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Revocación de mandato: entre el dilema de participar o abstenerse

Columnistas y colaboradores de Grupo La Silla Rota argumentan sobre la pertinencia o no de participar en el ejercicio de consulta de revocación de mandato

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Escrito en NACIÓN el

La mayoría de los articulistas y columnistas de Grupo La Silla Rota están en contra de la participación en la consulta de revocación de mandato a celebrarse este domingo 10 de abril, contra un porcentaje menor que opina que se debe participar en el ejercicio organizado por el INE.

Alrededor de un 65% de las plumas de la barra de Opinión de esta casa editorial se manifestaron por la no participación en la revocación, contra un 35% que opina por la participación.

Este domingo habrá 280 mil funcionarias y funcionarios de casillas que estarán listos para recibir (o no) el voto de los mexicanos en la consulta de revocación de mandato.

La Ley Federal de Revocación de Mandato (publicada en el 2021) establece en su artículo 5 lo que es esta acción ciudadana: "El proceso de revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza".

La consulta plantea la pregunta: "¿Estás de acuerdo en que al presidente de los Estados Unidos Mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de la confianza, o siga en la presidencia de la república hasta que termine su periodo?".

Las respuestas posibles son las siguientes o el anular el voto:

Respuesta 1: Que se le revoque el mandato por pérdida de confianza.

Respuesta 2: Que siga en la presidencia.

POR EL SÍ

Para la consejera del INE Carla Humphrey, al argumentar su posición en favor de la participación en la consulta, indicó que se debe ver este ejercicio como la oportunidad de la ciudadanía de apropiarse de los mecanismos de democracia directa, que están diseñados y pensados originalmente para todas y todos.

“Es una forma en que directamente se puede incidir en las decisiones públicas del país y no solamente votando por personas a cargos de elección popular. Se puede decir que es, directamente, la oportunidad y la vía institucional para hacernos oír”, explicó.

José Antonio Sosa Plata, especialista en comunicación política opinó que “la consulta es un derecho constitucional, porque se trata de un ejercicio de la democracia participativa que reduce los riesgos frente a una mala gestión de las y los gobernantes; porque la abstención o el voto nulo solo favorecen a quienes detentan un mayor poder. Si hay desacuerdo con lo que establece la ley o el procedimiento aprobado, entonces el problema debe ser corregido institucionalmente. Aunque es obvio que la consulta no cumplirá a cabalidad con los valores de un sistema democrático moderno, es preferible preservarlo y mejorarlo, en lugar de asumir los costos de sabotearlo”.

Al respecto el senador César Cravioto indicó que “es importante que se fortalezca la democracia participativa en nuestro país, y que la Revocación de Mandato se extienda a todos los mandatarios estatales. Hoy, la democracia está fincada cada vez más en la participación ciudadana directa y este ejercicio constituye una alternativa libre, legítima, pacífica para que los ciudadanos tengan cada vez más herramientas para que se les tome en cuenta”.

Para el consultor Carlos Gastélum “debemos participar para reiterar nuestra confianza en el INE como árbitro electoral y órgano fundamental de la democracia mexicana. Participar es manifestar que seguimos teniendo autoridad electoral confiable que se acompaña por el civismo de los ciudadanos que hacen posible las jornadas de votación”.

Fernando Díaz Naranjo, politólogo y periodista, advirtió que hay que participar porque  "el votar en elecciones o bien en ejercicios como el de este domingo 10 de abril, denominados de participación ciudadana, constituyen un derecho y una obligación que se encuentra consagrada en nuestra Constitución Política".



NO PARTICIPAR

Sin embargo, también hubo voces que afirman que la abstención también es una manifestación democrática.

Para el político Marco Adame “la consulta popular es una modalidad de participación ciudadana, y está convocatoria tiene claros vicios de origen y de promoción que invalidan su propósito y hacen innecesaria y muy costosa su aplicación. La consulta tal y como se está desarrollando pervierte y deteriora nuestra democracia, en medio de la profunda crisis social, económica y política que afecta al país, es un distractor que carece de utilidad pública y que solo beneficia a quien lo promueve”.

Julio Castillo, presidente de la Fundación Carlos Castillo Peraza, resaltó que no participará “porque López Obrador sólo hace esto para abonar a su discurso en el que intenta desacreditar al INE. Además, al reconocer que sólo con el 40% de participación es válida la consulta, la no participación es también una forma de participar, desacreditando el ejercicio”.

Elena Estavillo, economista especialista en competencia, regulación y género, aseguró que “no participar es un acto de protesta ante la manipulación del ejercicio, que debería ser una iniciativa ciudadana y se ha vuelto una acción impulsada desde el gobierno, apoyada en actos ilegales. Además, porque incrementar la participación ciudadana podría hacer que los resultados sean vinculatorios y allí hay un riesgo de ulteriores manipulaciones”.

El consultor y académico Leonardo Martínez indicó que no piensa ser parte de un uso indigno e inmoral de recursos públicos, “habiendo tantas necesidades apremiantes en materias como atención a la pobreza, salud y de combate a la violencia contra las mujeres, por ejemplo, malgastar tanto dinero en este ejercicio espurio es insultante”.

Romina Román, especialista en finanzas, sostuvo que le parece un ejercicio innecesario que implicó un desgaste político y sobre todo económico. “Desde mi punto de vista, los recursos que se destinaron a la revocación de mandato bien se pudieron utilizar para áreas que son prioritarias en este momento como es el enorme desabasto de medicamentos —que según expertos puede ser de entre 30 y 40%—, para incluir a los menores de 12 en el esquema de vacunación y para mantener o ampliar el programa de escuelas de tiempo completo, por ejemplo”.