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Piden ONG que Corte atraiga caso de decreto de AMLO en seguridad

El colectivo #SeguridadSinGuerra pide evaluar el decreto que busca el regreso a las calles de los militares en labores de seguridad

Escrito en NACIÓN el

El colectivo #SeguridadSinGuerra fijo su posicionamiento sobre el decreto presidencial del 11 de mayo, que permite de nuevo a soldados y marinos regresar a realizar actividades de seguridad pública como complemento de la Guardia Nacional, en tanto esta concluye el entrenamiento de su personal. #QueLaCorteDecida, fue la postura que fijo anoche mediante un comunicado.

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Pero esta historia cuenta con un antecedente importante que sucedió el 8 de mayo de 2018 en el Museo Memoria y Tolerancia donde se celebró el encuentro “Diálogo por la Paz y la Justicia” entre madres de desaparecidos, académicos, colectivos y organizaciones contra la violencia. Los invitados fueron los entonces candidatos presidenciales pues se esperaba que, con franqueza, afirmaran si -de ganar las elecciones-, abrogarían o no la ley de Seguridad Interior que permitía al presidente disponer de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública en caso de considerar amenazada la seguridad interior. ¿Mantendrían una política de seguridad enfocada a militarizar o no, el país? ¿Repetirían el esquema del sexenio calderonista y peñanietista?

“No puedo decir si sí o no abrogaría la ley de inmediato. Mi respuesta es ni sí, ni no”, respondió el entonces candidato de Morena (hoy presidente) Andrés Manuel López Obrador. “No podemos fincar toda la estrategia de seguridad en el uso de la fuerza. Los otros candidatos no están atendiendo las causas, solo hablan de profesionalizar la policía y que no les va a temblar la mano”.

“El próximo comandante en jefe de las fuerzas armadas no dará la orden de reprimir al pueblo, no afectaremos los derechos humanos. Los soldados son pueblo uniformado; hay que decirles que tenemos que ser humanos para servir el país, imprimirles valores y no solo priorizar la técnica. La gente me ha dicho que si se van los soldados se quedan ellos en el desamparo completo, así que este no es un asunto de blanco o negro. Hay que ver la mejor opción para la paz”, resumió.

Su entonces opositor, el panista Ricardo Anaya, dijo. “Está muy claro lo que hay que hacer, lo difícil es implementarlo porque el ciudadano quedó a su suerte porque ante la ausencia de cuerpos de seguridad civiles (policía) el ejercito entró a suplirlos sin una estrategia de intervención. Y hoy el problema está igual o peor, porque lo policía sigue sin estar certificada ni se ha profesionalizado”.

“Para los gobiernos de los estados la postura es cómoda: no tengo policía ni soy responsable de sus resultados. Hay que regresar a los militares tan pronto como sea posible, lo difícil es poner un plazo porque eso sería demagogia. Y la ley de seguridad interior necesita una reforma profunda.

Ojalá abrogando una ley se resuelva el problema, pero no es así”, señaló.

Finalmente, López Obrador ganó las elecciones y durante el primer año de su gobierno la ley de seguridad interior fue derogada en el Congreso (octubre 2019) no solo por considerarla inconstitucional (como había señalado ya la Suprema Corte de Justicia), sino porque también transgredía las facultades de los gobernadores.

La creación de la Guardia Nacional (GN) se convirtió entonces en la figura idónea para el retorno de militares y soldados a sus cuarteles. Sin embargo, el 11 de mayo el presidente publicó en el Diario Oficial el decreto que convierte al Ejército y Marina “de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” en apoyo de la GN, cuando los marinos tenían poco más de un año de haber regresado a funciones marítimas propias de su área.

El presidente evitó hablar de tan polémico tema durante tres días, hasta que el 14 de mayo lo abordó en la conferencia mañanera. “Yo creo que faltó información. Esto que se hizo ahora de dar la autorización a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública se aprobó hace seis meses en el Congreso, fue una reforma constitucional que incluso aprobaron todos los partidos y ahí en un transitorio se estableció que había que emitir un decreto… Se hizo una reforma constitucional, no solo aprobó la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, sino aprobaron la mayoría de las legislaturas locales por tratarse de una reforma constitucional. Cuando se cumple con el procedimiento, algunos se enteran de que se les están dando atribuciones a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad, cuando esto ya se resolvió. Por eso hablo de falta de información y también de mala fe, aprovechar todo para cuestionar y exagerar”.

#QueLaCorteDecida, responde hoy el colectivo #SeguridadSinGuerra, que agrupa a más de 300 organizaciones y personas cuyo planteamiento principal, es “revertir la militarización de la seguridad pública e impulsar la profesionalización de nuestras policías y el fortalecimiento de nuestras instituciones de procuración de justicia”.

Por eso mediante comunicado difundido en redes sociales, precisan que el presidente miente al afirmar que el decreto emitido era un trámite necesario. “El actuar de las fuerzas armadas no puede ser el mismo de los últimos 14 años”, advierte, “que sea la Suprema Corte quien despeje dudas sobre cómo habrá de lograrse la desmilitarización de México. El #AcuerdoMilitarista es un fraude a la Constitución y profundiza una estrategia de seguridad, basada en el despliegue militar, que ha tenido pésimos resultados”.

Y plantean que el Congreso y la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpongan una controversia constitucional a fin de que la Suprema Corte de Justicia tenga facultades para intervenir en el tema y “establezca qué debe hacerse para cumplir con el mandato constitucional que exige que el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública”. Y justifica que “la herramienta más potente y la única que sólo puede ejercer en este momento es la interposición de este recurso. No hacerlo sería una negligencia imposible de esconder”.

A pregunta expresa del tema la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, respaldó al presidente López Obrador en este decreto y dijo “en esta secretaría se arrastró el lápiz en la reforma constitucional de la GN y se consideró por todas las fuerzas políticas y se aprobó en todos los congresos, tener un artículo transitorio que permitirá la actuación de las fuerzas en cuestiones de seguridad pública, bajo una base constitucional y legal por cuatro años”.

 

“Este artículo le da el sustento al decreto que presentó el presidente en la actuación de las fuerzas armadas para lograr esta paz social. La respuesta es sí, la guardia nacional se está consolidando. No hemos bajados los homicidios como se ha reconocido, pero estamos con nuestros mejores esfuerzos para lograrlo”.


(Karla Alva)