La directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, presumió que ya hay un anteproyecto de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación; sin embargo, miembros de la comunidad científica señalan que no fueron convocados a participar y que el documento lo tienen “escondido”.
Aunque originalmente el último periodo legislativo de 2020 era la fecha límite para aprobar esta ley, todo parece indicar que se retrasará hasta el próximo año, ya que el tema no figura en los temas pendientes que revisarán los legisladores durante esta semana.
Álvarez-Buylla indicó en su cuenta de Twitter que encabezó la segunda sesión ordinaria del Comité Intersectorial del anteproyecto de iniciativa de ley que formula y coordina el Conacyt.
Destacó que “en la sesión se aprobó el anteproyecto de esta iniciativa, producto de un proceso muy rico, con la participación de los sectores relacionados con las HCTI, cuyas posturas se ven reflejadas en el documento, atendiendo el mandato del presidente López Obrador”.
La titular del Conacyt detalló que en este anteproyecto buscan que se vean reflejados los principios de honestidad y rigor epistemológicos. Asimismo, dijo que cuidarán cómo poner al servicio del pueblo todas las capacidades de la ciencia “para romper el ocultamiento y la mentira”.
Álvarez-Buylla acusó que “en el régimen neoliberal se establecieron mecanismos sofisticados para atomizar la información y esconder la evidencia que sustenta muchas de las demandas sentidas del pueblo de México”.
Sin embargo, aunque habló de transparencia, integrantes de la comunidad científica consultados por La Silla Rota señalaron que no se les tomó en cuenta para este anteproyecto, que “lo tienen escondidísimo” y que “aparte de sus redactores, nadie conoce el anteproyecto, sigue siendo una incógnita”.
El pasado 24 de noviembre La Silla Rota dio a conocer un borrador de esta Ley, el cual causó controversia entre los miembros de la comunidad científica, quienes consideraban que podría ser un golpe a la ciencia básica y que se restringía la investigación al sugerir temas específicos.
En esa ocasión las fuentes de la comunidad científica consultadas por este medio señalaron que las principales preocupaciones de esa propuesta de ley eran que se ponían candados a la libertad académica, que se sugerían temas específicos de investigación que se ciñen a los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces) y que se incluía una visión ideologizada del quehacer científico.
(MJP)