El exjefe negociador del T-MEC, Kenneth Smith Ramos, advirtió que la iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica presentada ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador es contraria a los compromisos firmados por México en tratados internacionales.
Smith Ramos aseguro que de proceder estos cambios provocará que Estados Unidos y Canadá puedan demandar a México.
El experto en comercio exterior señaló que estos cambios que busca implementar en México, atentan contra la competencia en el sector eléctrico nacional y afectará al medio ambiente.
En su cuenta de Twitter, el exjefe negociador del Tratado, dijo que tanto Estados Unidos como Canadá, podrían usar las herramientas establecidas en el T-MEC, como el mecanismo de solución de controversias, o las empresas, iniciar casos inversionista-Estado contra México, lo que costará miles de millones de dólares en represalias.
La iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica es contraria a los compromisos de #México en #TMEC y demás #TLCs, y atenta en contra de la #competencia en el sector eléctrico. Además causaría estragos al medio ambiente. Carambola de tres bandas #Recapaciten...
— Kenneth Smith Ramos (@KenSmithramos) February 2, 2021
La Ley de la Industria Eléctrica fue ejecutada durante la reforma energética que se hizo en la administración pasada, con lo que pretende establecer como obligación los límites a la generación de electricidad privada y la dominancia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Entre los cambios más relevantes está el orden de despacho al que se obligaría al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que como gestor de la red ahora no ponderaría el uso de energía más barata por nodo, sino en primer lugar la energía de las hidroeléctricas de la CFE, seguida por la que se genera en otras plantas de la estatal, la eólica (de privados para intercambio entre ellos o venta a la CFE) y finalmente los ciclos combinados de la CFE, dejando al último las otras renovables, como solar, de privados.
Sobre el otorgamiento de permisos de generación, que hoy entrega la Comisión Reguladora de Energía (CRE) como una obligación (como una licencia de conducir, que toda persona en México tiene derecho a obtener si la solicita) ahora se sujetarán a criterios de planeación de la red y podrán ser negados.
También se obligará al regulador a regulador a revocar permisos “obtenidos mediante la realización de actos constitutivos de fraude a la ley”, y se obligará al gobierno a revisar la rentabilidad y continuidad de los contratos de productores independientes de energía (PIE) que le venden a la CFE.
kach