Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunciará por eliminar los organismos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para que sean absorbidas por secretarías de Estado con el argumento de reducir gastos de administración.
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Para José Ramón Cossío, exministro de la Suprema Corte la eliminación del Inai, es un enorme equívoco constitucional en el que incurría el presidente al suponer que las funciones del instituto pueden ser absorbidas por la Secretaría de la Función Pública. Esto no es factible, no porque no pueda realizarse una reforma constitucional, sino porque ese traslado no es posible dadas las condiciones del sistema federal y del principio de división de poderes.
De acuerdo con la columna de Cossío Díaz en El Universal, en artículo 6° constitucional, al Inai corresponde proteger el derecho al acceso a la información pública gubernamental. Al Instituto se le asignó la función de garantizarlo frente a la totalidad de los órganos federales y con respecto a los órganos de protección locales. Por ello, el Inai cuenta con las competencias necesarias para actuar frente al Congreso de la Unión, a la presidencia, la administración pública federal y la totalidad de los órganos jurisdiccionales federales y autónomos.
Sumado a estas atribuciones, el INAI está en posibilidad de revisar las decisiones que tomen los órganos de transparencia de las entidades federativas. La razón de que el Inai sea un órgano constitucional autónomo tiene que ver con la posibilidad de actuar, directa o indirectamente, con respecto a todas las autoridades del país.
Sin embargo, de proceder la intención de eliminar a este organismo, la Función Pública únicamente podrá vigilar el actuar de la administración pública federal dejando sin efecto el actuar frente al Congreso de la Unión, el Poder Judicial, los órganos constitucionales autónomos y mucho menos a las entidades federativas.
En el caso del IFT, la propuesta de su eliminación ha generado un rechazó debido a que se trata de unos organismo autónomos que más resultados ha dado tras su creación en 2013.
De acuerdo con Mario Maldonado, entre sus logros destacan las medidas regulatorias como haber declarado a dos organizaciones empresariales como agentes económicos preponderantes (América Móvil, y Televisa), lo cual se ha traducido en beneficios para los usuarios que se calculan en 540 mil millones de pesos.
Además entre junio de 2013 a diciembre de 2020 la tarifa de los servicios móviles bajó 44%, la penetración de banda ancha móvil pasó de 23 a 76 líneas por cada 100 habitantes, el acceso a banda ancha fija se expandió a 55 de cada 100 hogares, se creó una nueva cadena nacional de televisión y se incrementó la inversión privada de 61 mil millones de pesos en 2013 a cerca de 100 mil millones en 2019.
La labor del IFT ha sido reconocida y aplaudida por los integrantes del sector, con excepción de Carlos Slim, dueño de América Móvil y el sindicato de telefonistas, encabezado por Francisco Hernández Juárez.
Es por ello, que la propuesta de eliminar al IFT fue respaldada por líder sindical de Telmex mediante un desplegado, la asociación dijo que el regulador y la legislación actual no favorecen la mejora de la infraestructura en telecomunicaciones que se requiere para la inclusión digital.
El tema de eliminación de los órganos autónomos ha generado una serie de críticas por empresarios, expertos y organizaciones que analizan políticas públicas, debido al retroceso que generaría tal decisión en la institucionalización del país.
kach