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Robaron identidades de gente humilde para desviar millones

A San Bartolo no llegó la Cruzada contra el Hambre, por desvíos; en localidades indígenas la complexión de niños, aunque tienen 12 o 13 años, es como de 8 años

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Escrito en NACIÓN el

De casas con piso de tierra, tejado de lámina y muros construidos a base de madera y barro; con falta de electricidad, drenaje y agua potable en sus comunidades, San Bartolo Tutotepec fue uno de los municipios hidalguenses incluidos desde la primera etapa de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH), el programa del gobierno peñanietista cuyo objetivo era acabar con la pobreza alimentaria, pero no ocurrió aquí.

En la propia Cruzada, en 2015, siete personas murieron por desnutrición proteico-calórica, lo cual significa que las células de su cuerpo no tuvieron los nutrientes mínimos para sobrevivir. Y mientras las personas morían, el dinero fluía en las campañas y en la promoción política. 

Mano derecha de Rosario Robles y su oficial mayor tanto en Sedesol como en Sedatu, Emilio Zebadúa González declaró ante el Ministerio Público de la Federación que el gobierno de Enrique Peña Nieto pagó deudas y compromisos de la campaña presidencial de 2012 con recursos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, y que también fue una estrategia electoral para “la compra de votos”.  Un hidalguense en la primera línea del poder priista, Miguel Osorio Chong –exgobernador del estado y actual senador– se benefició, según Zebadúa, del dinero en agravio de sus paisanos, al emplear millones malversados en apuntalar una candidatura presidencial que nunca obtuvo, aunque el político nacido en Pachuca segura que la declaración de la mano derecha de Robles es falsa.  

Los decesos no terminaron en 2015, en el que 25.5 por ciento de la población tenía deficiencias nutricionales, una de las tasas más altas del país, ya que en 2017 la desnutrición cobró nueve víctimas más, según los registros de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).   

Otra meta de la Cruzada era terminar con la desnutrición infantil, pero en las localidades indígenas la complexión de niños, aunque tienen 12 o 13 años, es similar a la de un menor que cursaría el tercer grado de primaria, por su estatura baja y talla pequeña a consecuencia del déficit de nutrientes. La marginalidad y el hambre continúan.

EL FRACASO Y EL DESVÍO  

Un hombre con el cuerpo encorvado y sombrero de palma sube una calle empinada de este pueblo asentado en las montañas de la región Otomí-Tepehua. Su cuerpo diminuto, de un metro con 55 centímetros de estatura, se cubre con una chamarra azul –con un halo de neblina de fondo– mientras camina, a paso lento, rumbo a la plaza del municipio. 

Esta –se observa entre los habitantes– es la complexión de la pobreza en la tercera edad, de hombres y mujeres que arrastran la marginación desde la cuna, y la heredan a su descendencia. 

Según el Informe anual sobre la situación de rezago social que la Sedesol publicó en 2015, a mitad del gobierno de Peña, en San Bartolo 8 por ciento de la población carecía de drenaje; 13 por ciento, de piso de tierra; 41.5, de chimenea cuando usa leña o carbón, causantes de cáncer, y 39 por ciento se encontraba en rezago educativo. 

A diferencia de los tepehuas, el rezago educativo y que no supiera leer ni escribir, como lo comprobó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no impidió a una exfuncionaria del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) facturar al subsistema estatal de Radio y Televisión 156 millones 160 mil 900 pesos del presupuesto de la Cruzada contra el Hambre que manejaba Sedesol, ya que su nombre, con el de otras personas cuyos domicilios se ubican en Ciudad Nezahuacóyotl –en la zona urbano-marginal del Estado de México–, aparece entre los fundadores de la empresa Desarrollo Publicitario ADP, la cual, con base en la inspección que hizo la ASF, malversó recursos al emitir facturas, mas no realizar trabajo alguno. 

Esta compañía, reveló la auditoría forense D17002, estaba clasificada por la autoridad fiscal como un contribuyente con operaciones presuntamente inexistentes, pero, pese a ello, fue contratada. La dueña no sabía leer ni escribir y es una de las personas empleadas en el esquema de desvíos que tiene a Robles y Zebadúa en prisión.   

Esos 156 millones desviados superan el presupuesto anual de Tepehuacán de Guerrero, que en el último año de gobierno de Peña Nieto y víspera de transición, 2018, ascendió a 92 millones, según el exalcalde Francisco Islas Trejo,  –cuyo 85 por ciento se utiliza para nómina del ayuntamiento–, más los 38 millones que, dijo, recibieron entonces del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

“El problema, no sólo de San Bartolo, sino de toda la región Otomí-Tepehua, es que vivíamos del café, producíamos café, y desaparece el Instituto Mexicano del Café y poco a poco se van desapareciendo las huertas porque ya no hay quién nos compre. 

“No hay fuentes de empleo en esta región, entonces toda la gente quiere que los apoye la presidencia. Desde que entré, tuve, más o menos, como 3 mil solicitudes de empleo, en una presidencia que es chica, es pobre. Eso quiere decir que no hay empleo para nada”, reconoció el exedil.

Cuando se le cuestionó sobre la Cruzada Nacional contra el Hambre, en entrevista previa a que contrajera el virus, el exalcalde afirmó: “Obras yo no vi”, y aseguró que cuando tomó posesión el 5 de septiembre de 2016 no encontró en el ayuntamiento documentación de beneficiarios ni necesidades primarias; dinero de la estrategia alimentaria, aseveró, en lo que fue de su mandato no llegó. 

LOS ADOLESCENTES CON CUERPO DE NIÑO  

Para llegar a San Sebastián desde la cabecera del municipio se requieren cuatro horas en vehículo, entre pavimento y terracería, pero hasta Llano Seco y El Hongo hace falta, además de ese traslado, una hora a pie, entre cardos y abrojos, sobre el lodazal cuando llueve. 

Es ahí, en las comunidades, donde la pobreza se agudiza; donde a los niños se les remarcan los huesos sobre la carne y no crecen por la desnutrición. 

“Un niño, aquí en la cabecera municipal, que va a la secundaria, te dabas cuenta en las comunidades que, a la misma edad, tenía el físico de un niño de tercero de primaria. A esa diferencia llegaban”, reconoció Uriel Islas Miranda, parte del equipo de la Cruzada contra el Hambre, responsable de 16 jóvenes brigadistas que hicieron el diagnóstico de necesidades de la población en San Bartolo.

El exempleado federal, habitante del municipio, calculó que, de acuerdo con el levantamiento de datos y la inspección física que realizó su equipo, entre 60 y 70 por ciento de los infantes de San Bartolo tienen un grado de desnutrición, de media a extrema.  

Según el exdirector de Desarrollo Social Municipal, José Manuel Soto Neri, las familias se integran por tres o cuatro habitantes y estimó que el ingreso en las comunidades es de 100 a 150 pesos a la semana. Esto significa que, si sólo usan ese dinero para alimentación y ganan lo menos, son 14 pesos diarios los que disponen para que todos puedan comer; tres pesos con 57 centavos para cada uno. 

“Son trabajos del campo, agricultura. Hay quienes chapolean potreros o algunos que están reactivando sus huertas, los ponen a la limpia, o a quien cuida algunos terrenos propios. Estamos hablando de unos 400 o 600 pesos al mes, con los que cuentan, y eso trabajando toda la semana, porque ya ve que el clima no ayuda”.

Como el exalcalde, deduce que la Cruzada culminó por la falta de recurso, aunque desconoce del fraude mediante Radio y Televisión de Hidalgo (RTVH), y que empresas subcontratadas como Serviúnicos, inexistente en el domicilio fiscal que reportó en los contratos, recibió 56 millones 51 mil pesos del presupuesto de Sedesol.

Esta firma fue subempleada pese a que en la declaración anual que presentó en 2015 el Impuesto Sobre la Renta (ISR) estaba en ceros, lo que refiere que no tuvo trabajadores, y que su actividad preponderante es comprar, fabricar, adquirir, poseer, vender, distribuir, importar, exportar y maquilar toda clase de artículos de novedad, regalos y joyería de fantasía, diferente a los servicios que no realizó, pero por los que emitió las facturas 178, 188, 210, 209, 226, 319 y 320 a nombre del subsistema estatal. 

FRAUDE VS POBREZA

Una mujer de la tercera edad, en cuyas manos se marcan arrugas que sobresalen de su delgadez extrema, está a la entrada de una casa con puerta de madera y muros cuarteados. La dentadura casi ha desaparecido y los ojos claros, de tono verde, sobresalen de entre su cuerpo encorvado. 

Ella, aunque pobre, asegura que nunca recibió un apoyo de la Cruzada, programa que identifica por la propagada de dos tenedores entrelazados, de la cual aún queda una lona en la estancia infantil Burbujas. 

En el esquema de simulación de servicios y subcontratación de empresas falsas también fueron utilizados adultos mayores, no sólo los que no recibieron apoyos, sino que en la dirección de una mujer de edad avanzada, que vivía sola, fue registrado el domicilio fiscal de un contratista que recibió un millón 708 mil 100 pesos de RTVH; sin embargo, ella no pudo responder la solicitud de información DGAF/0542/2017 que envió la ASF el 26 de junio de 2017, ya que aseguró que en esa casa no vivía ningún proveedor del gobierno. 

El excoordinador de la brigada que hizo el censo de necesidades en San Bartolo estimó que 80 por ciento del municipio, que está conformado de comunidades marginales, tiene necesidad de comedores comunitarios, debido a que los adultos padecen pobreza alimentaria y los infantes desnutrición; sin embargo, ninguno de ellos se construyó. 

El exalcalde Francisco Islas aclaró que al rendir protesta tenía más de un año que habían retirado los apoyos federales, y que en toda la demarcación únicamente hay un comedor en la comunidad de San Andrés, para 150 personas, el cual, no obstante, fue construido en 2017 a través de una gestión con la delegación de Sedesol, y no por la Cruzada. 

En el periodo en el que operó la estrategia federal compañías como Servicios NLMK y Servicios Empresariales Helte también recibieron, vía Radio y Televisión, contratos del presupuesto para acabar con la pobreza alimentaria por 48 millones 483 mil 400 pesos y 102 millones 851 mil pesos, pese a que sus giros principales eran la joyería de fantasía y la mecánica automotriz, respectivamente.

En el primer caso, la auditoría identificó que el domicilio dado de alta ante el fisco estaba vacío, sin evidencia de que ahí hubiera existido una empresa. Ambas, además, también presentaron en ceros el Impuesto Sobre la Renta en sus declaraciones anuales de 2015, lo que refiere que no tuvieron empleados cuando supuestamente fueron subcontratadas.

Otra como Grupo Pública Espectaculares y Vallas se ubica en un lugar que, el 5 de septiembre de 2017, cuando los auditores hicieron una visita de inspección, tenía dos años clausurado, sin rastro de que ahí hubiera estado una firma.

La Silla Rota constató en los registros de Compranet que esta empresa simuladora tuvo 18 contratos por 23 millones 464 mil 611 pesos por supuestos servicios de “publicidad y difusión”, aunque carecía de activos, y que también fue empleada para la emisión de facturas por otras dependencias y organismos federales como la Lotería Nacional (contratos por 6.3, 4, 1.6 y 1.2 millones, además de 949 mil pesos), Nacional Financiera (7.5 millones) y Secretaría de Seguridad Pública –dependiente de la Segob de Osorio Chong– (2.1 millones de pesos) entre otros.

Proveedora es otra simuladora que facturó 2 millones 436 mil pesos y su domicilio fiscal es el último apartamento de una vecindad, cuyo arrendatario no pudo comprobar los trabajos que supuestamente ahí se habían realizado.

Los habitantes calculan que entre 2014 y 2015 terminó la estrategia para combatir el hambre en San Bartolo, sin éxito, y que no recibieron beneficios directos de los datos que proporcionaron sobre necesidades prioritarias por cada localidad. Los años siguientes, y ya con el actual gobierno, aseguran que la marginación continúa, agravada con la pandemia de Covid-19.

“Lamentablemente, después de entregar la información no sé cómo estuvo el manejo del recurso, pero nos dijeron que se terminaban nuestros contratos”, dice Uriel Islas, excoordinador del programa en el municipio.

“Para lo que a nosotros nos utilizaron fue para sacar la información. Hasta la fecha la gente se acuerda de la Cruzada y nos reclama”, reconocen brigadistas, quienes revelaron que, cuando los cesaron, les quedaron a deber de dos a tres quincenas de trabajo.

APOYOS QUE NO LLEGAN A QUIEN LO NECESITA  

Tienen nombre, pero no un documento que acredite cuándo nacieron, dónde, ni quiénes son sus padres: los pobladores en pobreza extrema de San Bartolo Tutotepec no pueden ser beneficiarios de apoyos sociales porque legalmente no tienen identidad, pues no cuentan con actas de nacimiento.  

“Antes se los llevaba el padrino para registrarlos, luego regresaba con ellos, pero nada más había escogido el nombre”, cuenta una persona de la tercera edad que trabaja en la cabecera, quien asegura que la población más agraviada no recibe dinero ni despensas del gobierno, que, insiste, no ha censado correctamente a la población.

“Hay una señora que anda en la calle, aquí abajo, rumbo a los Reyes, no tiene hijos que la cuiden y vive de lo que le dan. Luego gana 20 pesos al día lavando trastes, nomás para comer, y ni tiene Prospera”, narra doña Idalia, nombre que no es el suyo, porque pide que el verdadero no se utilice porque cree que puede ser afectada si la identifican. 

Ella denuncia que existen familias con ganados, tierras y trabajo en la administración pública en la que uno o dos integrantes reciben el dinero de Prospera, calcula unos cuatro mil pesos al mes, mientras que los más vulnerables no la tienen. 

Aunque con servicios simulados y uso de empresas de papel, entre 2014 y 2015 Radio y Televisión de Hidalgo fue parte de un desvío de 955 millones de pesos de la Cruzada contra el Hambre y programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social, entonces a cargo de Rosario Robles, en 2012, con ese mecanismo –un modus operandi después bautizado como Estafa Maestra–, ya había malversado 127.3 millones de pesos del presupuesto de cinco dependencias federales: la Secretaría de Salud, el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Programa Oportunidades. Este subsistema de Hidalgo fue laboratorio de la corrupción.

(djh)