La sonora captura de un exsecretario de la Defensa Nacional de México por presuntos nexos con el narcotráfico, dejó en la sombra a los cómplices y aliados que debió tener el general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos, país donde fue detenido y en el que lo procesarán.
De acuerdo a una columna de John Ackerman, publicada en el medio estadounidense New York Daily News, tanto Cienfuegos, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, como Genaro García Luna, en el gobierno de Felipe Calderón, trabajaron en estrecha colaboración con las agencias de aplicación de la ley estadounidenses mientras Washington mimaba a los presidentes mexicanos.
Las autoridades estadounidenses deben ser investigados por complicidad con los delitos de funcionarios mexicanos, señala el columnista.
En junio de 2017, Cienfuegos estuvo en una reunión de alto perfil con el entonces director de la CIA, Mike Pompeo, y el entonces jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly. Luego estuvieron juntos en la destrucción de un campo de amapola.
En 2018, Cienfuegos recibió el prestigioso Premio William J. Perry a la Excelencia en Educación en Seguridad y Defensa entregado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
EL CASO GARCÍA LUNA
En el caso de Genaro García Luna, la relación fue muy cercana con el gobierno de Barack Obama en misiones como la fallida Operación Rápidos y Furiosos, que entre 2009 y 2011 implicó la compra y exportación ilegal a México de casi 2,000 armas de fuego por valor de 1.5 millones de dólares.
Ackerman destacó que el exjefe del FBI en la Ciudad de México durante el gobierno de Calderón, Raúl Roldan, era hasta hace poco miembro del directorio de la empresa de seguridad privada de García Luna, GLAC Consulting.
Otro acuerdo entre Obama y Calderón se dio en 2008 con la firma de la Iniciativa Mérida, que significó abrir “un capítulo de cooperación histórica y reconoció las responsabilidades compartidas de Estados Unidos y México para contrarrestar la violencia alimentada por las drogas que amenaza a los ciudadanos en ambos lados de la frontera”, de acuerdo a documentos citados por el columnista.
VENTA DE ARMAS
Tanto la administración de Trump como la de Obama han promovido vastas ventas de armas al gobierno mexicano: el Congreso se ha apropiado de más de 3 mil millones de pesos en el marco de la Iniciativa Mérida, todavía en vigor hoy, y las exportaciones legales de armas de fuego y municiones de Estados Unidos a México en la actualidad ascienden aproximadamente a unos 40 millones de pesos al año.
Ni una sola vez la administración estadounidense sugirió suspender la venta de armas debido a la corrupción en la aplicación de la ley mexicana, señaló el opinador.
El gobierno de Estados Unidos también ha hecho la vista gorda ante el multimillonario mercado ilegal de armas que ha armado fuertemente a los cárteles de la droga al sur de la frontera. Decenas de miles de armas cruzan la frontera anualmente y el 70% de las armas confiscadas en México pueden atribuirse a fabricantes estadounidenses, según estudios independientes.
Los bancos internacionales también son cómplices del tráfico de drogas. El lavado de dinero es un negocio lucrativo y las instituciones financieras a menudo no controlan el flujo de efectivo sucio. En 2017, HSBC tuvo que pagar una multa de 1,900 millones de dólares por no evitar que los cárteles de la droga mexicanos lavaran cientos de millones de dólares.