La Corte Federal de Massachusetts puso como fecha límite el 23 de enero de 2022 al gobierno de México para responder a la demanda de 11 armerías estadounidenses que piden desechar la demanda en su contra por presuntamente facilitar el tráfico ilegal de armas.
El juez Dennis Saylor expuso que para el 27 de enero de 2022 se tomará una decisión sobre la petición de las empresas que venden armas de desechar la demanda de México.
Las compañías argumentaron que la acusación del gobierno mexicano no tiene fundamentos y rechazaron que faciliten a la delincuencia el acceso a sus armas.
Señalaron que México se equivoca al presentar una denuncia en una Corte que no tiene jurisdicción para este tipo de caso.
¿QUÉ DICEN LAS ARMERÍAS DE EU?
Barrett Firearms Manufacturing, Inc. expuso que “la demanda no proporciona afirmaciones fácticas que demuestren de manera plausible un derecho a cualquier reparación del demandante contra Barrett. Es razonable suponer que el Demandante incluiría alegatos fácticos para respaldar su reclamo en su voluminosa queja de 135 páginas si pudiera hacerlo”.
Sturm, Ruger & Co. indicó que “el gobierno mexicano se basa en la cadena de eventos vaga, sin respaldo y altamente atenuada (…) que involucra a presuntos múltiples actores no relacionados con Ruger, algunos de los cuales supuestamente actuaron de manera criminal, para conectar las actividades legales de Ruger en Massachusetts con la violencia criminal en México”.
MÉXICO CONFÍA EN GANAR DEMANDA A ARMERÍAS
México tiene absoluta confianza en ganar el histórico litigio contra la poderosa industria de armas de Estados Unidos. La demanda civil por daños apuesta por demostrar ante un tribunal estadounidense que, aún con sus propias leyes, los fabricantes tienen prácticas negligentes y deliberadas en la venta de armamento de alto poder, que facilita que el crimen organizado lo adquiera sin restricciones.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) está lista para una batalla jurídica inédita que incluye la exigencia de una compensación de hasta 10 mil millones de dólares, así lo afirma a La Silla Rota Alejandro Celorio, asesor jurídico de la cancillería, el pasado lunes 22 de noviembre.
Puntualiza, sin embargo, que el principal interés del gobierno mexicano no es económico, sino que 11 fabricantes rindan cuentas por ser responsables de la espiral de violencia alimentada por casi medio millón de armas traficadas ilícitamente al año.
Apenas el jueves pasado, la periodista Laura Sánchez Ley publicó en Milenio que la empresa Smith & Wesson Brands, incluida en la demanda presentada por el gobierno mexicano, tuvo un desplome del 37 % en sus acciones en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos.
En entrevista, Celorio aclara que no se trata de una demanda contra la Segunda Enmienda de la constitución estadunidense, que protege el derecho de sus ciudadanos a poseer armas, ni contra el comercio de éstas.
La Corte federal del distrito de Massachussets admitió la demanda y fijó para este 22 de noviembre el plazo que tienen las compañías fabricantes para presentar su respuesta y oponer las defensas legales que estimen convenientes.
(Luis Ramos)