del daño no es adecuada. La fiscalía dijo que no hay interés para que sus superiores jerárquicos acudan al reclusorio, pero que estarían atentos a la propuesta de la defensa para poder llegar a un posible acuerdo.

Poco antes de las 11:00 inició la audiencia intermedia de la extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), acusada del delito de ejercicio indebido del servicio público relacionado con el desvío de más de cinco mil millones de pesos cuando fue titular de ambas dependencias.

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Durante la audiencia de Rosario Robles, el Ministerio Público mencionó al juez que no hay condiciones para el procedimiento abreviado, ya que la exsecretaría no aceptó la propuesta que hizo la FGR para la reparación del daño.

En tanto, los abogados buscarán tener una nueva reunión con la FGR para tener un acuerdo o presentar argumentos para que no sea sentenciada.

Robles Berlanga permanece recluida en el penal femenil de Santa Marta Acatitla en la Ciudad de México, desde el 13 de agosto de 2019, cuando un juez determinó que tenía las capacidades económicas y contactos para evadir la justicia. 

La FGR pide una sentencia de 21 años, el pago de los más de cinco mil millones de pesos que supuestamente se desviaron de la Sedatu y Sedesol, así como el pago de una multa de tres millones de pesos.



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