México y Estados Unidos deben diseñar políticas que vayan más allá del control migratorio, y que abarquen medidas que permitan una transición de migración irregular a legal dentro de la región, convulsionada por la migración proveniente de Centroamérica, pero también de otros países.
Así lo señala el estudio Soluciones estratégicas para afrontar la crisis migratoria en Estados Unidos y en México, elaborado por Andrew Selee, Silvia E. Giorgoli-Saucedo, Claudia Masferrer y Ariel G. Ruiz Soto, en un trabajo conjunto entre El Colegio de México y el Instituto de Política de Migración (MPI, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con el estudio, en caso de mantener las políticas actuales, de amenazas a la migración de parte de la Casa Blanca y de respuestas sólo inmediatas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los flujos irregulares a gran escala continuarán, incluso si las cifras suben o bajan. El documento advierte que la política enfocada solo en el control migratorio tendría como consecuencia fortalecer el poder de los traficantes y reforzar sus lazos con las redes del crimen organizado.
Las soluciones de largo plazo requerirán emplear herramientas diferentes como son cambiar los procesos de asilo, invertir en las agencias migratorias, enfrentar a las redes de contrabando, crear vías legales para la migración, y enfocar la ayuda al desarrollo de forma más inteligente y sin visión cortoplacista.
El estudio considera que las medidas acordadas entre Estados Unidos y México, el 7 de junio (derivadas de no sancionar a México con 5 por ciento de aranceles a sus productos vendidos a Estados Unidos a cambio de que el gobierno mexicano controlara la migración en su frontera sur) terminarán por ser insostenibles.
El estudio de El Colegio de México y el MPI dio cinco recomendaciones para atender mejor la migración. Uno es mejorar los protocolos de protección a los migrantes (MPP), para poder encauzar las diferentes causas de la migración. El documento señala que aun cuando México acepte ser un tercer país seguro para quienes pidan asilo en Estados Unidos, falta capacidad en México, debido al pequeño tamaño de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ( Estad, falta capacidad en México, debido al pequeño tamaño de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), que además podría enfrentar impugnaciones jurídicas similares que en las cortes estadounidenses.
Otra recomendación es reformar cómo las solicitudes de asilo se adjudican en Estados Unidos y México y asegurar un proceso justo y más rápido que tarde meses en lugar de años.
Esta reforma, que puede realizarse con un cambio de reglas y no de legislación, sería mucho más justa para aquellos con solicitudes de asilo legítimas, dándoles a sus casos una decisión oportuna, y crearía un elemento disuasorio para aquellos con solicitudes de protección débiles o inexistentes, ya que podrían ser rápidamente deportados a sus países de origen
Otra opción es establecer un proceso de asilo dentro de consulados de Estados Unidos y México en Centroamérica; o también crear una zona segura en el sur de México para las solicitudes de asilo bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas y con la participación de otros gobiernos regionales que acordarían aceptar solicitantes de asilo.
Otra recomendación es que aunque desde 2015 México ha realizado más deportaciones que Estados Unidos, el control migratorio se topa con la debilidad del Instituto Nacional de Migración (INM) cuyos agentes son sobornados o trabajan en complicidad con el crimen organizado.
“El apoyo al INM con elementos de la Guardia Nacional, la Policía Federal, el Ejército y la Marina es una medida provisional en lugar de una solución de largo plazo”, se lee en el documento.
Recomienda al gobierno mexicano reestructurar al INM para abordar de manera efectiva el rango de funciones asociadas a la migración como son la aplicación de la ley, las políticas de visados e integración de migrantes. Incluso, México debe crear un servicio profesional de carrera para los agentes de migración, con altos estándares de reclutamiento, entrenamiento, remuneración y desarrollo profesional. Para ello se pueden usar los recursos de cobro de visas.
Otra recomendación es atacar a las redes de contrabando, a las cuales ambos gobiernos han prestado poca atención. Para ello deben compartir información para perseguir a los traficantes, hacer un mapeo de sus actividades, disolver sus operaciones logísticas y financieras que los apoyan, así como los vínculos a negocios legales, tales como compañías de autobuses y hoteles. El estudio aclara que dicha política debe enfocarse en grupos de contrabando que realicen prácticas predatorias o los que estén vinculados con grupos del crimen organizado.
Los gobiernos deben, a todo costo, evitar perseguir a grupos de la sociedad civil que proporcionan asistencia humanitaria a migrantes
Además, debe tener un enfoque integral y contar con la colaboración de los países de Centroamérica, Brasil, Ecuador, Panamá y Costa Rica, puntos de donde vienen otros flujos de migrantes.
La siguiente recomendación es contar con vías legales para la migración. En el caso mexicano, no basta con la voluntad de acoger a los migrantes, sino tener un plan para darles trabajo y México carece de una visa de empleo efectiva para trabajadores poco cualificados o un mecanismo para conectar a posibles trabajadores centroamericanos con empleadores dentro de la economía formal.
Para mejorar el plan migratorio es importante tener la colaboración de Estados Unidos, de empresas, grupos civiles y organizaciones internacionales.
La quinta recomendación es dar mayor inversión en desarrollo y seguridad pública en la región. Los migrantes de Honduras y El Salvador huyen de condiciones derivadas de la inseguridad en la región, y otros también de Honduras y de Guatemala migran por el impacto del cambio climático.
Son temas que si bien son de los tres países mencionados, México y Estados Unidos pueden jugar un rol clave con cooperación en algunas áreas.
Se trata de un tema complejo, ya que Estados Unidos ha suspendido o reducido ayuda a Centroamérica, mientras que México ha expresado su intención de cooperar a través del Plan de Desarrollo Integral, “pero aún no ha destinado los recursos necesarios para marcar la diferencia”.
Pero se puede recurrir a otros donadores y Canadá y la Unión Europea han mostrado interés en cooperar, de acuerdo con el estudio.
MJP