Con la finalidad de ser parte de la retroalimentación en las mejores prácticas anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública (SFP) impulsa 5 ejes para combatir la corrupción: Ciudadanización del combate a la corrupción y a la impunidad; Democratización de las tecnologías de la información; Protección a alertadores; Relanzamiento del servicio profesional de carrera; y Austeridad Republicana, fiscalización y evaluación de la gestión pública.
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Todo esto mediante el Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, en el cual se puede denunciar actos graves de corrupción. El Sistema contempla la recepción de alertas relacionadas con cohecho, peculado y desvío de recursos públicos, que garanticen la confidencialidad de la información proporcionada, el desahogo para su seguimiento y que otorguen medidas de protección frente a posibles represalias.
Para ello, la Función Pública elabora una propuesta sobre las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad de la persona que denuncian algún acto de corrupción. Las medidas de protección dependerán de los factores de riesgo identificados y el resultado que de la evaluación se le hubiera obtenido.
Entre las medidas de protección a las personas que denuncien actos de corrupción destacan:
- Resguardo de la Identidad. La identidad no podrá ser revelada a menos que se cuente con el consentimiento explícito de la persona alertadora.
- Protección de la información alertada garantizando su debido tratamiento, control, manejo, reserva, custodia, transferencia y protección de todo tipo de datos personales.
- Protección de la situación laboral en la que se incluye el despido, la suspensión y cambio de área de adscripción
- Conservar puesto, salario y prestaciones conforme a las condiciones laborales que se tenían antes de la presentación de las represalias.
- Atención médica, en caso de requerirse se brindará atención especializada.
- Atención psicológica, en caso de requerirse se brindará atención especializada.
- Acompañamiento psicosocial para el seguimiento del caso a fin de favorecer el proceso de empoderamiento, visibilizando no sólo el impacto negativo del hecho, sino también los recursos personales y colectivos.
- Asesoría jurídica y representación en los procedimientos de índole laboral o civil que sean seguidos en contra de la persona alertadora, con motivo de la alerta.
- Provisión de vivienda temporal para la persona alertadora y su familia en caso de que la situación de riesgo lo amerite.
- Vigilancia y patrullaje relativo al lugar donde habita la persona alertadora y/o centro de trabajo.
- Asignación de equipo de protección.
- Asignación de un grupo de seguridad para la custodia
- Protección de libertad de expresión, entre otras medidas.
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