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¿Qué es el Acuerdo de Escarzú y por qué México debería ratificarlo?

México es uno de los 16 países que han firmado este Acuerdo ambiental, sin embargo no se ha ratificado a poco más de dos años de haberse firmado; de esto va el tratado

  • REDACCIÓN
  • 22/07/2019
  • 11:46 hrs
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¿Qué es el Acuerdo de Escarzú y por qué México debería ratificarlo?
Se trata de un convenio negociado bajo el liderazgo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). (Especial)

Un conglomerado de asociaciones y activistas ambientales instaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a ratificar el Acuerdo Regional Sobre el Acceso a la Información, Participación y Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como el Acuerdo de Escarzú.

A través de un comunicado, las organizaciones detallan que la falta de entrada en vigor del acuerdo se debe a que no alcanzó el mínimo de 11 ratificaciones por parte de los países miembros de la Cepal. En adición, sólo 16 -una de ellas es México- de las 33 naciones de la región son las que han firmado el tratado, por lo que el país tendría hasta el próximo 27 de septiembre para ratificar el Acuerdo.

¿DE QUÉ VA EL ACUERDO DE ESCARZÚ?

Se trata de un convenio negociado bajo el liderazgo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), adoptado el 4 de marzo de 2018 en Costa Rica, y abierto a firma desde el 27 de septiembre del mismo año. 

Además de garantizar una buena gobernanza ambiental y de derechos humanos -precisa el documento-, se protegen los derechos de acceso a la información, de participar en el proceso de toma de decisiones, así como para buscar reparación. “El Acuerdo enfatiza especialmente el objetivo fundamental de proteger el derecho a vivir en un entorno saludable”. 

“Es un momento en el que las personas defensoras de derechos humanos ambientales en la región sufren niveles de violencia, intimidación y acoso sin precedentes, y en el que las mujeres defensoras de derechos humanos se enfrentan a desafíos únicos que a menudo son impulsados por la intersección de múltiples formas de discriminación contra las mujeres. El Acuerdo de Escazú es el primero de su tipo en el mundo, en incluir disposiciones específicas y vinculantes para la protección y promoción de las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en cuestiones medioambientales”, se detalla.

De acuerdo con el conjunto de organizaciones, el Acuerdo de Escazú establece estándares fundamentales para abordar desafíos como el cambio climático, el declive de la diversidad biológica, la degradación de los suelos, la contaminación del aire y del agua, los desastres naturales y el agotamiento y uso insostenible de los recursos naturales. 

En adición, busca proteger la diversidad cultural de América Latina y el Caribe, así como reconocer los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales y los grupos vulnerables. 

En suma, también se resaltan las obligaciones de los Gobiernos para fomentar la participación inclusiva, combatir la desigualdad y la discriminación, y garantizar la igualdad de todas las personas en los derechos a un medio ambiente saludable y al desarrollo sustentable. 

¿POR QUÉ MÉXICO DEBE RATIFICARLO?

Una investigación de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD) señala que la región latinoamericana es de las más peligrosas para las personas defensoras del medio ambiente. 

De acuerdo a la organización internacional Global Witness, prácticamente 60% de los asesinatos registrados de activistas ambientales en el mundo durante el año 2017 sucedieron en América Latina, particularmente en Brasil, Colombia, México, Perú, Honduras y Nicaragua, se precisa en un comunicado del Senado de la República.

Propiamente, en México, durante 2018 se registraron 49 agresiones contra activistas ambientales, 21 de ellas correspondieron a asesinatos, muestran datos de la Centro Mexicano de Derecho Ambiental.

“Con el Acuerdo de Escazú, según la investigación del IBD, México estaría obligado a implementar medidas adecuadas y efectivas para proteger los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, así como para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones en contra de este tipo de activistas”, apunta la cámara alta.

 

djh