En materia de derechos humanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce la grave crisis que enfrenta el país. Como parte de las acciones para responder a las demandas de las víctimas destaca los procesos de búsqueda e identificación de personas, como la creación del registro nacional de fosas clandestinas, y las medidas para erradicar la violencia contra mujeres y periodistas.
El caso más representativo de la crisis de derechos humanos es la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. En este caso es en el que hubo mayores avances, ya que se creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia y se instruyó a la Fiscalía General de la República reconducir las investigaciones.
Sin embargo, el reto en este tema es mayor al tomar en cuenta que en México hay más de 40 mil personas desaparecidas. “En los últimos años México ha resentido los efectos negativos de las estrategias fallidas del combate al crimen organizado, cuyos resultados impactaron en la atomización de los cárteles del narcotráfico provocando confrontación local y la proliferación de prácticas de violencia, principalmente la desaparición de personas”, se resalta en el informe.
Por lo que se asegura que “es prioridad del Presidente de la República hacer frente a este fenómeno sistemático y a la grave crisis de búsqueda e identificación forense”. Al respecto se reinstaló el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas así como la comisión.
Asimismo, se implementó el registro nacional de fosas clandestinas, en el cual se habían documentado 207 sitios de inhumación clandestina al 15 de junio de este año, principalmente en los estados de Sinaloa, Guerrero, Veracruz, Chihuahua y Colima.
Además, las autoridades indicaron que tienen registradas 426 fosas clandestinas. la mayoría en Veracruz, Colima, Sinaloa y Sonora. Además, han encontrado 551 cuerpos en fosas clandestinas.
Sin embargo, representantes de organizaciones de la sociedad civil indicaron a LA SILLA ROTA la semana pasada que las acciones que se han llevado a cabo no son suficientes para la magnitud de la crisis de derechos humanos que hay en el país. Añadieron que falta articulación en las medidas realizadas y alertaron que si no se ve el problema de manera integral la violencia se puede exacerbar.
Como sucede con el caso Ayotzinapa, las autoridades también reportan avances en la recuperación de la memoria de otro caso emblemático, La Guerra Sucia, en el cual el gobierno reconoció graves violaciones a derechos humanos, con el objetivo de dignificar a las víctimas y a los sobrevivientes.
Otros de los temas que se menciona en el informe de gobierno es la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos. Al respecto las autoridades aseguran que se ha fortalecido el Mecanismo de Protección y que hasta junio de 2019 se tenían registrados 903 beneficiarios, 321 periodistas y 582 defensores.
A pesar de esto, 11 periodistas han sido asesinados este año, mientras que en todo 2018 se registraron 12 homicidios. En el caso de defensores, han habido 13 asesinatos, mientras que el año pasado hubo 14.
Además, la ONU-DH destacó las deficiencias del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de nuestro país y advirtió que se necesitan más recursos financieros y de personal para que cumpla con las necesidades reales.
Asimismo, ha aumentado la violencia contra las mujeres en el país, por lo que en el informe se afirma que uno de los compromisos del actual gobierno es erradicarla y avanzar en materia de equidad.
“Este compromiso se vio reflejado en el incremento de 29.9% al presupuesto para la materia con respecto a 2018. El presupuesto aprobado en 2019 en el “Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres” ascendió a 64 mil 656.2 millones de pesos, lo que representa un incremento en términos reales de 29.9% respecto a los 47 mil 918.4 millones asignados en 2018”, se resalta.
En otro de los apartados del informe se señala que “el Presidente de la República ha reiterado su apertura al escrutinio de organismos nacionales e internacionales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
Sin embargo, ha habido desencuentros con la CNDH, ya que por primera vez en 29 años el mandatario no recibió el informe anual. El titular del organismo, Luis Raúl González Pérez tuvo que entregarlo a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
El segundo desencuentro entre el organismo y el Presidente fue por una recomendación sobre la cancelación del programa de estancias infantiles, la cual rechazó la Secretaría de Bienestar e incluso la calificó de “aberración inaceptable”.
En este contexto, resolver la crisis de derechos humanos parece complejo y como señalaron representantes de organizaciones de la sociedad civil, se requieren acciones adecuadas para la dimensión de la problemática.
JGM