La Lotería Nacional (Lotenal), que arrastra problemas de operación detectados desde 2014, ahora se enfrenta al riesgo de que la venta de cachitos para la rifa del avión presidencial apenas sea suficiente para pagar los 100 premios por un monto de 2 mil millones de pesos que obtendrán los ganadores.
Además, desde agosto La Silla Rota documentó una serie de denuncias de burócratas y hasta de altos funcionarios que fueron presionados y obligados a comprar cachitos del sorteo en dependencias como Pemex, Infonavit y hasta en la Sedena.
Según el presidente Andrés Manuel López Obrador se tenía proyectada la venta de 6 millones de “cachitos”, cada uno a un costo de 500 pesos, lo que daría un monto final de 3 mil millones de pesos.
“En el caso de la Lotería serían 6 millones de números, de cachitos, para que se entienda; 500 pesos, son 3 mil millones de pesos…si son 130 millones de dólares, estamos hablando de dos mil 500 millones de pesos. Al que ganara el avión se le daría, ya incluido, el servicio de operación de dos o un año”, anunció el mandatario el 17 de enero de 2020.
Sin embargo, a nueve meses de que se hiciera el anunció, Ernesto Prieto Ortega, director General de Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Lotenal), informó, durante la mañanera de este lunes 14 septiembre que sólo se habían vendido el 69.65% de los billetes puestos a la venta, lo que equivale a 2 mil 89 millones 500 mil pesos, monto inferior a lo anunciado por López Obrador.
“Son 100 premios de 20 millones de pesos cada uno y, como ustedes bien saben, es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre. El siguiente son los ingresos que se han generado al día 11 de septiembre, dos mil 89.5 millones de pesos. Se han vendido cuatro millones 179 mil cachitos, equivalentes al 69.65 del total disponible”.
Documentos consultados por La Silla Rota, refieren que el dinero que, hasta el momento se ha recaudado es insuficiente para cubrir el costo de dos mil 255 millones de pesos que ha pagado el Ejército, sólo por concepto de arrendamiento a través de ocho pagos.
“Se hace de su conocimiento que durante el sexenio que refiere-Felipe Calderón Hinojosa-, se adquirió una aeronave marca Boeing 787-8 Dramliner de transporte estratégico para uso de la Presidencia de la República, y hasta la fecha se han pagado ocho anualidades por concepto de arrendamiento financiero, por un total de $2 mil 255 millones 842,960.66”.
VENTAS “VOLUNTARIAS”
La Silla Rota comenzó a documentar desde el pasado 12 de agosto que en Pemex se usaron canales institucionales para “solicitar” a los trabajadores comprar cachitos. Incluso, trabajadores relataron que se colocaron stands de venta de billetes en los pasillos de oficinas de la empresa.
Posteriormente, también se reveló en este medio que en el Infonavit se convocó a trabajadores a que participaran en la compra de cachitos. Lo mismo sucedió en instalaciones militares, para que soldados también pudieran comprar.
Funcionarios consultados en dependencias federales dijeron que incluso se les había solicitado que pidieran a proveedores que apoyaran con la compra de cachitos.
Hasta René Bejarano, famoso por embolsarse hasta las ligas del dinero que pedía al empresario Carlos Ahumada, siendo secretario particular de López Obrador en el entonces DF, apareció en redes sociales presumiendo sus cachitos de la rifa del avión presidencial.
Buenas noches !! Apoyemos la iniciativa del Presidente @lopezobrador_ para la rifa del avión presidencial, que se llevará acabo el 15 de Septiembre del 2020 #LoteríaNacional #CdMx #México @lotenal pic.twitter.com/oESpmMksP3— RENÉ BEJARANO (@RENE_BEJARANO_M) September 15, 2020
INDAGAN PRESUNTAS ANOMALÍAS
Documentos indican que en 2019 se detectó la inconsistencia en la integración de expedientes de venta de “cachitos” “con otorgamiento de garantías para la dotación adicional de billetes a sorteos especiales de la Lotería Nacional”.
“La inconsistencia de operar un marco normativo interno no confiable y sin revisiones periódicas que aseguren certeza jurídica, incide en una regulación que obstaculiza la optimización de los procesos y disminuye la eficacia de la gestión pública”, menciona una cédula de observaciones hechas a 2019 por la Secretaría de la Función Pública.
De acuerdo con la auditoría 06750, efectuada por la ASF, la Lotenal careció en 2019 de protocolos de seguridad para llevar a cabo sorteos especiales.
“Como resultado de este análisis se observó que las áreas auditadas no acreditaron la existencia de políticas, procedimientos y criterios para la clasificación, organización, seguimiento, localización resguardo y custodia de los expedientes, asimismo no se encontraron directrices documentales para la ejecución de atribuciones y funciones de los servidores públicos involucrados y obligados a mantener los archivos actualizados, debidamente organizados y conservados”.
Estos señalamientos son precedidos por las irregularidades detectadas en 2015 por la ASF, en las que se detectó que la Lotería Nacional está no era capaz de cubrir actividades de las actividades que realiza.
Según el análisis de la Cuenta Pública 2015, en 2015 se tuvo un déficit de 566.4 millones de pesos, lo que llevó a la federación a transferir 527.6 millones de pesos, debido a la baja en las ventas de billetes de lotería.
LOTENAL, EN CRISIS
Un documento del gobierno federal de 2014 dictaminó que la Lotería Nacional estaba ya sumida en crisis. Esta dependencia nació el 16 de agosto de 1920 por decreto presidencial, pero para el sexenio de Enrique Peña Nieto las ventas entre 2008 y 2014 habían caído en casi 500 millones de pesos.
El mismo informe reportó que las principales amenazas radicaban en que la población que compra billetes de lotería eran principalmente adultos o adultos mayores, mientras que la población más joven perdía interés en este tipo de sorteos.
Un reporte publicado en El Universal en junio de 2014 señaló que la cartera vencida era la principal debilidad de la Lotenal.
De hecho, para 2010 el gobierno tenía claro que la Lotenal estaba perdiendo atractivo. En ese entonces el mercado formal de juegos y sorteos implicaba un monto de más de 77 mil millones de pesos, pero el 74% correspondía a los juegos en línea, 20% a la Lotería Nacional y el resto a casinos.
Además, el gobierno detectó que el crimen organizado atacó hasta a los vendedores de cachitos y que, en estados como Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Zacatecas y Chihuahua, en 2014, les cobraban “derecho de piso” y hasta llegaron a pagar rescate por secuestros.