La extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles pagó una garantía de 69 mil 500 pesos para que surta efecto la suspensión provisional contra la orden de aprehensión que le concedió, el pasado 31 de julio, el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal.
Robles, quien fuera funcionaria en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, realizó el pagó de la garantía a través del billete de depósito número 076882, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito.
En el acuerdo publicado este martes, el juez federal dio a conocer que las autoridades señaladas como responsables le solicitaron negarle a Rosario Robles la suspensión definitiva, petición que se tomará en cuenta al momento de emitirse la sentencia interlocutoria.
La también exjefa de Gobierno del entonces Distrito Federal enfrenta acusaciones por la llamada Estafa Maestra.
Caso Robles
Recientemente, la Fiscalía General de la República comenzó a investigar nuevamente a Rosario Robles, ahora por un contrato de 77.8 millones de pesos que fueron destinados para la aplicación de 6 millones 700 mil encuestas de evaluación a los programas de la Sedesol, de las cuales hay evidencia que solo se aplicaron 15 por ciento del total.
El caso deriva del convenio de coordinación suscrito el 1 de septiembre de 2014 por la Sedesol y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) por 77 millones 847 mil pesos para levantar encuestas de los beneficiarios de los programas sociales.
El 8 de diciembre del mismo año la Sedesol hizo el pago a la UAEM por la suma acordada.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que de los 6 millones 700 mil 164 beneficiarios que iban a ser entrevistados, sólo se levantaron 1 millón 48 mil 575 encuestas, es decir, el 15.6 por ciento del total.
Por estos hechos también son investigados el ex Oficial Mayor y operador de Robles, Emilio Zebadúa y el ex director general de Programación y Presupuesto, Francisco Javier Báez Álvarez.
Simón Pedro de León Mojarro, ex coordinador de Delegaciones, quién era el encargado de darle seguimiento a los trabajos y José Antolino Orozco Martínez, ex director de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios, quien proporcionó las bases de datos.
Esta investigación se suma a las otras por las que fue citada para comparecer el próximo ocho de agosto a una audiencia donde será imputada por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
Hasta el momento, el juez de Distrito en Amparo Penal en la Ciudad de México le otorgó a Robles la suspensión provisional contra un eventual orden de arresto.
MJP