A diez días de que inicie el último período ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, la secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde adelantó en reunión virtual con grupos de empresarios, que la intención es que la propuesta del presidente López Obrador para eliminar la figura del outsourcing se discuta y dictamine como iniciativa preferente en un plazo de 30 días. Esto significaría votar el tema en los primeros días de marzo. Sin embargo, la funcionaria no contaba con una nueva propuesta del sector empresarial para sustituir la figura del reparto de utilidades por bonos de productividad pues consideraron que esto les permitiría mayor competitividad a nivel internacional.
El foro de esta tarde, fue el primero de cinco y concluirán la próxima semana. Desde el inicio, Alcalde aseguró "no está a discusión el derecho constitucional de los trabajadores al reparto de utilidades ni tampoco su porcentaje".
Los representantes empresariales explicaron sus razones. Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, aseguró que el reparto de utilidades tiene 49 años de antigüedad y que su objetivo se ha desvirtuado con el tiempo. "El PTU debe estar ligado a factores de desempeño, productividad y no sólo a el salario devengado y años de antigüedad", dijo. Agregó que eso le impide competir a nivel internacional con otras empresas. Explicó que el tema está relacionado con eliminación del outsourcing al aumentar el número de empleados que pasarán a la formalidad laboral. "No estamos defendiendo un privilegio de nadie, sino que nos interesa defender las mejores decisiones".
Francisco Cervantes de Concamin enlistó que la competitividad empresarial se reduce “al pagar una tasa corporativa de ISR del 30% además de un 10% de ISR de dividendos más aparte el 10% del reparto del PTU”; y sumó a esto el paso de aguinaldo así como otras prestaciones laborales. "Ha significado para las empresas un aumento en los costos laborales de entre 3 y 6%", señaló por lo que propuso reducir el PTU, como máximo, a un mes de salario “para no afectar la competitividad en diferentes sectores de la industria”.
"Seguramente me voy a ganar una llamada de atención pero Volvo Camiones ya no está en México, sigue Volvo Autobuses y Volvo Camiones de otra división. Si seguimos poniendo condiciones que en otros países no hay ¿A dónde van a preferir irse las empresas? En otros países no hay PTU, es una figura que México tiene y qué bueno que la tiene. Pero si nosotros ponemos este reparto de utilidades con un tope más alto nos van a empezar a tomar la decisión de irse a otro lado donde haya mayores facilidades. Y eso nos va a pegar en el empleo", advirtió.
Enoch Castellanos de Canacintra reiteró que eliminar el outsourcing complican el escenario laboral. “Estoy seguro que si seguimos aumentando cargas y radicalizamos posiciones al amparo de los derechos de transacciones mercantiles, como es cualquier tipo de contratación, podemos llegar a tener este efecto contrario y un aumento en la informalidad laboral", dijo. Aunque también participaron los representantes sindicales de la CTM y CROC, su posicionamiento general fue no ir en contra de los derechos laborales.
Al final de la reunión de tres horas, y tras escuchar la postura del sector empresarial, Alcalde finalizó diciendo que la última palabra es de los legisladores. Y recordó a los empresarios que una parte de ellos no pagaban impuestos en anteriores administraciones. "Precisamente porque ha habido desequilibrio en el cobro de impuestos, esta administración impulsó el pago de impuestos de quienes no solían pagar Qué son las grandes empresas y ahí hemos dado buenos resultados", dijo. Salazar Lomelí le respondió “las empresas han pagado siempre sus impuestos… Lo que se ha cobrado, y aplaudo el esfuerzo del SAT y lo felicito, es que se han arreglado diferendos que venían de años anteriores... Fue un complemento al pago de impuestos. Es solo para aclarar esa idea de que esas empresas no pagaban impuestos".
(djh)