“Pío López Obrador es el más interesado en que se resuelva el caso de los videos en los que aparece y en demostrar su inocencia, pero en un año la Fiscalía General de la República (FGR) no ha realizado un solo acto de investigación ni ha citado a declarar a las personas solicitadas por la defensa”, afirmó a La Silla Rota el penalista Pablo Hernández Romo.
El abogado defensor dijo que el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un juicio de amparo para que el Poder Judicial de la Federación imponga un plazo a la FGR con el propósito de que determine la carpeta de investigación, en la que se ha solicitado el no ejercicio de la acción penal.
Puntualizó que en la demanda de garantías nunca se pidió que la indagatoria sea archivada, sino precisamente lo contrario, es decir que el Ministerio Público resuelva.
En entrevista, advirtió que Pío López Obrador ha solicitado que el caso se defina con los datos de prueba aportados, pero la FGR, específicamente la Fiscalía de Delitos Electorales (Fede), no ha realizado un solo acto de investigación en un año.
La FGR abrió una indagatoria luego de que se difundieron videos en los que Pío presuntamente recibe dinero de David León.
Hernández Romo manifestó que en un año la FGR tampoco ha citado a declarar a las personas que la defensa ha solicitado para “demostrar absoluta ilegalidad de este caso, en el que, entre otros aspectos, los videos se tomaron de manera ilegal y por lo tanto constituyen prueba ilícita”.
“En mi caso, yo como abogado, solicito que con base en todos los medios de prueba que existen se decrete el no ejercicio de la acción penal, pero el punto por el que se presentó el amparo es para efectos de que se le imponga un término a la Fiscalía General de la República para que resuelva".
“Porque se han presentado múltiples escritos en la investigación que se sigue en contra de Pío López Obrador donde él ha solicitado varios medios de prueba que la fiscalía ha ignorado; se ha pedido que se cite a varios testigos o que se cite a varias personas y no se ha citado a ninguna”, explicó.
“Entonces con base en esto se han presentado múltiples escritos en la fiscalía para que se determine el no ejercicio de la acción penal, eso lo he hecho yo con los argumentos que tenemos, es decir con base en que todo es producto de una ilegalidad y por lo tanto es ilegal la investigación y todo lo que se está haciendo en la misma”.
“No es correcto que digan que Pío López Obrador busca que se archive la carpeta de investigación, para nada, lo que se busca es un término para que finalice la investigación y se esclarezcan los hechos”, destacó.
El penalista insistió que la demanda de amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito es para que el caso se defina.
Expuso que Pío López Obrador busca que se respete la Constitución y que tenga una justicia pronta y expedita, como todo ciudadano, de conformidad con lo que establece el artículo 17 constitucional.
Pero también respecto al artículo 21 de la Constitución por lo que hace a la facultad de investigar del Ministerio Público y al 102 sobre las facultades del Ministerio Público de la Federación.