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Pide diputada informes a ASF y SFP sobre adjudicaciones directas en licitaciones

El 74% de las licitaciones han sido por adjudicación directa, 7 por ciento por invitación restringida y 18 por ciento licitación pública, hasta marzo pasado

  • MARCO ANTONIO MARTÍNEZ
  • 05/08/2019
  • 19:20 hrs
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Pide diputada informes a ASF y SFP sobre adjudicaciones directas en licitaciones
La panista Mariana Dunyaska García Rojas. (Especial)

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública no han respondido a las peticiones de información de la secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la panista Mariana Dunyaska García Rojas, sobre algo que se ha convertido en una costumbre en los primeros meses del actual gobierno federal para otorgar contratos: la de hacer adjudicaciones directas. Un ejemplo pero no el único, son la adquisición de 671 pipas compradas en enero pasado para el transporte de combustible, dijo la diputada federal a La Silla Rota.

Tampoco la presidencia de la República ha dado respuesta a la petición de la misma legisladora para explicar el destino de los recursos ahorrados por los programas de austeridad anunciados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Queremos que exista transparencia y rendición de cuentas para la materia de licitaciones y adjudicaciones directas. Hemos visto que este gobierno se ha caracterizado por generar adjudicación directa como regla no como excepción, es algo muy grave”, consideró.

Expuso cifras: 74% de las licitaciones han sido por adjudicación directa, 7 por ciento por invitación restringida y 18 por ciento licitación pública (hasta marzo pasado).

“Lo que estamos pidiendo junto con la información que ha publicado Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), es que se habla que son más de 28 mil 134 contratos subidos a Compranet que se han asignado, entonces primero que nada que la ASF y la SFP investiguen, analicen, informen y transparenten esto para que todos los mexicanos sepamos cómo están estos procesos y en caso dado de encontrar algún delito, actúen en consecuencia”, planteó.

“El gobierno si quiere atajar y atacar la corrupción e impunidad entonces uno de los mecanismos que existe es ser transparentes. Pedimos que se investigue y se revise la información pública para analizar cada una de las licitaciones y adjudicaciones realizadas a la fecha y si cumplen con los requisitos  de ley; ver si no existen conflictos de interés; irregularidades en el manejo de recursos públicos y en caso dado que hubiera esto, que se determinen las sanciones y consecuencias jurídicas. Por eso estamos invitando a la Secretaría de la Función Pública a que atraiga el caso porque es muy relevante”, explicó.

Queremos saber qué empresas han sido beneficiadas por estas adjudicaciones directas. Porque obviamente es importante que los empresarios tengan igualdad de oportunidades para participar en diferentes espacios de obras o trabajo que pueda generar gobierno federal

 

Para cerrar lo que estamos pidiendo es que toda esta información que solicitamos sea difundida conforme a la ley federal de transparencia y acceso a la información pública porque esto ayudaría a tener mayor certeza de en qué se están ocupando los recursos públicos, quienes están siendo los beneficiarios

 

CONTINUIDAD CON EL PASADO

El investigador Leonardo Núñez, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, explicó a La Silla Rota que el actual gobierno ha dado continuidad a adjudicar mayoritariamente de manera directa, una práctica del anterior gobierno, encabezado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Más que un nuevo habito de esta administración, lo que estamos presenciando es una continuidad con el pasado. Cuando se revisa cómo las anteriores administraciones realizaban los contratos nos encontramos con que en general la tendencia era muy similar a la que hoy se está observando. Siempre ha sido alrededor de 75 por ciento, a veces por arriba o por abajo, casi siempre se revisa nos encontramos con que la asignación directa es el mecanismo favorito para entregar la mayor parte de los contratos. Eso muestra que esta administración más allá de transformar las cosas lo que hace es continuar una tradición del pasado

 

Explicó que con el corte de información al 31 de julio pasado, hace menos de una semana, la actual administración había entregado 74 mil 560 contratos por adjudicación directa, equivalentes a 77.9 por ciento del total.

En 2018 el total de compras por compras directas fue el 76.2 por ciento, en 2017 de 77.8 por ciento; en 2016 de 75 por ciento; en  2015 de 73.4  por ciento y el más bajo en 2014 con 62.2 por ciento.

Indicó que la licitación pública es más competida y transparente y se requiere una confluencia de varios sectores, como que el gobierno tenga capacidad de organizar buenas licitaciones públicas, crear buenas bases y salvar una serie de aduanas.

“Cuando no se tiene este perfil la salida de emergencia es la adjudicación directa, te permite obviar, para que un gobierno obvie a quién y las condiciones en que se va a pagar. Es una salida más rápida y sencilla, permite saltarse pasos  y muchas veces y por lo cual es indeseable, es que abre la puerta a la ineficiencia y a la corrupción. Al no escoger entre diferentes oferentes puede pagarse un sobre costo o se beneficia indebidamente a alguien o hacer uso de tráfico de influencias. En esta visión hacia atrás uno entiende por qué no debería usarse”, agregó.

Explicó que un ejemplo es de las pipas, donde quedaron dudas de por qué se hizo la licitación con lo que llamó “un procedimiento rarísimo”, realizado en Nueva York, una licitación similar a como si hubieran participado tres personas pero similar a una licitación directa.

No queda claro porqué se invitó a unos y a otros no. La adjudicación directa da manga ancha. En el caso de las pipas no se justificó porque se pagó lo que se gastó, la calidad de los vehículos, los calendarios de entrega, aunque se argumentó que era por una emergencia, y la entrega estaba calendarizada dos meses después, apenas comenzaron a llegar y no es el método debía usarse por excelencia y abre un espacio a la sospecha de discrecionalidad y desperdicio de recursos

 

SIN RESPUESTA

Mariana Dunyaska García Rojas plasmó sus peticiones por escrito desde el 15 de julio pasado, cuando entregó a la Oficialía de Partes de la ASF un escrito dirigido al auditor superior de la Federación, David Rogelio Colmenares, donde le explica que en uso de su derecho como diputada a solicitar cualquier información a los Poderes de la Unión o cualquier otra instancia federal, le cita la información de MCCI, y pidió lo siguiente.

Investigar y revisar la información pública antes referida y analizar si las licitaciones y adjudicaciones realizadas por el Gobierno federal a la fecha, cumplen con los requisitos de ley o si han existido irregularidades en el manejo de recursos públicos federales, en cuyo caso, le solicito determinar las sanciones, y/o consecuencias jurídicas a que haya lugar, en caso de que dichas irregularidades sean constitutivas de delito

 

“Segundo. Remitir a esta Soberanía el informe correspondiente en el que se refiera si en dichas adjudicaciones existiere conflicto de interés y, en su caso, las empresas de que se trate", escribió.

“Tercero. brindar a dicha información la transparencia y, en su caso, difusión de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en los Lineamientos Técnicos Generales emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); y demás disposiciones aplicables”, agregó.

Una información similar fue pedida también el 15 de julio a la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.

Pero no es la única información que por ley deberían serle entregada y que aún está a la espera de recibirla, pese a que ya la debería tener.

La panista también le envió un escrito al presidente Andrés Manuel López Obrador, recibido por la Oficialía de Partes de la Presidencia de la República el 16 de junio. La solicitud se relacionaba con el tema de los recortes y a cuánto equivalen los recursos obtenidos.

“Monto de los recortes del gobierno federal actual, derivados de las reducciones a recursos destinados a los diversos ramos del PEF, gastos operativos, reducción de plazas, reducción de sueldos, entre otros".

-Cuentas concentradoras de tales recursos.

-¿Quiénes son los firmantes de las cuentas concentradoras?

-¿Cuál ha sido el destino y uso de los mismos?

-En su caso, programas a los que se ha destinado el uso de tales recursos.

-Reglas de operación correspondientes.

-Padrones de beneficiarios, en su caso.

-Obras realizadas, en su caso, con los ahorros producidos de los recortes en comento, se lee en el documento que envió y del cual La Silla Rota posee una copia.

“Lo que buscamos fue el mecanismo constitucional del oficio directo  a la SFP y a la ASF con base en el artículo 93 de la constitución y 73, 74 y 79 de la Constitución y conforme el reglamento de la Cámara de Diputados y en ese sentido tienen estas instancias 15 días para contestarnos”, explicó.

Los documentos ingresos el 15 de julio ya cumplieron el plazo en el que instancias debieron haber respondido, pero no lo han hecho .

Es preocupante porque uno de los órganos que se caracterizaba por responder en anteriores gobiernos por cumplir la normatividad y responder a la Cámara de Diputados era la ASF. El día de hoy no tenemos respuesta ya se venció el plazo a finales de julio y nos quedamos en espera

 

Algo similar vio con el documento enviado a la presidencia de la república. Es por ello que busca meter un punto de acuerdo sobre el tema de las adjudicaciones.

“No sabemos si vaya a haber congruencia de Morena para dejar pasar estos puntos de acuerdo que se presentaron con el objetivo de transparentar los recursos. Eso es bueno para todos, la rendición de cuentas y la transparencia es fundamental para abatir la corrupción sin discursos sino con hechos concretos como estos que solicitamos”, concluyó.


MJP