La nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación debe considerar un ejercicio científico libre, apegado a la Constitución, de evaluación rigurosa por pares y con presupuesto sostenido, consideran expertos reunidos para analizar la situación en torno a las posibles modificaciones a la legislación en la materia.
En conferencia de prensa virtual, William Lee Alardín, coordinador de la Investigación Científica, aseguró que la Universidad Nacional ha presentado propuestas en distintos foros a fin de enriquecer la iniciativa, y consideró fundamental convocar a la comunidad científica para sugerir proyectos, toda vez que “por la escala de su economía y población, así como por su trayectoria en distintas áreas del conocimiento, México debe y puede ser líder en al menos media docena de grandes proyectos en distintas áreas”.
Con el tema “Elementos indispensables para la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación”, Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades, señaló que la solución de los problemas nacionales demanda enfoques multidisciplinarios e innovación, requieren conocimiento científico y tecnológico.
No los podremos atender si no articulamos a los actores del sistema nacional de CTI en torno a problemas específicos y si no adoptamos un enfoque transversal de la política en la materia
Asimismo, remarcó la necesidad de generar narrativas de divulgación social para que la población conozca el sentido de la ciencia básica y la aplicada, la tecnología y la innovación, así como garantizar que el derecho a los beneficios sociales que derivan de estos sectores sea real, posible y factible. “Esa es una de nuestras más grandes tareas”.
Por su parte, el abogado general de la UNAM, Alfredo Sánchez Castañeda, definió los elementos indispensables a considerar en la elaboración de la Ley General de Ciencia: que se sujete a los marcos constitucional mexicano y legal internacional, además de que convocó a que el proceso legislativo se realice de acuerdo con las mejores prácticas parlamentarias: transparencia en la discusión, acceso a la información y rendición de cuentas.
Asimismo, con participación de la comunidad científica, de manera incluyente y plural. “En un parlamento abierto se deben verter posiciones y retomar comentarios para contar con una ley elaborada de la manera más adecuada”.
Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, también hizo uso de la palabra y expresó: dada la naturaleza impredecible del desarrollo científico y su rápido avance, es importante garantizar financiamiento público para proyectos y grupos de investigación de alta calidad, independientemente de su coincidencia con ejes de acción gubernamentales. Además, para afrontar los riesgos y desafíos emergentes en el siglo XXI, no se debe excluir ni limitar ninguna de las áreas del conocimiento.