El general Salvador Cienfuegos también podría ser exonerado en México, tras su regreso a territorio nacional desde Estados Unidos -donde libró acusaciones de colaboración con grupos dedicados al narcotráfico- pues las pruebas presentadas ante la Corte estadounidense, como las intervenciones telefónicas al BlackBerry presuntamente del exsecretario de la Defensa, carecen de legalidad ante la justicia mexicana, comentan expertos para La Silla Rota y El Heraldo de México.
“Las pruebas que pudieron haber sido lícitas para presentarse en una Corte en los Estados Unidos, en México no tendrían valor”, expuso César Gutiérrez, abogado experto en temas militares en la Mesa de Opinión conducida por Jorge Ramos Pérez y Alfredo González.
“Para hacer una intervención telefónica”, explica el periodista Jorge Alejandro Medellín, del portal Estado Mayor, especializado en la cobertura de temas castrenses, “tendría que haber una averiguación previa o una carpeta ya abierta con una acusación firme para que un juez especial o federal autorizara una escucha telefónica”.
Este jueves , el canciller Marcelo Ebrard aseguró que “sería suicida que (Cienfuegos) retorne a México y que no se haga nada, mejor que se quede allá (EU)", y agregó que hay confianza de que la investigación contra Cienfuegos será con los más altos estándares de efectividad y honestidad, lo que significa un acto de respeto a la FGR y al Poder Judicial en México.
El presidente López Obrador, por su parte, aseguró que será la Fiscalía General de la República (FGR) la que determine que Cienfuegos sea procesado por las pruebas que las autoridades estadounidenses hicieron llegar.
"Considero que es una injusticia que se encarcele a alguien que es inocente", dijo el presidente.
LAS PRUEBAS ILEGALES
Mensajes y una supuesta llamada entre Juan Francisco Patrón Sánchez, conocido como “El H2”, y el general Cienfuegos, son algunas de las pruebas que no podría usar la Fiscalía General de la República (FGR) en su investigación contra Salvador Cienfuegos.
“No va a existir una orden de un juez federal que haya autorizado que una agencia extranjera se pusiera a realizar ese tipo de investigaciones y grabaciones”, consideró César Gutiérrez.
También se perderían los testimonios de testigos protegidos que ya habían llegado a un acuerdo con la Fiscalía de EU y tenían garantizada su protección por parte del Departamento de Justicia del país vecino.
"En México no serían admisibles porque aquí no hay un principio de oportunidad al cual se hayan acogido y su testimonio lo tendrían que dar en México y perdería todo valor probatorio”.
El abogado agrega que con ello se desestimarían los delitos relacionados a delincuencia organizada.
Para Jorge Alejandro Medellín, la FGR tendría que empezar su investigación de cero “y a partir de una perspectiva distinta y elementos distintos, en los que va a entrar en juego, nuevamente, la credibilidad, o no, de la Sedena y otras instancias”.
Gutiérrez consideró, en relación al delito de lavado de dinero, que se podría investigar si existen cuentas bancarias a nombre del general o uno de sus allegados que él manejara como propia. "Por ahí podría ser el hilo", dijo.
EL GENERALAZGO MEXICANO
Los expertos coincidieron en que la forma en que se llevó a cabo la detención de Cienfuegos Zepeda generó enojo en la cúpula militar mexicana, que habría puesto presiones hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para mediar en el caso.
“Imagínate la información sensible que se podía manejar”, comentó Gutiérrez. “Un riesgo para la seguridad nacional. La imagen del ejército se vería manchada, de por sí, ya se vio manchada, porque siempre quedará la duda”.
El abogado comentó que el punto más alto de la presión se llevó a cabo luego de filtrarse una solicitud que la defensa del General hace al juzgado de EU en el que se maneja la posibilidad de llegar a un convenio con los fiscales federales. En ese momento, la extradición se volvió “una bomba de tiempo”, expuso.
El asunto, agrega Medellín, fue resuelto en las cúpulas más altas de la política, tanto de Estados Unidos como de México, “porque puso en jaque no sólo al Ejército, sino a todo el sistema de justicia, de combate a la delincuencia”, que implica, además, a la Marina, a las fuerzas de seguridad pública, a todos los organismos y personajes “que han estado involucrados en esto durante, por lo menos dos sexenios”.
¿QUÉ CONCEDIÓ MÉXICO?
Lograr la extradición del general Cienfuegos habla de “una gran negociación de Marcelo Ebrard”, en palabras de César Gutiérrez, “pero en la mesa debimos haber abierto un abanico”, contrasta.
“A la defensa no le gustan las intromisiones de nadie y mucho menos de una agencia extranjera”, como la DEA, agregó.
Jorge Alejandro Medellin, por su parte, dijo que se tendría que poner especial atención a los términos en que se revisarán los acuerdos de cooperación entre las naciones, especialmente en la Iniciativa Mérida y en materia de asesoramiento e intercambio de información.
“No estamos hablando únicamente de la DEA, hace varios años se reveló que aquí en México operan al menos 16 agencias de seguridad norteamericana”, señaló el periodista.
(djh)