La Guardia Nacional, antes Policía Federal, licitaba anualmente un promedio de 370 millones de pesos para contratar el servicio de alimentos a su personal operativo en todo el país. Los contratos, a partir de la austeridad republicana impuesta por la 4T, redujeron el monto a 350 millones de pesos.
Los contratos, hasta, 2020 fueron repartidos a tres empresas: Surtipractic SA de CV, Casa Álvarez Gourmet y FM Gastronomía; después, se concentró en la empresa Abastos y Distribuciones Institucionales SA de CV.
De acuerdo con una revisión que realizó La Silla Rota a los contratos, públicos en la Plataforma Nacional de Transparencia, la última compra que firmó la entonces Policía Federal quedó asentado en el oficio PF/SG/CSG/DGRH/2019.
Se trató de una licitación que tenía como tope máximo de gastos 371 millones de pesos. Con base en sus propuestas, la instancia de seguridad repartió el contrato entre Casa Álvarez Gourmet, FM Gastronomía y Surtipractic para ofrecer sus servicios del 1 de abril al 31 de diciembre de ese año.
En el contrato, disponible en versión pública, se protegió el número de elementos operativos que serían beneficiados con el servicio de alimentos, por considerarlo un “dato confidencial”.
Como justificación, la extinta Policía Federal planteó que “es preciso mejorar las condiciones de seguridad pública y promover la transformación institucional para fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad de manera eficiente, a fin de optimizar los medios de operación en la desarticulación de grupos delictivos con alto nivel de violencia”.
El documento también planteó que, frente al modus operandi de la delincuencia, “el Estado tiene que responder a través de mejores estrategias policiales y de inteligencia”. Y que brindar el servicio de alimentos en un lugar seguro, permite no exponer la integridad de los elementos.
Y destacó que la relevancia de proteger ese dato es que a sus elementos se les permita "la movilidad y permanencia, durante el tiempo que sea necesario, mediante el uso de inteligencia, tecnología de vanguardia, herramientas, bienes y servicios, que les brinden en tiempo real el alcance y acceso a cualquier punto del territorio nacional”.
{"quote":"Proveer a los elementos de la institución del suministro y abasto de alimentos necesarios y suficientes, que les permita mantener y fortalecer el desempeño y desarrollo de sus actividades de manera contundente y precisa; que genere confianza en la población a efecto de ser garantes en la seguridad que demanda el gobernado, de forma inmediata para la protección integral de su familia y patrimonio"}
Con base en su propuesta logística, el contrato adjudicado a Casa Álvarez Gourmet, empresa mexiquense ubicada en Tlalnepantla de Baz, fue para las siguientes bases de la entonces Policía Federal: Angangueo, Cuernavaca, Ciudad Camargo, Ciudad Victoria y Tuxtla Gutiérrez. A FM Gastronomía, otra empresa mexiquense que se localiza en Atizapán de Zaragoza, se asignó Bombas, Cancún, Ciudad Juárez, Constituyentes, Tijuana y Torre Pedregal.
Mientras que a Surtipractic, empresa con sede en Querétaro, se quedó con la academia de San Luis Potosí, Acolman, Aguascalientes, Celaya Contel, Contel Gendarmería, Culiacán, Hangar Hermosillo, Imán, Legaria, Matehuala, Órgano Interno de Control Perote, Salamanca, San Juanico, Tapachula, Vallejo, Varsovia Veracruz y comedores móviles.
FRIJOLES, PAN, TORTILLAS… SALSA Y CHILES CURADOS
El documento precisa el tipo de menús y alimentos que deben proveer con base en una dieta de consumo de 3 mil calorías diarias en función de las actividades que desempeñan esta policía. Un desayuno de 1200 calorías, comida de 1050 y cena con 750 calorías, combinados en menús integrados por fruta, platos fuertes, frijoles, pan, tortilla, dulces, galletas, leche, café, té, sopas, postres, agua de fruta, salsas y chiles encurtidos.
El primer contrato firmado por la dependencia, bajo el nombre de la Guardia Nacional, se quedó asentado en el oficio GN/CAF/DGRH/0424/2020 con fecha del 26 de febrero 2020, para brindar este servicio de alimentos desde el 1 de marzo de 2020 y hasta el 15 de abril de ese mismo año.
La Guardia Nacional contrató el suministro de alimentos “para empleados, aspirantes y cadetes, y todo el personal que participe en programas de Seguridad Pública en la Ciudad de México, zona metropolitana e interior del país en los diferentes comedores de las instalaciones” de la institución.
El contrato fue firmado por Franco Fabbri, coordinador de administración y finanzas de la Guardia Nacional, y Raúl Alejandro González, director general de Recursos Materiales.
El monto global se repartió por adjudicación directa a las empresas ya mencionadas. A Surtipractic entre 11.2 y 28 millones de pesos; a FM Gastronomía de 5 a 12.6 millones; y Casa Álvarez Gourmet entre 600 mil pesos a 1.5 millones de pesos.
EMPAREDADOS, PASTAS… Y HASTA POSTRES
Después, la Guardia Nacional abrió otra licitación en la que sumó a otros proveedores, aunque finalmente asignó un solo contrato a la empresa Abastos y Distribuciones Institucionales SA de CV, con sede en Iztapalapa en la Ciudad de México, y le otorgó el contrato GN/DGRM/C018/2020 por un monto máximo de 333.9 millones.
Así, por el resto de ese año operó el servicio de alimentos para un total de 31 comedores e instalaciones de la Guardia Nacional y los menús modificaron la distribución de calorías: 800 en el desayuno, 1450 en la comida y 750 en la cena. También se incluyó un “menú de emergencia” compuesto por refrigerios: emparedados, pastas, productos industrializados, leche, bebidas y postres.
Para ese año, la Guardia Nacional repitió el contrato a esta misma empresa mediante licitación pública con el número GN/CAF/DGRN/C010/2021, para ofrecer el servicio de alimentación de abril a diciembre de ese año. El monto osciló entre 140 y 350 millones.
Una consulta al portal Quién es Quién Wiki arrojó que esta empresa inició operaciones desde 2008, aunque recibió mayores cantidades de contratos entre 2012 y 2016; la mayor parte de ellos por adjudicación directa.
Aunque también brindó servicio de alimentos a la Secretaría de Educación Pública (SEP), la también extinta Procuraduría General de la República (PGR)y algunos hospitales federales, igual vendió insumos en el IMSS entre 2008 y 2019.
Según este sitio que registra las compras del gobierno federal, se registraron 26 mil 146 compras por un promedio de 9 mil 300 millones de pesos. Y según sus estudios comparativos, la mayoría de sus servicios registraron un sobrecosto de casi 49 %.