Emilio Lozoya reveló que la empresa brasileña Odebrecht pagó cuatro millones de dólares que fueron usados para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, así como pagó sobornos por un monto de 52 millones 380 mil pesos a legisladores del PAN para que aprobaran las reformas del Pacto por México, de acuerdo con documentos que Proceso publicó sobre la primera declaración firmada de Lozoya.
El pago a la campaña de Enrique Peña Nieto en específico fue para pagarle a consultores extranjeros en materia electoral contratados por el entonces coordinador de la campaña, Luis Videgaray.
Respecto, al monto destinado a legisladores del PAN, según Lozoya, 6.8 millones fueron para Ricardo Anaya, quien era presidente de la Cámara de diputados cuando se discutió la reforma energética, del 2013 a marzo de 2014. Poco después, en mayo, Anaya asumió la dirigencia nacional del PAN, desde donde empezó a tejer su candidatura presidencial.
De acuerdo con la información proporcionada por Lozoya al gobierno actual, en el caso de los pagos de Odebrecht, ya cuando Peña Nieto era presidente, la empresa brasileña desembolsó seis millones de dólares para beneficiarse con contratos y para que dispusiera de una parte para sobornar a los legisladores y garantizar la aprobación de la reforma energética en 2014. El enlace designado por la presidencia era el priista David Penchyna, entonces presidente de la Comisión de Energía del Senado.
Incluso, el exdirector de Pemex, quien es testigo protegido del gobierno actual, dio detalles de donde se pactó uno de los pagos de Odebrecht. Lozoya narró que por instrucciones de Videgaray, acudió a entrevistarse con Luis Alberto Meneses Weylli, entonces director de Odebrecht en México, en la panadería El Globo de Prado Sur, en las Lomas de Chapultepec.
Ahí, Meneses Weylli se habría comprometido a entregar cuatro millones de dólares, de los cuales depositó tres millones 150 mil dólares en la off shore Latin America Asia Capital Holding LTD, cuenta vinculada con Lozoya en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso Odebrecht.
Según Lozoya, informó de ese movimiento a Videgaray y al propio Peña Nieto.
Presuntos sobornos a panistas
Sobre los sobornos a los legisladores, Lozoya reveló que por medio de terceros entregó 52 millones 380 mil pesos a legisladores panistas, 6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya el 8 de agosto de 2014 a través de una persona no identificada, aunque Lozoya dijo tener dos números telefónicos con los que se usaron para concretar la entrega.
Además de Anaya, en los sobornos estarían involucrados Ernesto Cordero, excoordinador de la bancada del PAN, y los hoy gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, así como el senador José Luis Lavalle Maury.
Anaya niega haber recibido sobornos
El panista Ricardo Anaya calificó de falso que haya recibido sobornos para avalar las reformas del Pacto por México, en especial la reforma energética, durante la administración del expresidente Peña Nieto.
"La información contenida es absolutamente falsa. Jamás he cometido un acto indebido. Además de falsa, la información es absurda: nadie me tenía que convencer pues en el PAN llevábamos años impulsando la reforma energética. Yo apoyé la reforma con enorme convicción", afirmó Anaya en un comunicado enviado a Reforma quien fuera presidente de la Cámara de Diputados cuando se discutió dicha reforma, del 2013 a marzo del 2014, y en mayo de ese año asumió el cargo de secretario general del PAN.
"Se ha roto la promesa de este gobierno, de no usar la justicia con fines políticos. Es claro el interés de golpearme en el contexto del proceso electoral que está por iniciar. Por el bien de México, es importante que se haga justicia y se conozca toda la verdad", expuso.
La elección de 2012
En las elecciones presidenciales del 2012 compitieron las coaliciones Compromiso por México (PRI-PVEM) que postuló a Enrique Peña Nieto; Movimiento Progresista (PRD-PT-Movimiento Ciudadano) con Andrés Manuel López Obrador; Partido Acción Nacional (PAN) con Josefina Vázquez Mota y Nueva Alianza (Panal), con Gabriel Quadri.
En enero de 2013, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) resolvió no multar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el caso de su relación con la financiera Monex en el pasado proceso electoral.
El partido gastó 50.5 millones de pesos a través de tarjetas de la compañía, concluyó en ese año la autoridad electoral.
La relación entre el PRI y Monex se dio a través de varios intermediarios: Alkino Servicios y Calidad, Comercializadora Atama, Grupo Comercial Inizzio.
El caso Monex
De acuerdo con recopilaciones periodísticas, Alkino se obligó a prestar servicios de disponibilidad inmediata de recursos monetarios a favor del PRI por 66.3 millones de pesos. Atama se comprometió con Alkino en entregar la cantidad en tarjetas de prepago.
Atama también firmó un contrato para realizar encomiendas de Inizzio. Entre dichas comisiones, se encontraba la adquisición de tarjetas y dispersión de recursos, a través de Banco Monex.
Inizzio celebró con Banco Monex un contrato de prestación de servicios a través del cual adquirió 9 mil 924 tarjetas de prepago.
Durante la campaña electoral se registraron 32 mil 624 operaciones con tarjetas de Monex por 50.5 millones de pesos, donde un monto de 44.6 millones se movió a través de retiros en cajeros automáticos, según el IFE.
La Unidad de Fiscalización determinó que el universo de estudio serían 7 mil 851. De éstas, en 7 mil 727 se presentaron movimientos por 57.3 mdp.
El IFE declaró que se observaron 32 mil 624 operaciones por un importe de 50 millones 508 mil 891 pesos. El límite de gastos para la contienda presidencial que estableció el IFE fue de 336 millones 112,084 de pesos., de acuerdo con el portal Expansión.
Sanciones a partidos y coaliciones
Fue hasta octubre de 2013 cuando el Consejo General del IFE aprobó el dictamen consolidado y el proyecto de resolución de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de la elección de 2012, el cual estableció sanciones a los partidos por un monto de 341 millones 877,000 pesos.
El entonces presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, al igual que los consejeros María Marván Laborde, Macarita Elizondo Gasperín, Lorenzo Córdova Vianello, Marco Antonio Baños, Benito Nacif y Francisco Guerrero Aguirre, avalaron al documento.
De acuerdo con la agencia Notimex, el único caso de sanción para una campaña presidencial correspondió a la coalición de izquierda Movimiento Progresista, que postuló a Andrés Manuel López Obrador, por un rebase en el tope de gastos.
Sin embargo, la multa más alta le correspondió a la Coalición Compromiso por México: 169 millones 8,285.35 pesos (coalición en general, no presidencial), mientras que la coalición Movimiento Progresista tuvo que pagar 135 millones 433,715.13 pesos.
El proyecto de resolución aprobado estableció sanciones para el PAN por 5 millones 519 mil 943.26 pesos, al PRD por 28 millones 43 mil 169.10, al PVEM por un millón 302 mil 610.83, y Nueva Alianza por 2 millones 569,333.31 pesos.
“Se determinó que el total de los gastos erogados en las campañas fue de 2,572 millones de pesos”, indicó Valdés Zurita en ese entonces.
La Unidad de Fiscalización) determinó que 195 campañas a nivel general (de cualquier nivel) rebasaron los topes que establece la ley.
(María José Pardo)