La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados revisará, este martes, el informe de gasto federalizado de la Cuenta Pública 2019 en una reunión a puerta cerrada con el auditor del ramo, Emilio Barriga.
El reporte del primer año de la Cuenta Pública 2019 de este sexenio se enfocó, principalmente, en los resultados de las auditorías de las principales obras del gobierno actual, así como el costo de la liquidación del que sería el nuevo Aeropuerto Internacional en Texcoco.
Pero la cuenta del gasto federalizado es el tema más sensible, pues refleja cómo distribuyó el gobierno federal la mayor parte de sus recursos en los estados, cuánto entregó y éstos cómo lo gastaron.
Entre 871 auditorías, resaltó que estados y municipios mantienen su dependencia al dinero que reciben de la federación.
La Auditoría Especial del Gasto Federalizado de la @ASF_Mexico compareció en la @Mx_Diputados para la glosa de la entrega de informes individuales de la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 pic.twitter.com/FUWcT5dotM
— ????Emilio Barriga ???? (@barrigae) March 16, 2021
En entrevista con La Silla Rota, Mario Alberto Rodríguez (MC), presidente de la Comisión de Vigilancia, explicó que el formato tradicional de estas sesiones es a puerta cerrada por ser una reunión de trabajo, más que una comparecencia.
¿QUÉ DICE EL INFORME DE GASTO EN ESTADOS?
El 20 de febrero el auditor superior, David Colmenares, informó a la presidenta de la Cámara de Diputados y a los coordinadores parlamentarios que el gasto federalizado equivale al 9.9 billones de pesos. Destacó que equivale a la tercera parte del presupuesto de la Federación.
El informe arrojó tres conclusiones principales: se redujo y retrasó la entrega y distribución de participaciones a estados y municipios; no se justificaron las deducciones realizadas a las participaciones municipales; y estados y municipios siguen dependiendo de la entrega de recursos federales, por lo que recomendó a éstos incentivar e incrementar sus propios recursos.
La ASF también detectó que en las auditorías por estados es difícil revisar el destino de los recursos. Sugirió emitir criterios claros para mejorar la transparencia en la clasificación y registro del gasto federalizado, y recomendó a la Secretaría de Hacienda y al Coneval emitir lineamientos normativos al respecto.
Colmenares precisó que por estos resultados, se han iniciado mil 804 procesos de fincamiento de responsabilidades resarcitorias; mil 439 de responsabilidad administrativa y mil 385 pliegos de observaciones por no solventación legal de la información.
Hace dos semanas, el Congreso aprobó la creación de un Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, que analizará el camino al análisis para una reforma fiscal y temas hacendarios durante la segunda mitad del sexenio.
El acuerdo publicado en la gaceta parlamentaria de San Lázaro precisó que abordará temas como “deuda pública, cuenta de la hacienda pública, trabajos de la convención nacional hacendaria, federalismo fiscal”.
Igualmente, del “análisis de los requerimientos de gasto de la segunda mitad del sexenio, la reforma en materia de pensiones y preparación de los trabajos para la creación del Instituto de Estudios de la Hacienda Pública".
LOS DETALLES DE LA REUNIÓN
Mario Alberto Rodríguez describió que la reunión de trabajo con el auditor Barriga puede durar lo mismo 30 minutos o 5 horas, “dependiendo de la necesidad de información de cada diputado”, dijo.
“Queremos que nos digan cuáles auditorías se cerraron con la retroalimentación del ente o cuáles están sujetas a aclaración. Qué porcentaje tenemos y, a partir de la explicación que nos dé el auditor, podríamos dar una opinión sobre cuáles están bajo un proceso de fiscalización y observación fuerte.
“Esa es la ruta, para poder generar opinión sobre la ampliación que se nos dé, profundizar en cada uno de los entes en el ámbito estatal o federal para ver su situación con más claridad y hacia dónde podría encaminar. Si en estos entes fue por falta de información entregada, daremos seguimiento”, dijo.
De ser necesario se llevará una segunda reunión para dar continuidad al tema. Después de esta reunión, sobre gasto federalizado, la siguiente será sobre desempeño a seguimiento jurídico.
LAS CIFRAS
Durante su exposición Barriga señaló que 2019 es un año con una marcada reducción del gasto federalizado (1,924,475.4 mdp) similar a 2013 (1,934,952.8 mdp), pues las cifras fueron mucho mayores durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Precisó que del total del gasto federalizado, poco más de la mitad se gastó en el rubro federalizado programable (mil 45 millones de pesos) y el resto en participaciones federales (879 millones de pesos). En el caso de las entidades federativas el gasto federalizado equivale al 84.6% de sus ingresos totales, mientras que para los municipios equivale al 71.7 %. Guerrero, Chiapas, Michoacán, Tlaxcala, Morelos, Tabasco, Nayarit Veracruz e Hidalgo son las entidades cuyos ingresos oscilan entre el 90 y 96.8%; mientras que en Quintana Roo, Nuevo León, Chihuahua, Sonora y Estado de México equivalió a entre el 70 y 77%.
LAS IRREGULARIDADES
Barriga expuso que se detectaron irregularidades administrativas en un monto de 29 mil 290.3 mdp. Las principales fueron falta de documentación justificativa y o comprobatoria del gasto; transferencia de recursos a otras cuentas bancarias y pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal, entre otros.
También detectó que la principal razón por la que hay créditos fiscales incobrables (279 mil 712 mdp) es la no localización de los contribuyentes.
En cuanto al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas que ascendió a mil 924 mdp, detectó que en el 96% de éstos, hay recursos o rendimientos financieros no ejercidos, no devengados y/o sin ser reintegrados a la Tesorería.
En el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de Estados y el Distrito Federal (equivalente a 7 mil 210 mdp) se encontró que en el 73% de estos recursos distribuidos en 32 entidades, faltó la documentación justificativa y comprobatoria del gasto. En un 21% faltó la formalización de un contrato o convenio de prestación de servicios y gastos erogados; en 5% se detectaron bienes adquiridos o no localizados.
Cabe recordar que este tema fue polémico para el presupuesto 2021 en el que se le asignó cero pesos a este rubro aunque entidades y municipios solicitaron a la bancada oficialista de la 4T corregir el tema, aunque no se llegó a ningún acuerdo. Sin embargo, las entidades, a petición de la ASF, solventaron el 72% por aclaraciones.
Barriga destacó que en 2020, bajo el contexto de la pandemia, se modificaron los plazos de entrega de información y se utilizó la herramienta del buzón digital para recibir documentos.