Hace unos días ocurrió algo inusitado; el Poder Ejecutivo Federal, por boca de su secretaria de Gobernación pidió disculpas a una exguerrillera de la Liga 23 de septiembre (L 23/9) por el asesinato de su esposo y por las torturas a que fueron sometidos ambos y su hija, nacida en una celda.
Este acto ocurrió en un contexto de controversia en la opinión pública; los motivos fueron el reconocimiento en Los Pinos a tres sobrevivientes del meritorio asalto al cuartel Madera en 1964 y el que un funcionario gubernamental expresara que los militantes de la L 23/9 que asesinaron hace 40 años al empresario Eugenio Garza Sada habían sido jóvenes valientes.
De una u otra forma, los sucesivos gobiernos, de 1964 hasta ahora, han apostado a la desmemoria de la sociedad bajo el supuesto de que ya pasó mucho tiempo; eso está olvidado y no hay que sacar cadáveres del ropero, o han abordado esos temas tardía, parcial y superficialmente.
Las reacciones en pro y en contra de las palabras de Sánchez Cordero han abundado; de las segundas inquieta que han sido hasta virulentas y no pocas.
El asunto no está finiquitado, y ambos polos tienen argumentos consistentes; el comunismo fracasó como economía y se tornó una tiranía espeluznante.
Resuelta la bipolaridad y triunfadora, la explotación capitalista sigue gestando legiones de precaristas y parias sometidos por el autoritarismo, frente a élites acaparadoras de confort y hasta en una opulencia desmesurada.
Mientras llega el dictamen final, ambos contendientes sostienen que sus posiciones representan el interés general, el de toda la humanidad, y que su óptica coloca en su justa dimensión la violencia que cada uno ha aplicado.
Por un lado, la violencia como inevitable partera de la historia y en la trinchera de enfrente la violencia como recurso legítimo y obligado en defensa de la libertad.
El presidente de la República no demuestra contar con una interpretación histórica y estratégica suficientemente coherente e integral, sus menciones al tema se limitan a frases elusivas, para salir del paso, condición delicada por el empeño que invierte en llevar la voz cantante en todo, haciendo sentir que su dicho es La Voz de la Historia y del Estado de hoy.
Timochenko, líder de primer nivel de las FARC colombianas, reconoció hace unos días el daño y las ofensas causadas al pueblo por los secuestros y crímenes que su organización cometió en el marco de su lucha revolucionaria durante más de cincuenta años.
La dimensión que tienen el reconocimiento gubernamental a la exguerrillera Martha Alicia Camacho y el pronunciamiento de Timochenko, son equiparables por inusitados y tal vez promisorios.
En la ruta de privilegiar la unidad nacional y luego de sus largos antagonismos, el gobierno y la opción de Al Poder por la Vía Armada parecen emplazados, en lo inmediato, a declarar cancelados los fratricidios y las tentaciones a la aniquilación de la disidencia.
En toda esta discusión ya nadie recuerda que la declaración de guerra contra el Estado no ha sido retirada por el zapatismo chiapaneco y que ambos hoy tienen una importancia puramente escenográfica; el EZLN cayó en catalepsia porque, pasada su vistosa etapa protagónica, terminó ahogado en las aguas de la indiferencia social.
¿Podría integrarse un interlocutor consensual y políticamente maduro que réciproque el gesto del Ejecutivo Federal, se autocritique e impulse la reconciliación y el compromiso por salvaguardar el Estado de Derecho?
Más allá de las nostalgias, simbolismos, reminiscencias y liturgias con que se viste para aparecer periódica y fugazmente, ¿podrá inscribirse en el dinamismo de la actualidad política; podrá integrarse como interlocutor y considerar lo afirmado por el colombiano Timochenko?
MJP