Las medida de Andrés Manuel López Obrador ante la pandemia del coronavirus, las cuales incluyen la desaparición de 10 subsecretarías, además de no otorgar aguinaldos y reducir el 25% del sueldo a cerca de 20 mil funcionarios públicos, principalmente mandos medios y superiores, durante este 2020, ha causado molestia entre la burocracia de las secretarías de Cultura, Trabajo, Hacienda y Relaciones Exteriores.
“Cada vez es más difícil. El anuncio se recibió fatal", indica una funcionaria dentro de la SHCP, que accede a hablar para el diario español El País bajo condición de anonimato como el resto de fuentes consultadas.
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Cabe señalar que el anuncio de AMLO de pasado 22 de abril causó sorpresa y generó malestar para muchos funcionarios públicos, luego de que López Obrador evitara adoptar medidas contracíclicas para enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia, lo que se busca paliar al disponer de 3 mil 500 millones de pesos extras para resistir el temporal.
“Estos recortes se suman a importantes recortes previos... Ya pasaron la epidermis y el músculo. Están llegando al hueso”, indica un empleado de una dirección de la cancillería. “Estamos muy desmoralizados”, añade.
“El peligro es que puede ser muy difícil remontar de un recorte así”, señala otra servidora al interior de la Secretaría de Cultura.
Se destaca que el recorte perfilado por AMLO impactará, sobre todo, al grueso de funcionarios de la Cuarta Transformación (4T), pues los recursos provendrían principalmente de los 12 mil 501 subdirectores y 5 mil 643 directores dentro del aparato gubernamental, según expone la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. A los que se sumarían 913 directores generales adjuntos, 584 directores generales, 104 jefes de unidad, 104 subsecretarios, 26 secretarios de Estado y el propio presidente.
“Se está afectando a 20 mil familias”, considera Marco Fernández, uno de los autores del estudio e investigador de temas de Anticorrupción de México Evalúa, que resalta que el recorte representa solo el 0.57% de los recursos con los que el Gobierno pretende hacerse para afrontar la crisis, es decir cerca de 622 mil 500 millones de pesos.
El pasado 28 de abril, LA SILLA ROTA publicó el caso de un gerente en Petróleos Mexicanos (Pemex), quien a través de un oficio rechazó la reducción de una cuarta parte de su salario, pues significaría poner en riesgo sus sustento y el de su familia.
"Respecto a dicha solicitud, la cual se especifica que es de manera voluntaria [...] me permito manifestar que, si bien soy consciente y sensible de la actual situación [...] lamento informarle que, por los compromisos económicos personales relacionados con mi sustento y con el de mi familia, no me es posible apoyar dicha medida ya que pondría en riesgo mi sustento y el cumplimiento de obligaciones previamente adquiridas", expuso.
Por su parte, el analista de México Evalúa considera que más allá de los hogares de los funcionarios, los más afectados serán los ciudadanos. “Los directores de área son quienes operan áreas fundamentales del Gobierno. Son los que hacen que salgan adelante los programas sociales”, indica el académico.
Recordar también que el decreto presidencial contempla el freno del 75% del gasto dedicado a servicios generales, materiales y suministros, lo que puede traducirse en el entorpecimiento de los 37 programas prioritarios fijados por el jefe del Ejecutivo. “¿Con qué recursos se atenderá un incendio forestal? ¿Está garantizado el dinero para atender la temporada de huracanes? ¿Quién dará servicio a los servidores de la Secretaría de Educación Pública si necesitan alargarse las clases a distancia por la contingencia?", se pregunta Fernández.
Versiones extraoficiales indican que López Obrador pidió el jueves 23 de abril en una reunión con su Gabinete en Palacio Nacional los nombres de las oficinas que pueden desaparecer. Sin embargo, nada se ha concretado desde entonces, mientras el decreto fue ampliamente criticado por especialistas en Derecho por sus formas desaseadas.
“El texto refleja el sistema presidencialista en el que vivimos: los presidentes piensan que pueden hacer lo que quieran”, considera Hugo Concha Cantú, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional, quien además opina que el decreto de AMLO no cumple las formalidades básicas y parte de supuestas facultades que el mandatario no tiene. “El presidente cree que la figura del decreto es equivalente a una ley”, señala el también profesor del ITAM.
(diego joaquín)