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Por outsourcing ilegal se defrauda al IMSS con 21 mil mdp al año

Antes de que el dictamen de reforma a la Ley Federal del Trabajo y la Ley del IMSS pase al pleno del Senado, legisladores decidieron escuchar voces de involucrados

  • MARILUZ ROLDÁN
  • 12/02/2020
  • 20:25 hrs
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Por outsourcing ilegal se defrauda al IMSS con 21 mil mdp al año
Parlamento Abierto en el Senado sobre la regulación a la subcontratación laboral (Foto: Mariluz Roldán)

En México hay 5 millones de personas contratadas por outsourcing. Este esquema de trabajo ha ganado terreno en los últimos años por sus beneficios para las empresas, pero abrió la puerta a la subcontratación ilegal que permite la evasión fiscal y en la que se pierden los derechos fundamentales de los empleados.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República, que preside Napoleón Gómez Urrutia, puso este tema en el centro del debate en el Parlamento Abierto en Materia de Subcontratación, en el que participaron representantes del gobierno, de la industria privada y especialistas.

El pasado 3 de diciembre se aprobó en comisiones el dictamen de reformas a la Ley Federal de Trabajo y la Ley del Seguro Social con la que se regulará la subcontratación, también conocida como outsourcing

Este dictamen no plantea la desaparición de la subcontratación, sino su regulación para evitar la ilegalidad y que estas empresas evadan impuestos, entre otros problemas.

Antes de que este dictamen de reforma a la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social pase al pleno del Senado de la República, los legisladores decidieron escuchar a todas las voces involucradas.

Sin embargo, entre las personas que fueron invitadas al parlamento y declinaron su invitación figuraron Raúl Beyruti, presidente de GIN Group, firma especializada en la subcontratación de personal; y Gustavo Walther de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Por separado, la Coparmex indicó que está a favor de una modificación a la Ley Federal del Trabajo sobre la subcontratación o el llamado outsourcing, siempre y cuando estos cambios no afecten la competitividad de las empresas del país, ya que se podría afectar seriamente a la economía.

“La Coparmex está a favor de una mayor regulación siempre y cuando, se respeten los derechos de los trabajadores y no se limite la subcontratación o tercerización a actividades accesorias o indirectas, ya que de hacerlo, se tendrán que eliminar actividades que actualmente se realizan en actividades preponderantes o principales y con ello se inhibirá la generación de empleo”, advirtió en un comunicado.

Expuso que si bien la Ley Federal del Trabajo regula y limita el trabajo en el régimen de subcontratación, “aún existen prácticas de empresas que no registran a sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o ante el fisco, con el salario y prestaciones con los que realmente cuentan”.

En el parlamento, los participantes destacaron que para hacer estos cambios se debe definir claramente a qué se refieren como subcontratación ilegal, ya que la industria privada defendió que en muchos de los casos se cumplen con las obligaciones fiscales.

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Los especialistas coincidieron en la importancia de reforzar la inspección y la supervisión, así como potenciar los elementos de autocertificación.

El senador Napoleón Gómez Urrutia puso sobre la mesa ocho puntos que se discutieron en el parlamento, entre los que se encuentran establecer un modelo de responsabilidad solidaria compartida, que la Secretaría del Trabajo en coordinación con el IMSS realice inspecciones y que las empresas empleadoras que hayan recurrido a la subcontratación puedan ser sancionadas.

Luisa María Alcalde Luján, secretaría de Trabajo y Previsión Social, comparó la subcontratación con el colesterol, ya que hay bueno y malo. Sin embargo, señaló que se ha convertido en una figura polémica “por los grotescos abusos” en los que se ha caído.

Destacó que se ha expandido la subcontratación que se utiliza para abaratar la mano de los trabajadores, para no cumplir con derechos de laborales como la seguridad social y el pago de utilidades, evadir responsabilidades fiscales y que los empleados no hagan antigüedad.

“Yo celebro que los senadores abran espacios para escuchar las diferentes voces, para discutir qué tipo de cosas serían eficientes y eficaces para que eliminemos de tajo la posibilidad para que se defraude a los trabajadores, al fisco y a los institutos de seguridad de este país, que quede claro qué se vale y no se vale y aquello que no se vale simplemente no tenga cabida y sea sancionado con todo el peso de la ley”, enfatizó.

La secretaria del Trabajo pidió que “no se vaya a caer en la trampa de que cualquier cosa se puede subcontratar”, ya que algunos han comentado que se puede permitir la subcontratación siempre y cuando las empresas cumplan con sus obligaciones y responsabilidades, ya que aunque lo hagan, no se está velando por la estabilidad laboral de los trabajadores. 

En su oportunidad, Javier Treviño Cantú, director General de Políticas Públicas del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que las inspecciones y revisiones fiscales que se han hecho en esta administración benefician a los trabajadores y a las empresas que son cumplidas, las cuales enfrentan competencia desleal de parte de las que implementan acciones abusivas e ilegales.

Sin embargo, señaló que la subcontratación legal “ofrece una realidad diferente”, ya que representa 25% del personal de las empresas en diversos sectores, por lo que es una necesidad de los empleadores contar con prácticas modernas de contratación que se usan a nivel internacional.

Defendió que “hoy en día las empresas necesitan modelos de capacitación que permitan disminuir las brechas entre las habilidades que los jóvenes adquieren en las escuelas y los que se requieren en el mercado laboral y generalmente a este tipo de trabajadores se puede acceder a las empresas serias de subcontratación legal”.

Alertó que “sin un análisis profundo del fenómeno, la regulación propuesta podría poner en peligro numerosas fuentes de empleo”.

Indicó que no es necesario reformar la legislación actual, sino que el gobierno y la industria privada colaboren de manera adecuada. “Más allá de realizar una reforma al marco regulatorio laboral actual es importante que tanto la Secretaría de Trabajo y Previsión Social como el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenten con los medios y atribuciones suficientes para realizar una adecuada supervisión y combatir la subcontratación ilegal”.

Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, dijo que el outsourcing afecta la operación del IMSS porque las empresas evaden el pago de cuotas, por un monto anual de 21 mil millones de pesos.

“Nosotros no negamos los errores que tenemos, pero el outsourcing también tiene que ver con las Urgencias saturadas, con los tiempos de espera, porque fueron muchos años en los que en esto se generó un entorno de normalización, pues no pasaba nada”, señaló.

El director general del IMSS destacó que “en el Seguro Social detectamos ahora en diciembre de 2019, 14 mil 553 empresas que dieron de baja a absolutamente todo su personal, toda su nómina, y no son empresas chicas, van de 101 trabajadores hasta 500 empleados y para arriba”.

Esto causó una afectación a 64 mil trabajadores, pero en el IMSS detectaron que muchas de estas compañías empezaron a contratar de nuevo a su personal en enero.

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, destacó que en la actual administración “se analizó la información de los sujetos relacionados con outsourcing ilegal vigentes en enero de 2020 y encontramos 3 mil 70 reportes de operaciones inusuales detectadas por el sistema financiero”, en las cuales están trabajando con base en los riesgos detectados.

Esto se asocia a tres fenómenos que son el outsourcing ilegal, su uso como empresas fachada y el tema de la facturación simulada, que deja pérdidas anuales de 324 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria.

“Si tenemos empresas fachada, factureras y outsourcing ilegal, evidentemente estamos en presencia de operaciones que implican lavado de dinero, que son operaciones con recursos de procedencia ilícita”, alertó.

Carlos Romero Aranda, procurador fiscal, destacó que “el hecho de que se considere outsourcing ilegal, es decir, que no cumplan con sus obligaciones, puede ser considerado delincuencia organizada y en la coordinación que estamos teniendo con la UIF, con el SAT, con el IMSS y la Secretaría del Trabajo, podría dar lugar incluso al congelamiento de cuentas”.  

“Nos encontramos con delitos por outsourcing ilegal que se dan por deducciones falsas, por indebido acreditamiento del IVA, por omisión en el pago de contribuciones federales, por retener y no entregar Impuesto Sobre la Renta, cuotas de seguridad social del IMSS y del Infonavit, esto en su conjunto nos lleva a la defraudación fiscal equiparable a delincuencia organizada”, explicó.

Romero Aranda dijo que en estos casos las empresas que se dedican al outsourcing ilegal caen en delincuencia organizada, pero quienes contratan el servicio cometen un delito contra la seguridad nacional si el monto de lo defraudado es arriba de 7.8 millones de pesos.

Alfredo Pacheco Vázquez, director general nacional de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, señaló que antes de aprobar el dictamen se tienen que tomar en cuenta los millones de empleos que se crean a través del outsourcing. Criticó también que tilden este esquema de trabajo como delincuencia organizada, ya que las compañías cumplen con sus obligaciones fiscales.

Luis Aguirre Lang, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, defendió que la subcontratación bien implementada impulsa la economía con beneficios como acceso a personal especializados y aseguró que no precariza el trabajo de la gente.

Respecto al dictamen, hizo un llamado a los legisladores a desistir de tratar la subcontratación como si fuera una actividad criminal y pidió que no se apliquen los cambios de manera retroactiva.

Elena Achar, titular de la Comisión de Talento Humano de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo resaltó que aunque se contempla en la ley, no se ha logrado garantizar la protección social ni los derechos a los trabajadores que están contratados por el modelo de outsourcing.

Habló del caso de las pequeñas y medianas empresas, 30% de ellas usan la subcontratación para su supervivencia porque no cuentan con áreas para contratar personal y esto les permite reducir sus costos administrativos. 

Destacó que para estas empresas la subcontratación es una necesidad, porque de no contar con este esquema podrían ir a la quiebra o incluso caer en la informalidad del empleo.

En materia sindical, Rodolfo González Guzmán, dirigente nacional de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), resaltó que con la subcontratación se violan los derechos laborales del grupo de empleados de una compañía porque se pierden garantías como el tener un contrato colectivo y el poder hacer emplazamientos a huelga.

“Lo que es importante en estos momentos, nosotros como generación de empleadores, de representantes sindicales, no podemos precarizar las condiciones laborales de las generaciones futuras”, destacó.

Claudia Ruiz, abogada del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, manifestó que la subcontratación obstaculiza el acceso a condiciones laborales seguras.

“El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social rechaza terminantemente la figura de la subcontratación por lo que debe ser prohibida en la legislación porque impone una vida laboral sin prestaciones, sin seguridad social, con salarios precarizados, lo que atenta no sólo en el ámbito del derecho individual del trabajo, sino también en el colectivo”, enfatizó.

Claudia Esqueda Llanes, representante de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), expresó que le preocupa pensar que esta reforma a la Ley Federal del Trabajo obedece a intereses recaudatorios del IMSS y del Infonavit más que al bienestar de los trabajadores.

Ella abordó también el tema de la creación del Registro Nacional de Empresas que se propone en el dictamen, que “en opinión mía lo primero que tendría que hacer el Senado de la República es modificar la Constitución”, ya que con esta modificación se le dan facultades que no le corresponden a la Secretaría del Trabajo.

Los representantes de la industria privada hicieron un llamado al Senado a considerar todas las opiniones escuchadas en el parlamento y a hacer las modificaciones necesarias en el dictamen antes de que sea aprobado, ya que no hacerlo podría tener implicaciones económicas.

En su última participación, Gómez Urrutia agradeció la participación de todos los panelistas que con sus ideas contribuyen a enriquecer el dictamen. “Creo que hay suficientes elementos para revisar con todo detalle y recuperar e incluir todos los que sean procedentes”.

El senador enfatizó que el país no puede seguir con estos modelos de contratación, “una práctica que lleva al fracaso”, ya que tienen elevados costos sociales, con precariedad laboral y con prácticas que no garantizan los derechos fundamentales de los empleados.