La reconstrucción y rehabilitación de 28 hospitales afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, por parte de la Secretaría de Salud, careció de confiabilidad, ya que la dependencia federal no acreditó con evidencia documental la conclusión de dichos proyectos que reportó. Tampoco informó el tipo de infraestructura al cual correspondieron, si eran hospitales o centros de salud, ni la entidad federativa a la que pertenecían los inmuebles.
Así lo reportó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe individualizado que forma parte del programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018.
La secretaría tampoco informó el estatus de los restantes 104 inmuebles, “por lo que se desconoció si las actividades realizadas por la secretaría contribuyeron a salvaguardar a la población así como al restablecimiento de la infraestructura y los servicios en los hospitales y centros de salud afectados”.
De acuerdo con el documento, la dependencia tampoco acreditó la planeación de las obras para los 132 hospitales que fueron afectados por los sismos en seis entidades.
Otra irregularidad detectada es que se hallaron inconsistencias entre los montos diagnosticados por 491 millones 8 mil 500 pesos y los que fueron solicitados mediante 10 oficios por la Secretaría de Salud a la de Gobernación para la reconstrucción o rehabilitación, que sumó un monto de 311 millones 88 mil 500 pesos. En esta anomalía destacó la falta de evidencia para acreditar la gestión de los recursos para atender los daños en la Ciudad de México que ascendían a 179 millones de pesos, “sin que la dependencia acreditara y explicara las causas que ocasionó dicha situación”.
No fueron las únicas inconsistencias. Otra fue que de los avances registrados en la materia en cuatro de los seis estados afectados: Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Morelos, se registró una disminución en los porcentajes de avance, sin que la Secretaría de Salud explicara las causas de dichas variaciones.
“Se careció de información relevante sobre el avance de los proyectos y de la aplicación de los recursos en el resarcimiento de los daños”, se lee en el documento.
DIAGNÓSTICOS MAL HECHOS
A causa de los sismos del 7 y 19 de septiembre, se registraron daños en 224 hospitales o centros de salud, y en 91 edificios administrativos correspondientes al sector salud. Del total de los hospitales dañados, a la Secretaría de Salud, en coordinación con las Secretarías de Salud Estatales, les correspondió atender al 59 por ciento del total de hospitales, equivalentes a 132, los cuales se distribuyeron de la manera siguiente: Chiapas (11), Ciudad de México (19), Guerrero (9), Estado de México (37), Morelos (9) y Oaxaca (47).
De acuerdo con el informe individualizado de la ASF en materia de cuantificación de daños, la Secretaría de Salud integró 11 diagnósticos definitivos de las seis entidades federativas que registraron afectaciones en la infraestructura física en salud por los sismos de 2017, en los que se cuantificó la necesidad de requerir 491 millones 8 mil 500 pesos para la atención de 132 inmuebles a cargo de la dependencia, la cual definió los requerimientos, los montos y las acciones necesarias para resarcir las afectaciones ocasionadas por la ocurrencia de los sismos.
Pero los 11 diagnósticos fueron deficientes, ya que no incluyeron la información relativa a la duplicidad de los apoyos otorgados, la referencia del tipo de unidad (hospital o centro de salud), ni la clasificación del tipo de trabajo que se realizaría (reconstrucción o rehabilitación), “lo que propició que se desconociera el número de obras que se requerirían para resarcir las afectaciones”.
Además, se identificaron 93 obras en las cuales no se acreditó la evidencia documental de alguna cédula que justificara su inclusión, lo que incidió que no se contara con mecanismos que garantizaran su correcta integración.
La Secretaría elaboró 39 cédulas de evaluación en 39 inmuebles del sector salud por la ocurrencia de los sismos; además de que acreditó la instalación y su intervención en ocho subcomités de evaluación de daños en las seis entidades que sufrieron afectaciones, pero los formatos utilizados para reportar el proceso de evaluación no contaron con cuatro de 10 elementos establecidos en la normativa, referentes a la jurisdicción sanitaria, clave de la localidad, tipo de unidad y su capacidad, “lo que denotó la falta de confiabilidad en el reconocimiento de las afectaciones”.
PLANEACIÓN NO ACREDITADA DE LAS OBRAS
En cuanto a la programación de obras para resarcir los daños, la Secretaría de Salud no acreditó la planeación de la totalidad de las obras diagnosticadas, debido a que sólo se evidenciaron 10 programas que incluyeron la planeación en 44 de los 132 inmuebles del sector salud que fueron diagnosticados con afectaciones, sin que la dependencia precisara cuántos de éstos correspondieron a hospitales y cuántos a centros de salud.
Salud tampoco informó sobre cuáles fueron las causas que motivaron la falta de información respecto de los 88 inmuebles restantes, lo que limitó a la dependencia para acreditar si el procedimiento utilizado se realizó conforme al protocolo de atención.
Además, en la programación de las obras, la secretaría no acreditó información del tipo de infraestructura a la que se referían, ni de los trabajos efectuados, lo que impidió que se definieran como una herramienta de planeación para conocer los alcances y las características que intervendrían en su ejecución.
Respecto del seguimiento en la ejecución de las obras de reconstrucción y rehabilitación, la Secretaría de Salud acreditó la elaboración de cinco informes trimestrales de los avances físicos y financieros; pero sólo contenían información genérica, sin especificar las obras, el tipo de acción a realizar (reconstrucción o rehabilitación), los recursos económicos y el número de inmuebles que fueron atendidos en incumplimiento de los Lineamientos de Operación Específicos del Fondo.
Los avances presentados tampoco incluyeron el número de inmuebles reportados, debido a que la secretaría no acreditó la información, por lo que éstos no fueron congruentes con la información de la evaluación de daños (39 unidades), diagnósticos definitivos (132 diagnósticos) y programas de obras (44 inmuebles).
INCONSISTENCIAS RESPECTO A AVANCES
También existieron inconsistencias respecto de los avances registrados en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Morelos, debido al registro de una disminución en los porcentajes de avance, sin que la Secretaría de Salud explicara las causas de dichas variaciones, por lo que se careció de información relevante sobre el avance de los proyectos y de la aplicación de los recursos en el resarcimiento de los daños.
La dependencia tampoco acreditó información sobre la inspección física y la verificación efectuada a las obras, la cual debía realizar de acuerdo con los Lineamientos de Operación Específicos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden).
88 MILLONES PARA RESARCIMIENTO, SIN CONTROL
En relación con la economía y la rendición de cuentas, a pesar de que la Secretaría de Salud reportó en sus documentos internos la erogación de 88 millones 865 mil 800 pesos, la secretaría no contó con información del control, registro y clasificación en el ejercicio de los recursos destinados al resarcimiento de las afectaciones, ni que éstos se utilizaron con base en los criterios de eficiencia, eficacia, economía, control y rendición de cuentas, debido a que no indicaron el tipo de infraestructura con la que se correspondió cada obra, los contratos, así como las explicaciones respecto de las variaciones registradas en ese año, por lo que no se tiene certeza sobre el uso y destino de los recursos otorgados.
Con la atención de las recomendaciones emitidas por la ASF, se espera que la Secretaría de Salud analice las deficiencias detectadas, proponga cambios dirigidos a fortalecer su participación en los protocolos de atención ante la presencia de daños ocasionados a la infraestructura física en salud de los hospitales y centros de salud a su cargo ante la presencia de desastres naturales, en términos de asegurar que los diagnósticos definitivos se realicen con base en las cédulas de evaluación de daños; que la gestión de los recursos sea congruente con la administración de los recursos para la atención de la infraestructura; se programen el total de las obras en las unidades médicas con daños, y que mejoren los mecanismos de seguimiento, inspección y verificación, de forma que la información permita emitir un pronunciamiento, respecto del avance en la atención de los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales en el sector salud
MJP